La Cámara de Diputados de Bolivia planea iniciar este miércoles la socialización de los cuatro anteproyectos de ley que buscan penalizar los bloqueos de caminos, en un intento por informar y escuchar a los distintos sectores sociales antes de su tratamiento formal. La comisión de Justicia Plural ya contactó a federaciones de estudiantes universitarios, federaciones departamentales de campesinos y a la Central Obrera Boliviana (COB), según adelantó el diputado Ricardo Rada Zeballos (PDC).
“Queremos que conozcan el fondo real del proyecto, que no se dejen llevar por lo que se ve en los medios”, indicó Rada, destacando la intención de explicar los alcances de la normativa y recoger opiniones antes de avanzar con la aprobación de los anteproyectos.
Entre las principales críticas dentro del Parlamento está la propuesta del diputado Carlos Alarcón (Unidad), que plantea eximir de responsabilidad penal a policías y militares durante los desbloqueos. Diputados como Walter Pinto Mollinedo (PDC) y Rolando Pacheco Chávez (AP) rechazaron esta medida. Pinto Mollinedo advirtió: “No podemos eximir de responsabilidad penal a los uniformados que acudan a los desbloqueos, eso no puede ir así”. Por su parte, Pacheco subrayó que la socialización continuará más allá del 6 de febrero si no se alcanza consenso, recordando que los bloqueos son “el último recurso que tiene el campesino o cualquier sector” y que las comunidades buscan ser escuchadas en La Paz.
Los sectores sociales más grandes, incluyendo campesinos, mineros, maestros y trabajadores agrupados en la COB, han expresado rechazo anticipado a todos los anteproyectos. Los mineros incluso declararon estado de emergencia ante la intención del gobierno de avanzar con la ley, mientras que el presidente Rodrigo Paz advirtió que quienes usen dinamita en los bloqueos enfrentarán prisión, aunque se distanció de los detalles de los proyectos específicos durante su visita a Potosí.
El escenario refleja una tensión entre la intención legislativa de regular los bloqueos y el derecho de protesta de los sectores sociales. Analistas políticos señalan que la socialización será clave para evitar confrontaciones y para que los diputados puedan ajustar las normas sin afectar derechos constitucionales, mientras los líderes sociales insisten en la necesidad de diálogo y de respeto a los mecanismos de protesta como última instancia de presión.
