El gobierno nacional denunció la ocupación ilegal de la Planta de Cemento Ecebol en Potosí por un grupo de trabajadores cuyos contratos eventuales finalizaron el 31 de diciembre de 2025. Roberto Justiniano, gerente general del Sedem, calificó la acción como un atentado contra el patrimonio estatal y señaló que el uso indebido de fondos del Finpro, destinados a maquinaria e infraestructura, para el pago de salarios antes de iniciar la producción genera un perjuicio económico significativo para el país.
Según el informe técnico elaborado por la administración de la planta, en 2023 se realizaron contrataciones irregulares durante la etapa de transición, con 80 personas contratadas en lugar de las 15 previstas, lo que provocó un uso indebido de recursos estatales. Justiniano aclaró que no hubo despidos masivos y que el personal conocía la temporalidad de sus contratos, subrayando que estas irregularidades no justifican la ocupación violenta de la planta.
“Exhortamos a los movilizados a deponer actitudes violentas y a no ser instrumentalizados por intereses externos; nuestra prioridad es garantizar la transparencia, proteger los recursos públicos y restablecer la normalidad en la planta”, afirmó el gerente. Las autoridades también advirtieron que se tomarán medidas legales y administrativas para recuperar el control de la instalación y asegurar que los fondos estatales sean utilizados exclusivamente para los fines previstos: maquinaria, infraestructura y producción de cemento.
La Planta de Cemento Ecebol tiene una relevancia estratégica para la región y para el país, ya que provee insumos fundamentales para obras de construcción, infraestructura pública y proyectos privados. La paralización de sus operaciones afecta directamente a la economía local, retrasa obras en desarrollo y genera un impacto negativo en la cadena de suministro de materiales de construcción. Un economista consultado señaló: “El daño económico no se limita a los salarios pagados irregularmente; la paralización de la planta afecta proyectos de infraestructura, genera pérdidas indirectas en otros sectores y compromete la confianza de inversionistas y proveedores”.
Además, expertos en administración pública indicaron que este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las contrataciones temporales y sobre la ejecución de fondos asignados a empresas estatales. “Cuando se incumplen las normas sobre contrataciones y recursos, no solo se afecta la eficiencia de la empresa, sino que también se pone en riesgo la sostenibilidad financiera y la credibilidad del Estado”, comentó un especialista en gestión pública.
Por otro lado, trabajadores de la planta expresaron su preocupación por la situación y pidieron que se respeten los procesos legales y administrativos. Un exempleado que participó en la ocupación temporal declaró: “Entendemos que nuestros contratos eran eventuales, pero nos sentimos inseguros respecto a nuestra estabilidad laboral; sin embargo, la violencia y la ocupación no son la solución”. Otro trabajador agregó: “Queremos diálogo, que se respeten nuestros derechos y que se encuentre una solución que no afecte la producción ni la economía local”.
El gobierno enfatizó que su compromiso es proteger tanto a los trabajadores como a la población, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. Asimismo, reiteró que la Planta de Cemento Ecebol continuará operando conforme a la legalidad, asegurando la continuidad de la producción y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa estatal.
El incidente también abrió un debate sobre la gestión de las empresas públicas y la supervisión de contratos eventuales. Especialistas consideran que es necesario implementar protocolos más estrictos que eviten la sobrecontratación y el uso irregular de recursos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos laborales. “Los contratos temporales deben ser claros, comunicados y supervisados; cualquier desvío genera conflictos que pueden escalar como ocurrió en este caso”, agregó un experto en administración estatal.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la calma y a la negociación pacífica. Reiteraron que las ocupaciones ilegales y las actitudes violentas no resolverán los problemas de fondo, y que la solución pasa por respetar los contratos, los procedimientos legales y garantizar la transparencia en la gestión de la planta y los recursos públicos. La Planta de Cemento Ecebol sigue siendo un pilar para el desarrollo económico de Potosí y del país, y el gobierno afirmó que tomará todas las medidas necesarias para proteger su operación, asegurar la correcta utilización de los fondos y mantener la estabilidad laboral de manera ordenada.
