Durante el Congreso Empresarial 2026 desarrollado en Cochabamba, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, presentó un proyecto de ley de reordenamiento tributario que contempla cinco medidas orientadas a dinamizar la economía nacional y aliviar la carga impositiva de empresas y contribuyentes.
La propuesta fue enviada a la Asamblea Legislativa y, según la autoridad, apunta a aplicar un “alivio tributario hacia adelante”, con mecanismos que promuevan la formalización y reduzcan la carga administrativa.
Condonación de deudas tributarias
Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la condonación total de deudas tributarias —capital, intereses y multas— generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, para montos menores a Bs 10 millones.
En el caso de obligaciones generadas desde 2018, se prevé la eliminación de multas e intereses, además de la posibilidad de acogerse a un plan de pagos de hasta 24 meses.
Reducción de plazos de fiscalización
El Gobierno también propone reducir los plazos de prescripción de fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, que pasarían de ocho a cuatro años. Asimismo, la Administración Tributaria tendría un plazo máximo de dos años para iniciar procesos correspondientes, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
Ajustes al IVA y nuevo régimen especial
Otra de las medidas anunciadas es un ajuste en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que, según explicó el ministro, busca simplificar el manejo del tributo, disminuir el riesgo de errores y sanciones, y contribuir a mantener precios competitivos.
Además, se plantea la creación del régimen tributario especial denominado SIETE, dirigido a pequeños contribuyentes con ventas anuales menores a Bs 400.000. Este esquema consolidará en un solo tributo bimensual del 5% el IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT).
El Ejecutivo sostiene que este paquete normativo permitirá fortalecer la formalidad dentro de la cadena productiva y generar un entorno más favorable para la actividad económica. El proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Asamblea Legislativa para su entrada en vigencia.
