Luego de su deportación desde Estados Unidos, el inminente retorno de Arturo Murillo a Bolivia reabre uno de los casos que más impacto causó durante su gestión como ministro de Gobierno: el caso Samanta, una bebé desaparecida en Villa Fátima, La Paz, y rescatada 34 días después. Durante este periodo, se presentó a una mujer como sospechosa del secuestro basándose en sus coincidencias físicas con un identikit policial.
En septiembre de 2020, la desaparición de Samanta conmocionó al país. «Murillo presentó a Lourdes Pacheco como una de las supuestas responsables del rapto», pero “la investigación posterior demostró que había sido involucrada de manera arbitraria e ilegal, lo que derivó en un proceso judicial contra el entonces ministro de Gobierno por vulneración de derechos y daños irreparables a la imagen y dignidad de la mujer.”
“Va a tener que ser sometido a una audiencia de medidas cautelares y llevado a un penal de manera establecida y determinada, y ahí poderle notificar de manera personal al señor Arturo Murillo (sobre) el tema de la acusación formal que nosotros hemos presentado ya cuando él era ministro de gobierno, al haber vulnerado directamente los derechos de Lourdes Pacheco, al haberla presentado a nivel nacional como internacional, como una de las raptoras de la bebé Samanta”, aseveró Frank Campero, abogado de Pacheco.
Campero confirmó que pedirá la detención preventiva inmediata de Murillo, añadiendo que este caso es uno de los al menos ocho procesos abiertos contra el exministro y enfatizó que deberá responder por haber violado derechos fundamentales al acusar irregularmente a una mujer sin pruebas y que el Estado debe indemnizar a la víctima.
“Ya de manera específica, teniéndolo en el país, vamos a notificarlo de manera presencial ya para las audiencias correspondientes, él pueda tener su sentencia condenatoria y el resarcimiento del daño tendrá que pagar el Ministerio de Gobierno como el Estado, porque él ha sido funcionario en su momento. El Estado tendría que cancelar el millón de dólares correspondiente que se ha determinado en auditoría por el tema de los daños causados justamente a esta ciudadana”, precisó el jurista.
El abogado explicó que “existe ya una acusación formal presentada contra Murillo cuando aún era ministro, lo que permitirá reactivar de inmediato la causa una vez que el exministro esté en territorio boliviano.” Y enfatizó que “con que Arturo Murillo esté en el país ya facilita absolutamente todo el procedimiento como tal,” refiriéndose al caso que el próximo 8 de septiembre cumplirá cinco años.
Las medidas legales estuvieron en espera mientras Murillo cumplía condena en Estados Unidos.
El extitular de Gobierno fue condenado en 2022 en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero, tras supuestamente gestionar sobornos millonarios vinculados a la compra irregular de gases lacrimógenos. Cumplida su pena, será deportado a Bolivia en las próximas horas, lo que activa la cooperación internacional en materia penal.
Campero subrayó que la deportación se ajusta al principio internacional del Pacta sunt servanda, que obliga a los Estados a cumplir los tratados suscritos en materia de extradición y reciprocidad judicial.
