El diputado Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana), miembro de la comisión que investigó a Botrading, detectó otra posible irregularidad en torno a la empresa subsidiaria creada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Paraguay. Según la denuncia, la representante legal de Botrading habría incurrido en un conflicto de interés al contratar sus propios servicios legales.
UNITEL obtuvo un documento en el que Sandra Otazú aparece como presidenta de Botrading. Al contratar servicios legales para la empresa, aparentemente se auto contrató. En una adenda al contrato de servicios de 2024 se menciona que “Botrading, Sociedad Anónima, constituida en Paraguay, con domicilio legal en Washington casi Juan de Salazar N° 597, de la ciudad de Asunción, representada en este acto por Sandra Otazú”. También se indica la intención de celebrar una adenda al “Contrato de Servicios de Gestión Corporativa, Servicios Contables y Fiscales, Asesoría Laboral, firmado el 29 de febrero de 2024”.
Al final del contrato, Sandra Otazú firma en calidad de representante legal de Botrading, y la misma rúbrica aparece también como representante legal de la firma ALC S.A., la cual fue contratada para prestar esos servicios legales, lo que evidencia que se contrató como su propia abogada.
