La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) manifestó su seria preocupación por recientes denuncias de irregularidades en la Caja Nacional de Salud (CNS), que apuntan a un posible estado de quiebra técnica debido a presuntos malos manejos administrativos, extorsión a empresas y procesos irregulares en las contrataciones.

Cifabol solicitó formalmente a la CNS información sobre requerimientos adicionales en las licitaciones de medicamentos, las exclusiones de empresas por exigencias específicas y la compra de medicamentos a precios elevados. Además, lamenta las restricciones impuestas a su participación en los actos públicos de estos procesos, lo que limita el control social que ampara la Constitución.

Estas inquietudes fueron comunicadas a la CNS, pero hasta ahora no se han recibido respuestas oficiales. También se enviaron notas al Ministerio de Salud y a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), sin que se conozcan acciones concretas por parte de estas entidades gubernamentales.
“La falta de transparencia en las contrataciones, la limitación del control social y la incertidumbre jurídica preocupan a las empresas farmacéuticas legalmente establecidas en Bolivia y proveedoras de la CNS”, indicó la cámara.

Cifabol exige conocer la real situación financiera de la CNS para evaluar los posibles riesgos de inestabilidad que podrían afectar pagos pendientes, la sostenibilidad de los servicios para millones de asegurados y las futuras adquisiciones de medicamentos. Por ello, solicita un proceso de fiscalización exhaustivo que aclare las dudas sobre la administración de la entidad.
La preocupación de Cifabol surge tras denuncias realizadas por legisladores en la Cámara de Diputados. La entidad reafirma su compromiso con la transparencia y la institucionalidad, haciendo un llamado a las autoridades para asegurar procesos de contratación justos y supervisados, en protección de la salud pública y la estabilidad del sistema de seguridad social.

La Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz comunicó un nuevo caso de dopaje este miércoles, cuando el conductor de la empresa Fénix reportó a un pasajero en estado de somnolencia tras llegar desde el departamento de Oruro a las 13:53.

Según el informe operativo, el conductor alertó al personal de la Terminal y al Batallón de Seguridad Física Estatal sobre un hombre desorientado y con signos evidentes de intoxicación dentro del bus. El equipo operativo activó de inmediato el protocolo para atender personas dopadas y brindó asistencia médica en coordinación con el consultorio CIES ubicado en el recinto.
Después de la evaluación médica inicial, el pasajero fue llevado al Albergue Transitorio para su recuperación y vigilancia, debido a que no tenía documentación ni datos de contacto. Su estado de salud es estable y permanece bajo observación constante por el personal de la Terminal.

Iveliz Asturizaga, directora general ejecutiva de la Terminal, informó que con este caso suman siete los incidentes de dopaje en 2025, tres de los cuales ocurrieron en septiembre. “Esta situación requiere mantener la alerta y reforzar las campañas de prevención. Pedimos a los pasajeros no aceptar alimentos ni bebidas de desconocidos y reportar cualquier conducta sospechosa al personal de seguridad o a la Policía”, señaló.

La Terminal reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con la Policía Boliviana, el CIES y las empresas de transporte interdepartamental para proteger a los usuarios y fortalecer las medidas preventivas contra esta modalidad delictiva que afecta principalmente a personas mayores y viajeros que viajan solos.

Un accidente ocurrido la noche del martes en la rueda de la fortuna durante la Feria de la Alasita en Santa Cruz tuvo al menos diez personas heridas. Este incidente se produjo a pesar de que usuarios en redes sociales habían mostrado días antes las malas condiciones de los juegos mecánicos. En respuesta, un concejal anunció que presentará una denuncia contra la Alcaldía cruceña.

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Un video publicado horas antes del accidente muestra que se utilizaba diurex (cinta adhesiva) en el juego mecánico. Aunque aparentemente era para sujetar las luces en uno de los soportes, las imágenes fueron difundidas por Majo, una usuaria de TikTok, quien añadió el texto “cuando tu vida vale Bs 15, (para mayor seguridad con yúrex, dicen)”. Otro video compartido por el usuario Alexsss también muestra tres barras metálicas de la rueda de la fortuna cubiertas con yúrex. Ante esta situación, Manuel Saavedra, concejal por Demócratas de Santa Cruz de la Sierra, conocido como Mamen, comunicó que denunciará a la Alcaldía por incumplimiento de deberes. “La Alcaldía no hizo su trabajo, la Dirección de Riesgo y Emergencia Municipal tiene la obligación de supervisar estas actividades. Se han visto imágenes de juegos mecánicos sin pernos, con cintas adhesivas; hay un descontrol total y falta de fiscalización del municipio”, afirmó.

El accidente ocurrió el martes por la noche, y recién el miércoles el alcalde Jhonny Fernández se pronunció: “no se dará ninguna autorización para este tipo de juegos mecánicos”. Agregó que “una cosa es la autorización, otra la verificación, y durante esos procesos pueden suceder incidentes, pero se debe investigar por qué”.
Fernández también indicó que para otorgar autorizaciones, los juegos deben contar con un seguro contra accidentes. Tras los hechos, anunció que se realizará una inspección a todos los juegos mecánicos que operan en Santa Cruz de la Sierra.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, aseguró que la denuncia penal interpuesta contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no pone en riesgo el proceso electoral en curso. Saucedo llamó a la calma y afirmó que el Órgano Judicial mantiene su compromiso de respaldar el calendario electoral, incluyendo el balotaje previsto para el 19 de octubre. “Ningún juez ha interferido en el desarrollo de las elecciones”, subrayó.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Chuquisaca acusa a los magistrados autoprorrogados de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Saucedo insistió en que estos exmagistrados ya no tienen legitimidad y deben ser procesados como ciudadanos comunes. Además, recordó que el TCP puede operar con los cuatro magistrados electos en 2024, citando como antecedente el funcionamiento del tribunal con un solo miembro en 2017.

Saucedo criticó duramente la resolución emitida por los autoprorrogados para extender su mandato, calificándola como una violación a la voluntad popular. “La Constitución es clara: son seis años de gestión”, afirmó. Reiteró que el proceso electoral no está en peligro y pidió no utilizar la coyuntura judicial como excusa para sembrar incertidumbre. Según el titular del TSJ, la transición democrática sigue firme y el respaldo institucional está garantizado.

Un grave accidente se registró la noche del martes en la carretera Irupana-La Paz, cuando un bus del Sindicato de Transporte Mixto 5 de Agosto se embarrancó en el sector Santa Ana, cayendo aproximadamente 40 metros. El siniestro dejó al menos 37 personas heridas, entre ellas un menor de 4 años. De los afectados, 15 fueron trasladados al hospital Arco Iris en La Paz, mientras que el resto recibió atención en el Centro de Salud Integral de Irupana.

La comunidad local reaccionó con rapidez y solidaridad: pobladores organizaron una cadena humana, utilizaron cuerdas y linternas para rescatar a los pasajeros atrapados en el vehículo siniestrado. Las autoridades municipales de Irupana activaron un protocolo de emergencia y anunciaron que se suspenden las atenciones médicas rutinarias para priorizar el tratamiento de los heridos. El personal médico se encuentra trabajando intensamente para estabilizar a los pacientes.

El accidente ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en esta vía, frecuentemente utilizada por transportistas y viajeros. Aunque aún no se han determinado las causas exactas del hecho, se espera que las investigaciones arrojen luz sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la población permanece alerta y las autoridades continúan brindando apoyo a las víctimas y sus familias.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, anunció que esta semana el abastecimiento de combustibles se reducirá hasta en un 70%, debido a la falta de divisas para pagar a los proveedores. La estatal necesita al menos $us 55 millones semanales para garantizar el suministro, pero enfrenta un “bache” que se extenderá hasta el viernes. En paralelo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso un incremento en los precios de las gasolinas premium y del diésel ULS, lo que generó largas filas en los surtidores y caos vehicular en Santa Cruz.

La situación ha encendido las alarmas en el sector productivo. Desde Anapo, los agricultores advirtieron que el desabastecimiento de diésel pone en riesgo la cosecha de 700 mil toneladas de soya y la siembra de 1,5 millones de hectáreas para la campaña de verano. Jaime Hernández, gerente de la asociación, señaló que se requiere al menos 70 millones de litros de diésel para garantizar las labores agrícolas, pero actualmente solo se cuenta con el 60% de lo necesario, lo que podría reducir el área de siembra en un 40%.

Expertos como Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, atribuyen la crisis a una política energética deficiente y a una dependencia excesiva de las importaciones. Bolivia produce apenas el 10% del diésel que consume y cerca del 40% de la gasolina, lo que la hace vulnerable ante la falta de divisas. Velásquez advirtió que este problema no se resolverá en el corto plazo y que la población debe tomar conciencia de su gravedad, especialmente en un contexto electoral.

Ante la imposibilidad de obtener una personería jurídica a tiempo, los seguidores de Evo Morales han decidido explorar alianzas con agrupaciones ciudadanas para participar en las elecciones subnacionales de marzo. El exgobernador César Cocarico reconoció que el nuevo partido ‘Evo Pueblo’ no podrá inscribirse formalmente antes de la convocatoria electoral, prevista para noviembre, y que la única vía viable será sumarse a una sigla ya registrada. “En dos meses nadie logra una personería jurídica”, afirmó.

El expresidente Morales, quien lanzó el registro de militantes de ‘Evo Pueblo’ en agosto, admitió que el proceso no tiene validez legal, aunque lo considera legítimo. A pesar de ello, sus seguidores continúan entregando carnets simbólicos y organizando reuniones internas para definir su estrategia electoral. Cocarico, que renunció al MAS por diferencias con la gestión de Luis Arce, aseguró que muchos evistas están en la misma situación: sin partido, pero con intención de competir.

La falta de una sigla nacional representa un desafío logístico y político para el bloque evista, que ahora debe socializar nuevas alianzas en cada región. Morales convocó a un ampliado con sus dirigentes para definir el camino a seguir, mientras se realizan encuestas para medir el respaldo a posibles candidaturas. El objetivo es claro: no quedar fuera del escenario electoral, aunque el vehículo político aún esté por definirse.