La Fiscalía Departamental de La Paz presentó este jueves una acusación formal contra ocho exfuncionarios de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) por presuntas irregularidades en la construcción y operación de las piscinas de evaporación del Complejo Industrial de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni. El daño económico causado al Estado se estima en al menos 425 millones de bolivianos.
El fiscal Omar Quisbert informó que los implicados enfrentarán cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “Se ha emitido la resolución de acusación formal dentro del caso YLB en contra de ocho ciudadanos”, señaló, destacando que los responsables habrían incumplido estándares técnicos en las obras ejecutadas entre 2017 y 2019.
La denuncia fue presentada por la propia empresa estatal en abril de 2024, tras detectar que las 18 piscinas construidas durante ese período no cumplían con los requisitos necesarios para su funcionamiento. Esto provocó un retraso significativo en el proceso de industrialización del litio, un recurso considerado estratégico para el país.
Karla Calderón, expresidenta de YLB, recordó que el complejo fue “encontrado en ruinas” cuando asumió funciones, impidiendo durante años el aprovechamiento efectivo del recurso. Los defectos estructurales también generaron importantes retrasos en las operaciones y limitaron los beneficios esperados por la inversión pública.
Actualmente, el Gobierno impulsa la transición hacia la tecnología de extracción directa de litio, que ofrece mayor eficiencia frente al sistema de evaporación, aunque proyectos de inversión con una empresa rusa y un consorcio chino aún esperan aprobación legislativa.
Entre los acusados figuran dos exgerentes de la extinta Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos y seis técnicos responsables de la supervisión y ejecución del proyecto. El Ministerio Público anunció que solicitará la pena máxima contemplada por ley y presentará todas las pruebas recabadas ante el juzgado correspondiente.
Paralelamente, se investigó a la empresa contratista Gerimex por el suministro de materiales defectuosos y presuntos sobreprecios, pero dos de sus representantes fueron sobreseídos por falta de responsabilidad penal directa.
Actualmente, YLB logró reparar cinco de las 18 piscinas dañadas, lo que permitió reactivar tres de las doce líneas de producción de materia prima, alcanzando una capacidad operativa del 30% en las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio. El caso sigue generando debate en torno a la transparencia y uso de recursos públicos en el desarrollo del sector.
