El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció una serie de reformas para garantizar que el próximo debate presidencial sea más estructurado, equitativo y respetuoso. El vocal Tahuichi Quispe confirmó que se ampliarán los tiempos de intervención, se fortalecerá el rol de los moderadores y se aplicará una política de tolerancia cero frente a los ataques personales. Estas medidas buscan evitar los errores del reciente debate vicepresidencial, que fue criticado por su falta de profundidad y orden.

Quispe explicó que los candidatos presidenciales tendrán entre tres y cuatro minutos para desarrollar sus propuestas, lo que permitirá abordar temas clave como la economía, la inflación y la escasez de divisas con mayor claridad. Además, se incorporarán cuatro moderadores con perfiles diversos, entre ellos María Galindo, para asegurar pluralidad y firmeza en la conducción del evento. El objetivo es que el debate no se convierta en un cruce de acusaciones, sino en un espacio de exposición seria y democrática.

El TSE también subrayó la importancia de la ética política como eje central del proceso electoral. Quispe advirtió que la demagogia y la guerra sucia deterioran la democracia, y llamó a los candidatos a respetar la ley, la propiedad privada y la vida humana. El debate presidencial, previsto para una semana antes de la segunda vuelta, será clave para que el electorado evalúe con criterio las propuestas y tome una decisión informada el próximo 19 de octubre.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) volvió a levantar la voz frente a la creciente ola de avasallamientos en el país, que ya suman 331 casos registrados en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Potosí. Klaus Frerking, presidente de la institución, advirtió que la violencia asociada a estas tomas ilegales está escalando peligrosamente, y exigió que las autoridades actúen con firmeza y sin contemplaciones.

Durante una reunión interinstitucional que reunió a representantes de la Gobernación cruceña, la Policía, el Ministerio Público y el Tribunal Departamental de Justicia, se acordó coordinar acciones concretas para frenar los avasallamientos. Frerking insistió en que el respeto a la propiedad privada es un pilar fundamental del Estado de derecho, y que quienes cometen estos delitos deben enfrentar consecuencias penales reales.

Casos recientes como el de la propiedad Patujú en Montero, donde se denunció el secuestro del propietario y sus trabajadores, y el violento despojo sufrido por la familia Eguez en Guarayos, evidencian la gravedad de la situación. La CAO anunció que continuará impulsando medidas legales para recuperar los predios productivos y proteger a los agricultores, mientras exige que la justicia actúe con celeridad y contundencia.

El Director de la Escuela de Fiscales del Estado (EFE), Eduardo Serrano Ramos, informó que la institución finalizó con éxito la Etapa 1 de la Auditoría Externa realizada por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y está lista para avanzar a la etapa decisiva del proceso de certificación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales.

«La EFE ya cuenta con la certificación NB/ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad) y actualmente busca la doble certificación, integrando ambas normas mediante la implementación de un Sistema de Gestión Integrado. Esta decisión forma parte de las líneas estratégicas institucionales impulsadas por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, con el objetivo de consolidar una formación académica de excelencia, enfocada en la mejora continua, la calidad educativa y el fortalecimiento de valores éticos en el servicio público», explicó Serrano.

La auditoría, realizada durante el fin de semana, evaluó el cumplimiento de la norma NB/ISO 21001:2019, que está orientada a sistemas de gestión para organizaciones educativas, y fue ejecutada por la auditor Miriam Linares Ponce en representación de IBNORCA, entidad nacional encargada de certificar sistemas de calidad.

En esta primera fase, la Escuela mostró avances importantes en la adaptación y creación de procedimientos, además del desarrollo de registros conforme a la norma NB/ISO 21001:2019, evidenciando el compromiso institucional con la calidad y la educación basado en estándares internacionales.
El proceso de auditoría contó con la participación activa del personal de la EFE y el apoyo de diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, incluyendo Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Tecnologías de la Información y la Dirección Administrativa y Financiera.

La Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, informó que del 6 al 9 de octubre de 2025 se llevarán a cabo Pasantías Binacionales entre fiscales especialistas de Bolivia y Chile, con el propósito de avanzar en un plan de cooperación bilateral que fortalezca las capacidades investigativas para combatir delitos transfronterizos que afectan a ambos países.

«Esta iniciativa se realiza en el marco del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerios Públicos de Bolivia y Chile con el objetivo de mejorar los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y formación especializada, frente a la creciente complejidad de los delitos que cruzan fronteras, tales como el narcotráfico, la trata de personas, de índole patrimonial, entre otros delitos de carácter transnacional», explicó Herrera.

Durante las cuatro jornadas, los fiscales participantes sostendrán reuniones en la Fiscalía General del Estado en Sucre y la Fiscalía Departamental de Oruro para profundizar en el conocimiento de los sistemas penales y procesales de ambos países. Se tratarán temas como la realidad delictiva local, el uso de tecnologías, sistemas registrales, así como métodos de análisis criminal y estrategias investigativas orientadas a la persecución de delitos transfronterizos.

Un aspecto fundamental de estas pasantías es el trabajo práctico con casos reales, que facilitará la detección de obstáculos comunes, oportunidades de mejora y soluciones en la atención y protección de víctimas y testigos, además de fortalecer la cooperación penal internacional.

Finalmente, se promoverá la creación de redes directas de trabajo entre fiscales de Bolivia y Chile para agilizar el intercambio de información y la cooperación operativa, coordinadas con las unidades de cooperación internacional de ambos Ministerios Públicos.

Una madre y varias personas lograron retener a un hombre de 20 años acusado de intentar llevarse en un vehículo a su hija adolescente de 14 años en La Paz. Durante el forcejeo, el hombre estuvo cerca de ser agredido y el vidrio de su auto resultó dañado.

“Este sujeto estaba llevándose a mi hija en su auto para aprovecharse de ella y abusarla nuevamente”, declaró la madre. Indicó que su hija fue contactada a través de redes sociales y que estos encuentros aparentemente se repetían. La mujer intervino justo cuando su hija estaba a punto de subir al auto del acusado. “Lo agarré infraganti, fui a la Felcv. Este hombre tiene dos celulares; tal vez mi hija no sea la única víctima, debe haber más (…) si no le hubiera controlado a mi hija, sabe Dios las cosas que hubiera pasado”, agregó.

Tras varios minutos de tensión en pleno centro de La Paz, la Policía llegó y arrestó al hombre. La madre y otros presentes exigen justicia e investigación sobre el caso, ocurrido a plena luz del día en una calle céntrica.

Para garantizar la seguridad alimentaria de las familias bolivianas, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) asegura la entrega mensual de 25.000 toneladas de maíz y 200.000 quintales de harina subvencionada destinados a los sectores pecuario y panificador, informó el gerente general de la estatal, Richard Rojas.

“Maíz son 25.000 toneladas, aproximadamente, para todos los pecuarios cada mes que se entrega; y harina, aproximadamente, 200.000 quintales que se entrega cada mes a los panificadores”, declaró el domingo desde Cochabamba.

Rojas explicó que Emapa sostuvo reuniones con los líderes de los panificadores federados del país, comprometiéndose a suministrar la harina subvencionada correspondiente a los meses restantes del año, junto con otros insumos.

De igual forma, la gerencia dialogó con las federaciones de avícolas, porcinas y lecheras, garantizando la entrega mensual de maíz para el sector pecuario.
“Si bien hemos tenido algunas dificultades estamos regularizando y estamos operativizando las entregas”, añadió.

El maíz, considerado un grano estratégico, se distribuye a los pecuarios para apoyar la producción y comercialización justa en productos básicos de la canasta familiar, como huevo, leche, pollo y carne de cerdo.

Además, Emapa acopia trigo de pequeños y medianos productores para procesarlo en sus molinos y entregar harina a los panificadores federados, quienes elaboran y venden el “pan de batalla” a precio y peso justos en el mercado.

El pago del Bono Juancito Pinto, inicialmente previsto para iniciar este lunes, fue postergado para el 13 de octubre debido a motivos logísticos, informó el ministro de Educación, Omar Veliz. El Estado destinará más de 474 millones de bolivianos para cubrir este beneficio, que llegará a más de 2,3 millones de estudiantes.

«Ya tenemos una fecha determinada, el bono inicia el 13 de octubre a nivel nacional y hasta el 29 de noviembre, nuestro Gobierno, a través de los aportes de las empresas nacionales está garantizando el presupuesto de 474 millones de bolivianos para la cancelación de este bono», declaró el ministro.

Este bono de 200 bolivianos está dirigido a estudiantes de educación primaria, secundaria y especial en todo el país, alcanzando a un total de 2.324.149 alumnos.
Para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias de las capitales departamentales, se implementará un cronograma de pagos según la terminación del número de carnet, el cual se dará a conocer el día en que se inicien los pagos.

El requisito para retirar el bono es presentar la cédula de identidad original y vigente junto a una copia simple. Los estudiantes sólo podrán cobrar directamente si son mayores de 18 años y se registraron previamente como sus propios tutores.

En caso de ausencia de padres o tutores, los maestros podrán ser designados para cobrar el bono en nombre del estudiante. Además, brigadas móviles, en coordinación con el Ejército, estarán desplegadas para asegurar la entrega en zonas alejadas y de difícil acceso.