El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que cualquier denuncia relacionada con un presunto sabotaje en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe estar respaldada con pruebas para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación formal. La autoridad explicó que existen unidades de análisis en cada departamento encargadas de evaluar las denuncias presentadas, las cuales pueden ser admitidas, observadas o rechazadas si no cuentan con los elementos necesarios.
Mariaca fue consultado en una conferencia de prensa sobre las declaraciones del presidente Rodrigo Paz y otras autoridades de Gobierno, quienes denunciaron un supuesto sabotaje en YPFB vinculado a los problemas registrados con la gasolina. En ese contexto, el fiscal general indicó que corresponde a quienes realizaron las acusaciones presentar la documentación o evidencias que sustenten esas afirmaciones.
“Si ellos han manifestado que ha existido cierto sabotaje, tendrán que demostrarlo con pruebas para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación y determinar también si los delitos denunciados son de orden público o de carácter privado”, explicó la autoridad.
Las versiones de sabotaje comenzaron a surgir a inicios de febrero, cuando el presidente Paz sostuvo que los problemas en el abastecimiento y calidad del combustible podrían estar vinculados a acciones internas que buscan perjudicar la gestión gubernamental. Posteriormente, el mandatario reiteró esa postura y aseguró que incluso se habría identificado a los responsables.
En ese contexto, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, presentó durante un informe en el Senado dos cartas enviadas en septiembre del año pasado al entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y al exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú. Según la autoridad, esos documentos advertían sobre problemas que ya se estaban registrando en vehículos por la calidad del combustible.
Medinaceli sostuvo que esos antecedentes demostrarían que las autoridades del anterior gobierno conocían los problemas relacionados con la gasolina. Sin embargo, desde la Fiscalía reiteraron que cualquier investigación formal dependerá de la presentación de pruebas que permitan sustentar las acusaciones y establecer responsabilidades.
