El conflicto social y político desatado tras la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503 ingresó a una nueva etapa marcada por la judicialización del debate, la apertura del Gobierno a posibles ajustes y la intensificación de las medidas de presión en las carreteras del país, donde ya se registran al menos 20 puntos de bloqueo.
Desde Santa Cruz, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada, confirmó que la Sala Constitucional Primera admitió una acción popular contra los decretos 5503 y 5515, presentados por el abogado Wilmer Vásquez. La audiencia constitucional fue fijada para este viernes a las 13:00 y, según Quezada, el proceso se encuentra en fase de admisión, sin una resolución de fondo. El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ratificó que asistirá a la audiencia y defenderá los decretos “en todos los escenarios”.
En paralelo, el Ejecutivo activó el diálogo político. Tras varias jornadas de tensión, se reinstaló una mesa de negociación con la Central Obrera Boliviana (COB) en la Casa Grande del Pueblo, encabezada por Lupo y varios ministros de Estado. Aunque el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que se abre “una nueva etapa de negociación”, el clima sigue siendo frágil, debido a los antecedentes de rupturas previas y al llamado de la COB a un bloqueo nacional indefinido.
De manera simultánea, el Gobierno instaló mesas técnicas con más de un centenar de organizaciones sociales en el Campo Ferial Chuquiago Marka. Autoridades como la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, señalaron que el decreto “no está escrito en piedra” y que podrían realizarse ajustes tras una evaluación técnica, cuyas conclusiones serán presentadas este viernes.
Mientras tanto, la presión en las carreteras se incrementa. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó bloqueos concentrados principalmente en La Paz, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca, con cortes también en Oruro, Potosí y la ruta entre Santa Cruz y Beni. Sectores productivos advirtieron riesgos de desabastecimiento e inflación si las medidas se prolongan, aunque desde el Gobierno se minimizó el impacto inmediato.
El escenario se completa con hechos de violencia registrados en algunas protestas, que dejaron detenidos y denuncias cruzadas. En este contexto, el conflicto por el D.S. 5503 se consolida como el principal pulso político y social del país, a la espera de lo que definan la audiencia constitucional y los resultados del diálogo en las próximas horas.
