El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, declaró este lunes que los principales responsables de la tragedia sucedida en el coliseo del Colegio Misael Saracho de Oruro son los organizadores y el plantel administrativo del centro educativo. Ellos autorizaron y realizaron la fiesta por el Día del Estudiante sin contar con los permisos necesarios de la Alcaldía ni de la Dirección Departamental de Educación. Sin embargo, cada uno de estos actores intenta “lavarse las manos” ante el suceso que dejó una joven de 18 años fallecida y otra menor internada en terapia intensiva.
“Autoridades que no hacen cumplir la norma, como en este caso la Alcaldía o la Dirección Distrital de Educación, que no autorizaron esa fiesta estudiantil en un establecimiento de Oruro. Y, por otra parte, los propios organizadores del evento, que no respetan la norma. Hoy cada uno quiere lavarse las manos, diciendo yo no había autorizado o yo no sabía, pero lo cierto es que hay una persona fallecida. Esto amerita una investigación y sanción”, afirmó Silva.
El viceministro explicó que se ha ordenado al personal de Oruro recopilar antecedentes para aplicar sanciones administrativas o, de ser necesario, presentar denuncias ante el Ministerio Público, ya que la investigación está en curso para determinar a los responsables de empujar las barandas que cayeron sobre las dos jóvenes.
“Quienes organizaron o autorizaron este evento fueron miembros del plantel administrativo de la unidad educativa, autorizando y organizando la actividad sin la participación de la Policía Boliviana, la Alcaldía o la Dirección Distrital de Educación. Sin embargo, esto no excluye responsabilidades, porque hay hechos que no requieren invitación para intervenir”, agregó Silva.
La tragedia, provocada por la caída de una barranda tras una avalancha humana causada por personas que empujaron la puerta para ingresar por la fuerza, dejó como saldo una víctima fatal y otra en estado grave. Silva remarcó que la falta de control y medidas de seguridad dentro del establecimiento educativo fue una de las causas principales del incidente.
El viceministro insistió en que, tratándose de un espectáculo público, la unidad educativa debería haber garantizado acciones preventivas para evitar la tragedia. En relación al caso, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de la directora del colegio y del cantante del grupo cumbiero, solicitando detención domiciliaria por el delito de homicidio culposo. En caso de ser declarados culpables, la pena prevista es de tres años de cárcel, considerada mínima y que no implicaría prisión efectiva en ninguno de los casos.
