El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre la prolongación de la detención preventiva y el uso de procesos judiciales contra opositores en Bolivia durante 2024, según el capítulo dedicado al país en su informe sobre derechos humanos.
El documento señala que la ley boliviana prohíbe las detenciones arbitrarias, pero advierte que muchos acusados permanecieron en prisión más allá de los plazos legales debido a retrasos judiciales, falta de defensores y deficiencias en el seguimiento de los casos. Además, los procesos judiciales se habrían utilizado con frecuencia para intimidar a legisladores y líderes de la oposición.
Se mencionan casos específicos como los de la expresidenta Jeanine Áñez, con ocho procesos abiertos durante su detención, Rómulo Calvo, exlíder del Comité Pro Santa Cruz, con nueve procesos, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuya salud se deterioró mientras permanecía detenido en Chonchocoro.
El entorno de Camacho aseguró que el informe confirma violaciones a los derechos humanos y que se denunciarán ante instancias nacionales e internacionales para que los responsables respondan ante la justicia.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó el informe estadounidense, calificándolo de “sin rigor, objetividad ni validez”, y con una visión “unilateral e intervencionista” que pretende influir en la política interna.
