La Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina reabrió la denuncia contra el expresidente Evo Morales por presunta corrupción de menores, inicialmente archivada a fines de 2024.
La decisión se tomó tras la apelación de la Fundación Apolo, cuyo abogado, José Lucas Magioncalda, anunció que ahora también fueron reconocidos como querellantes, lo que les permite aportar pruebas y participar activamente en el proceso.
Entre las pruebas mencionadas están declaraciones de la dirigente boliviana Angélica Ponce y la solicitud para que declaren como testigos el expresidente argentino Alberto Fernández y otros funcionarios que tuvieron contacto con Morales durante su asilo, la investigación también busca aclarar quién financiaba la residencia de Morales en Buenos Aires.
En Bolivia, Morales enfrenta una imputación por trata de personas con una orden de aprehensión aún no ejecutada.
