Durante este domingo, tanto Evo Morales como Wilma Alanoca confirmaron que la movilización convocada por sectores evistas tiene como objetivo exigir la habilitación del exmandatario como candidato presidencial. Además, advirtieron que “el pueblo se levantará” si no se cumplen sus demandas. En respuesta, el Gobierno ha activado operativos policiales para resguardar el orden público en la ciudad de La Paz.
La marcha está programada para este lunes y se dirigirá hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en demanda del registro oficial de la candidatura de Morales. Sin embargo, esta pretensión choca con múltiples obstáculos legales: la Constitución Política del Estado, un referéndum vinculante, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impiden su repostulación.
Se trata de la segunda marcha con el mismo propósito en lo que va del mes.
Evo Morales, refugiado en el Trópico de Cochabamba desde octubre del año pasado tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas, confirmó la movilización en declaraciones a medios locales. Aseguró que la acción busca respaldar su postulación, aunque también la justificó en la crisis económica y lo que calificó como una «guerra judicial» en su contra.
“El lunes, todos a La Paz. Si no es por las buenas, si no aceptan, el pueblo se calienta para garantizar nuestra candidatura; vamos a llegar a eso”, advirtió Morales durante su programa radial en Kawsachun Coca.
El exmandatario acusó al gobierno de su exministro de Economía, Luis Arce, de intentar eliminar a las agrupaciones políticas rivales. «Eso el pueblo no lo va a soportar», advirtió, basándose en su experiencia sindical.
No fue el único en advertir sobre posibles convulsiones. Dirigentes evistas de regiones como Potosí amenazaron incluso con impedir la realización de las elecciones si Morales no es habilitado.
Por su parte, la aspirante a la Vicepresidencia, Wilma Alanoca, también convocó a una «marcha pacífica» a través de un mensaje en video difundido por la misma radio. En su intervención, exigió garantías al Gobierno para los movilizados.
“Parece que la respuesta del Gobierno a estas movilizaciones son las detenciones y las gasificaciones”, dijo, en alusión a los enfrentamientos con la Policía el pasado 16 de mayo y la detención de dirigentes tras el bloqueo de 24 días ocurrido el año pasado.
Alanoca también acusó al TSE de actuar de forma parcializada y de discriminar “a la gran mayoría del pueblo boliviano”.
Pese a liderar el movimiento, Morales intentó deslindarse de la responsabilidad directa sobre las protestas:
“Movilización por aquí, por allá, con dirigentes y sin dirigentes, eso veo. Y no echen la culpa a Evo, por favor, ni a nuestro movimiento político. El problema es económico, de justicia y de democracia; son tres problemas que se juntan”, afirmó.
El Gobierno refuerza la seguridad
Frente al anuncio de la marcha, el Gobierno activó medidas preventivas. El Comando Departamental de la Policía de La Paz desplegó operativos de control en los principales accesos a la ciudad y reforzó la vigilancia en instituciones públicas estratégicas como el TSE.
“El Comando Departamental ha reforzado los ingresos a la ciudad con el objetivo de prevenir cualquier actividad ilícita que pudiera afectar a la ciudadanía paceña”, informó el subcomandante departamental, coronel Andrés Willy Paz.
Los puntos de control se establecieron en Achica Arriba, Ujará y Cotapata, donde desde la madrugada del domingo se desplegaron efectivos policiales. También se implementó un operativo especial de seguridad en torno al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Electoral Departamental, ambos bajo resguardo mientras persistan las amenazas de movilización.
Por otro lado, el Pacto de Unidad —bloque de organizaciones sociales aliadas al presidente Arce— rechazó las acciones de los evistas. Su vocero, Vidal Gómez, denunció que “sectores radicales” intentan generar una convulsión social por intereses estrictamente personales.
“Exhortamos al pueblo boliviano a no sumarse a intentos de desestabilización. Bolivia necesita elecciones generales garantizadas”, afirmó Gómez.
Advirtió que cualquier intento de desestabilización en La Paz representa una amenaza al orden constitucional:
“No se puede permitir que grupos irregulares, armados o con intenciones golpistas, pretendan pisotear la Constitución Política del Estado. El país necesita un proceso electoral serio y transparente”, concluyó.
