Una investigación periodística reveló vínculos financieros entre los hijos del presidente Luis Arce Catacora y el Banco Ganadero, además de la participación de entidades estatales como la Gestora Pública de Pensiones, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) en un controvertido negocio agropecuario en Santa Cruz.
Según se confirmó, los hijos del mandatario, Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira, obtuvieron en octubre de 2021 créditos por un total de 63,1 millones de bolivianos (aproximadamente 9,2 millones de dólares) del Banco Ganadero para la compra de la finca “Adán y Eva”, ubicada entre Porongo y La Guardia, destinada al desmonte, adquisición de insumos agrícolas y maquinaria. “En este tipo de inversiones lo importante es la viabilidad del proyecto y su rentabilidad”, declaró el presidente Arce en una reciente entrevista, minimizando el impacto del escándalo.
El financiamiento se complementó con una inversión estatal de 21,7 millones de bolivianos (3,1 millones de dólares) destinada a la construcción de un puente de 148 metros que mejora el acceso a la finca, ejecutada por la UPRE, entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia. Además, la ABT otorgó permisos para desmontes y ampliación agrícola, pese a denuncias que apuntan a la aceleración irregular en la aprobación de solicitudes, violando normativas vigentes.
Edith Gálvez, analista económica, cuestionó las condiciones del préstamo: “¿Cómo fue posible que el Banco Ganadero aprobara y desembolsara esa cantidad de dinero a favor de dos jóvenes sin experiencia ni patrimonio documentado? ¿Cómo no se detectó un conflicto de interés en la Gestora Pública de Pensiones, que invirtió cerca de 200 millones de dólares en el Banco Ganadero en los últimos tres años?” Gálvez destacó además que los organismos reguladores, como la ASFI y la APS, están bajo designación directa del presidente Arce.
Desde el Banco Ganadero, la respuesta oficial ha sido escueta y remite a procedimientos formales, rechazando trato preferencial y calificando las operaciones como “normales”. En contraste, el diputado opositor Enrique Urquidi anunció que una denuncia sobre la compra de tierras fue admitida para trámite en el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aunque esta instancia también depende de funcionarios vinculados al oficialismo.
Hasta el momento, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, mantiene silencio sobre el caso, pese a la relevancia y las múltiples interrogantes planteadas. El escándalo pone en evidencia la compleja relación entre inversiones privadas, préstamos estatales y la influencia política en el sector agropecuario boliviano.
