En respuesta a recientes denuncias de estafas mediante códigos QR, la Policía llevó a cabo un operativo y seguimiento que permitió identificar como principal sospechoso a un interno del penal de Palmasola, en Santa Cruz. El reo, identificado como Miguel Ángel Saavedra Véliz, fue encontrado en posesión de más de 10 teléfonos celulares.

Según las investigaciones, uno de los números de WhatsApp, que fue clonado, enviaba códigos QR supuestamente asociados a Saavedra Véliz, quien hasta entonces no había sido identificado. Las indagaciones realizadas por la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y la División Económico-Financiero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron confirmar que Saavedra Véliz estaba recluido en el PC7.

Durante una intervención y requisa en el interior del penal, las autoridades hallaron al menos 12 celulares en poder del interno, desde donde presuntamente se efectuaban las estafas a diversas víctimas. Aún se desconoce el modo exacto en que Saavedra operaba dentro de la cárcel o si contaba con apoyo de otros reclusos o personas externas, por lo que las investigaciones continúan abiertas.
La Fiscalía y la Felcc trabajan para esclarecer los detalles de esta compleja manipulación informática que afectó a varias personas.

El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Juan Óscar Alfaro Lara, vicepresidente de Entel, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el jueves en la habitación que ocupaba en La Paz, entre las avenidas 20 de Octubre y J.J. Pérez.

El fiscal Gustavo Chambi informó que la autopsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo encefálico cerrado, es decir, un golpe en la cabeza. Sin embargo, aún se estudia si esta lesión se debió a una caída accidental o a una agresión física. “Estamos investigando si la muerte del señor Alfaro se debió a la intervención de otra persona o si fue producto de un accidente”, señaló Chambi, quien agregó que no se encontraron otros signos de violencia en el cuerpo.

La propietaria del inmueble donde Alfaro vivía alertó a las autoridades al notar que el funcionario no salía de su habitación desde hacía varios días. El director departamental de la FELCC, Walter Neme, indicó que la data de muerte del exfuncionario fue aproximadamente de tres días y mencionó que Alfaro padecía pancreatitis aguda y sufrió una broncoaspiración.

Con una amplia trayectoria en la administración pública, Alfaro trabajó en instituciones como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Vicepresidencia del Estado y Entel. La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar si su fallecimiento fue consecuencia de un hecho violento o un accidente doméstico.

El juicio oral por difamación, calumnias e injurias contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo fue suspendido luego de que el juez dispusiera el abandono de la querella presentada por Lourdes Pacheco, quien lo acusaba de daño a su honor y reputación. Según el abogado Frank Campero, su cliente no pudo conectarse a la audiencia virtual programada para las 09:00 desde el penal de San Pedro, donde Murillo cumple detención preventiva, y presentará el justificativo correspondiente.

“Esto se tiene que justificar en las próximas horas y obviamente vamos a justificar la misma para la prosecución de esta audiencia ya que la señora Lourdes Pacheco en su condición de mujer, debido a un delicado estado de salud no ha podido conectarse de manera específica”, explicó Campero.

La querella se originó en 2020, cuando Murillo, como ministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez, implicó públicamente a Pacheco como supuesta secuestradora de la bebé Samantha, información que posteriormente fue desmentida. Murillo emitió disculpas públicas admitiendo que Pacheco no estaba vinculada al caso.
Con la reactivación del juicio, Pacheco buscaba no solo la sanción penal, sino también una compensación económica de 1 millón de dólares por daños a su imagen.

El hombre que fue encontrado sin vida flotando en un río del municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, fue identificado por las autoridades como Samuel Guardia Villaroel, de 39 años, oriundo de Punata, según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras las primeras investigaciones.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento, y no se encontraron signos de violencia externa en el cuerpo, aunque la víctima tenía las manos encadenadas. Los investigadores no descartan que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente desde otro lugar antes de ser hallado.

El cadáver fue descubierto por un grupo de bañistas que alertó a la Policía al ver que algo flotaba entre los troncos. Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue del trópico, donde esperaba sin ser reclamado, ya que la familia no reportó su desaparición.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer cómo el hombre llegó al agua encadenado, para determinar si fue un accidente, un crimen o una acción posterior a su fallecimiento.

Durante la madrugada de este viernes, la Policía boliviana llevó a cabo operativos en La Paz y El Alto que resultaron en la detención de 311 personas por incumplir el auto de buen gobierno, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la previa de las elecciones generales del domingo.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunter Agudo, detalló que 133 de los detenidos corresponden a La Paz y 178 a El Alto, incluyendo entre ellos a 29 extranjeros. Estas detenciones se realizaron como parte de un riguroso control para asegurar que se respeten las normas establecidas en este periodo electoral.

Agudo destacó que la prohibición vigente no solo alcanza al expendio y consumo de alcohol en domicilios particulares, bares, restaurantes y discotecas, sino que también incluye la prohibición del porte de armas de fuego y objetos punzocortantes.

Las autoridades han reiterado que estas medidas buscan garantizar la seguridad ciudadana y evitar cualquier incidente que pueda perturbar la paz en los días previos a la segunda vuelta electoral. Así, se busca un entorno de tranquilidad para el desarrollo pacífico del proceso democrático.

El vicepresidente del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Juan Oscar Rafael Alfaro Lara, fue hallado sin vida el jueves 16 de octubre en su domicilio en La Paz, tras haber sido reportado como desaparecido por varios días. La alerta fue dada por la dueña de la vivienda, quien notó que Alfaro no salía de su habitación y avisó a las autoridades.

La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses determinó que la causa del fallecimiento fue un “traumatismo cráneo encefálico cerrado”, según informó el fiscal Gustavo Chambi. Aunque no se encontraron signos de agresión en otras partes del cuerpo, las investigaciones continúan para establecer si el golpe fue producto de una caída accidental o si hubo intervención de terceros.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso. El fiscal Chambi indicó que se analizarán todos los elementos disponibles, incluyendo testimonios y peritajes, para determinar si se trató de un hecho fortuito o si existe responsabilidad penal en el caso.

Bolivia se encuentra en la recta final para celebrar el primer balotaje presidencial de su historia, y el proceso está siendo seguido con atención por más de 200 observadores internacionales. Diecinueve misiones de observación ya están desplegadas en el país, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que han enviado especialistas para monitorear cada etapa de la jornada electoral del domingo.

La Misión de Observación Electoral de la OEA cuenta con 83 expertos distribuidos en los nueve departamentos, mientras que la UE ha desplegado más de 120 observadores, divididos en equipos de dos personas, para realizar un seguimiento técnico y neutral del proceso. Estas delegaciones se han reunido con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer los detalles logísticos y operativos del balotaje, además de compartir recomendaciones para fortalecer la transparencia.

Los observadores estarán presentes desde la instalación de mesas hasta el cierre y conteo de votos, incluyendo la transmisión de resultados. Además, algunas misiones cubrirán el voto en el exterior. El presidente del TSE, Óscar Hassenteuffel, destacó que este acompañamiento internacional brinda confianza a la ciudadanía y refuerza la legitimidad del proceso electoral en un contexto de alta expectativa democrática.

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, fue aprehendido en Santa Cruz de la Sierra tras presentarse a declarar por un proceso de violencia familiar y doméstica. Pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y permanece bajo custodia policial mientras se define su situación jurídica.

La fiscal Jessica Echeverría presentó una imputación formal y solicitó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola. La aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida el 20 de septiembre, y se prevé que la audiencia cautelar se realice en el transcurso de este viernes. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, indicó que también se activó el sello rojo de Interpol en este caso.

Aunque la denuncia fue retirada por la denunciante, Mary C. C. B., la Fiscalía decidió continuar el proceso de oficio. Las autoridades señalaron que el seguimiento del caso responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley, independientemente del vínculo familiar del acusado con el presidente del país.

Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos en la segunda vuelta electoral, la Defensoría del Pueblo activó este viernes el Centro Defensorial de Monitoreo Electoral. Este sistema contará con 900 observadores —700 voluntarios y 200 funcionarios— distribuidos en todo el país, quienes reportarán en tiempo real cualquier incidente, discurso de odio o vulneración de derechos durante la jornada del domingo 19 de octubre.

El centro de monitoreo, ubicado en La Paz, recibirá información desde los 21 puntos regionales y departamentales de la Defensoría. A través de una plataforma digital, los equipos registrarán datos sobre la instalación de mesas, accesibilidad, presencia de jurados, y posibles actos de discriminación o violencia. Además, se habilitó una aplicación móvil para que los observadores puedan subir denuncias georreferenciadas, lo que permitirá identificar zonas críticas y tomar medidas correctivas.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, destacó que esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y prevenir conflictos en un contexto político polarizado. La institución emitirá dos informes públicos el domingo: uno al mediodía y otro al cierre de la jornada, con el resumen de incidencias. Callisaya invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea gratuita 800 10 8004 o directamente con los funcionarios defensoriales presentes en los recintos electorales.