El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias emitió un informe en el que considera que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es arbitraria y solicita su liberación inmediata. La organización también instó al Gobierno de Bolivia a tomar medidas para remediar la situación y otorgar una indemnización a Camacho por los perjuicios causados.
El grupo de trabajo fundamentó su decisión en el hecho de que la detención del gobernador viola varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Human Rights Foundation expresó su apoyo a la resolución y urgió a la comunidad internacional a presionar por la implementación inmediata de la recomendación. Por su parte, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, rechazó la opinión del grupo y dejó claro que el gobierno no considera vinculante esta recomendación.
