El gabinete social del Gobierno, reunido ayer en la Casa Grande del Pueblo, decidió respaldar la orden del presidente Luis Arce de militarizar las fronteras como una medida para combatir el contrabando inverso, que ha impactado negativamente en la economía nacional. Además, se acordó solicitar la colaboración de los Gobiernos municipales y departamentales para controlar el alza de precios de los alimentos, lo cual ha afectado especialmente a los sectores más vulnerables en las últimas semanas.
Vidal Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), fue el encargado de anunciar las conclusiones de la reunión, que contó con la participación del presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y representantes de diversas organizaciones sociales afines al Gobierno.
Uno de los principales acuerdos fue la organización de una reunión de coordinación entre el Gobierno central, las alcaldías y las gobernaciones para definir estrategias conjuntas de control de precios en los mercados locales y evitar la especulación.
Asimismo, se instó a las organizaciones sociales y a la población en general a denunciar cualquier acopio irregular de alimentos destinado al contrabando hacia países vecinos, una actividad ilícita que afecta el abastecimiento interno.
