El Gobierno nacional ratificó una política de “cero tolerancia” a los avasallamientos de tierras y anunció un conjunto de medidas orientadas a recuperar la institucionalidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho, garantizar la seguridad jurídica y frenar la toma ilegal de predios en diferentes regiones del país.
Autoridades del área señalaron que se desplegarán acciones coordinadas entre el INRA, la Policía, el Ministerio Público y otras instancias del Estado para intervenir de manera oportuna en casos de ocupaciones ilegales, desalojos irregulares y tráfico de tierras. Asimismo, se anunció el fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de procesos de saneamiento y titulación, considerados focos históricos de conflicto.
En el marco de este plan, el Gobierno también impulsa un proceso de restructuración institucional del INRA, que incluye auditorías administrativas y técnicas, revisión de expedientes, depuración de personal, y la implementación de sistemas tecnológicos para transparentar los trámites. El objetivo, según las autoridades, es eliminar prácticas de corrupción y discrecionalidad que habrían debilitado la credibilidad de la institución.
“El mensaje es claro: no habrá impunidad para quienes promuevan o ejecuten avasallamientos. La tierra debe ser administrada conforme a la ley y en beneficio de quienes realmente la trabajan”, señalaron fuentes oficiales, remarcando que la recuperación de la institucionalidad del INRA es clave para garantizar un ordenamiento territorial justo y legal.
Desde sectores productivos, organizaciones agrarias y analistas se valoró la postura del Gobierno, aunque se advirtió que la efectividad de estas medidas dependerá de su aplicación real en el territorio, la coordinación interinstitucional y la voluntad política para enfrentar intereses irregulares vinculados al tráfico de tierras.
