Un informe preliminar de la Defensoría del Pueblo, presentado este martes en la ciudad de Potosí, reveló que los bloqueos realizados entre el 2 y 16 de junio en varias regiones del país dejaron un saldo de ocho personas fallecidas, 173 heridas y 201 aprehendidas. Las movilizaciones, impulsadas principalmente por sectores afines al expresidente Evo Morales, se concentraron en regiones como Cochabamba y Llallagua (Potosí).
Entre los fallecidos se encuentran cuatro policías, dos civiles y dos manifestantes. Uno de los casos más graves fue el de Samuel Cruz Gutiérrez, un joven de 19 años que murió por un presunto impacto de bala en Cruce Arque. También se reportó el deceso de Nemecio Cuiza Canaviri, de 73 años, quien falleció tras caminar por más de cinco horas por una ruta bloqueada.
El Ministerio Público y la Felcc abrieron cinco procesos penales: cuatro por asesinato y uno por homicidio. Tres de estos casos seguían en etapa preliminar hasta el 4 de julio. Llama la atención la participación de siete adolescentes entre los investigados.
Del total de aprehendidos, 36 fueron enviados con detención preventiva y 32 enfrentan procesos penales activos por delitos como uso de explosivos, tentativa de homicidio, asesinato y atentado contra la seguridad del Estado. También se registraron cuatro agresiones a periodistas, ataques a personal médico, obstrucciones a ambulancias y violencia contra transportistas.
Las protestas impactaron gravemente a la economía, afectando los sectores agrícola, comercial, de transporte y ganadero. Además, se suspendieron clases en municipios como Llallagua y Betanzos.
Durante la presentación del informe, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya afirmó que la raíz de la conflictividad está en la crisis económica, la escasez de combustible, el alza de precios y la creciente polarización política. “No se puede naturalizar el fallecimiento de ciudadanos bolivianos”, enfatizó, destacando que si bien la protesta es un derecho constitucional, pierde legitimidad cuando incurre en violencia.
La Defensoría indicó que acompañó audiencias, ayudó en traslados de heridos, convocó a mesas de diálogo y observó el desarrollo de las investigaciones. Finalmente, Callisaya instó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
