jueves, enero 8, 2026
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Lara Anuncia Proyecto De Ley Para Frenar El D.S. 5503 Y El PDC Lo Califica Como Sabotaje

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, anunció la presentación de un proyecto de ley para frenar el Decreto Supremo 5503, norma que entró en vigencia en diciembre de 2025 con el objetivo de garantizar la provisión de combustibles en el país. La iniciativa generó una inmediata reacción política, ya que desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue calificada como un “sabotaje” a la estabilidad nacional.

Lara sostuvo que, si bien reconoce que la subvención a los combustibles debía revisarse en algún momento, cuestionó la forma y el contexto en que se aprobó el decreto. Afirmó que varios artículos del D.S. 5503 y también del D.S. 5515 serían contrarios a la Constitución Política del Estado, al considerar que usurpan atribuciones de la Asamblea Legislativa, comprometen los recursos naturales del país, habilitan mayor endeudamiento a través del Banco Central y favorecen a empresas transnacionales sin control legislativo. Por ello, convocó a senadores, diputados y bancadas opositoras a respaldar el proyecto de ley “pensando en el país”.

Desde el PDC, el diputado Ricardo Rada rechazó la propuesta y aseguró que el país no tiene otra salida que respaldar las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, a quien atribuyó la intención de dar estabilidad económica. Según Rada, la iniciativa anunciada por Lara constituye un “sabotaje” y, además, es políticamente inviable, ya que anteriores intentos legislativos similares no lograron apoyo suficiente en la Asamblea.

El debate se da en un contexto de creciente conflictividad social. Este miércoles, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz confirmó la admisión de una Acción Popular contra el D.S. 5503, mientras que desde hace más de dos semanas se registran movilizaciones y bloqueos de caminos, principalmente en el departamento de La Paz, impulsados por sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la abrogación del decreto. Paralelamente, el Gobierno instaló mesas de diálogo con ministros y dirigentes para analizar las observaciones a la norma.

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