La fiscal Jessica Echeverría informó este martes sobre nuevos hallazgos en la investigación por violencia doméstica contra Luis Marcelo Mosqueira tras el allanamiento al departamento que compartía con su pareja en Santa Cruz.

Según la fiscal, la vivienda donde residía la pareja estaba en anticrético a nombre de un trabajador de YPFB, y el dueño desconocía que el hijo del presidente habitaba allí. “La persona que es propietaria del apartamento desconocía que el señor Marcelo Arce Mosqueira vivió en su apartamento durante un año. Es decir, él le da en anticrético de este apartamento a un tercero, a una persona que trabaja en YPFB, y desconocía que él con la víctima estaba viviendo allí”, explicó.

Luis Marcelo Arce fue funcionario de YPFB y fue investigado por presuntas irregularidades en la compra de llantas, aunque ese caso fue cerrado. También se le vinculó con el caso Botrading y con Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos, quien dijo haber incluido a Marcelo en un vuelo desde Paraguay porque “lo conocía”.

La mencionada vivienda es el lugar donde, según la denuncia, Arce agredió a su pareja, causándole 12 días de incapacidad. La víctima declaró que los episodios de violencia eran recurrentes, según lo informado por la fiscal.
Echeverría detalló que testimonios de personas cercanas al departamento confirmaron haber escuchado llantos y peleas en el lugar. “Indican que en otras ocasiones escucharon a la víctima llorando, escucharon peleas”, precisó.
La investigación continúa, aunque Marcelo Arce no se ha presentado y la orden de aprehensión no ha podido ser ejecutada.

La directora del colegio Juan Misael Saracho en Oruro, involucrada en la muerte de una estudiante durante un concierto en su institución, recibió detención domiciliaria con permiso para trabajar. Al salir de la audiencia del martes, fue recibida con aplausos por un grupo de padres y brindó sus primeras declaraciones públicas.

Dirigiéndose a la gente, la directora expresó su conmoción por la tragedia: “Todo el sufrimiento, todo el dolor que he vivido, yo creo que no se compara con el dolor que están viviendo las familias dolientes, para ellos quiero expresar mis más sentidas condolencias y decirles que toda la familia del colegio está triste, principalmente mi persona”.

El juez cautelar Nº 4 de Oruro le impuso la medida de detención domiciliaria, una fianza de 5.000 bolivianos, arraigo nacional y la obligación de presentarse ante la Fiscalía cada 15 días.
Se informó que la directora habría autorizado la realización del evento, aunque los padres habrían solicitado el permiso a autoridades locales, y la Dirección Distrital negó la licencia, según explicó el fiscal Aldo Morales. Con voz entrecortada, la directora destacó que el dolor es mayor porque una víctima pertenecía a su comunidad. Finalizó agradeciendo a los padres y diciendo: “Una vez más les puedo decir misión cumplida, les he representado y voy a hacerlo siempre en las buenas y en las malas porque ustedes merecen también eso”.

Por otro lado, el vocalista del grupo Sangre Cumbiera, detenido tras la tragedia el domingo, fue liberado el martes. En el concierto, una avalancha humana provocó la muerte de una joven de 18 años y dejó en coma a otra de 16.
Las investigaciones preliminares indican que la primera avalancha ocurrió en la entrada del colegio, cuando la multitud empujó las puertas internas y un barandal metálico cayó sobre las víctimas. Luego, dentro del evento, el vocalista se lanzó al público, causando un efecto dominó que generó una segunda estampida.

La escasez de combustible no es el único problema que enfrentan los transportistas en Bolivia. Este martes, choferes y mecánicos en La Paz denunciaron que la gasolina importada estaría perjudicando los motores de los vehículos.

El mecánico José Quinteros señaló que “están llegando muchos carros con el filtro de gasolina dañado porque la gasolina que están trayendo es pésima, es mala. Los motores se malogran, los filtros pierden fuerza, pierden potencia”. Frente a esta situación, los propietarios tienen que buscar repuestos que han subido considerablemente de precio por la escasez de dólares en el país.
“Los repuestos han subido una barbaridad. Los que costaban 100 bolivianos, ahora están en 500 pesos, y los dueños no tienen el presupuesto”, agregó Quinteros, quien también destacó que la cantidad de autos en mal estado que llegan a su taller ha aumentado. Según él, “de un 100%, un 50% ya viene con problemas. Mire los carros que tengo en mi taller”.

Por su parte, los choferes manifestaron su descontento por la mala calidad del combustible y el aumento en el precio de los repuestos. Un transportista comentó: “Ya varias veces nos falla el filtro de gasolina. En mi caso, he cambiado como tres veces en una semana. Antes costaba entre 20 y 25 pesos, ahora está entre 70 y 80 pesos”.

Armin Dorgathen, presidente de YPFB, reapareció este martes en la Fiscalía de La Paz para brindar su declaración informativa sobre el caso Botrading, relacionado con presunto sobreprecio en la importación de combustibles. Su presencia fue sorpresiva, ya que se conocía que había salido del país. Al concluir su testimonio, salió rápidamente del edificio sin emitir mayores comentarios, salvo una breve confirmación a la prensa.

El caso ha sido objeto de investigación por una comisión de la Cámara de Diputados, que remitió su informe a la Fiscalía, la Contraloría y la Presidencia. La indagación apunta a operaciones realizadas por una subsidiaria de YPFB en Paraguay, donde se habrían registrado irregularidades en la compra de combustibles. El abogado de Dorgathen aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar con el proceso judicial.

La semana pasada, el exejecutivo de YPFB Logística, Félix Cruz, fue enviado a prisión preventiva por su presunta implicación en el mismo caso. Las autoridades continúan recabando testimonios y documentos para esclarecer el alcance de las responsabilidades. El pedido de arraigo para los involucrados sigue vigente, mientras se espera que la investigación avance hacia nuevas revelaciones.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, advirtió que el proyecto de ley presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas podría tener como objetivo final la realización de nuevas elecciones generales en Bolivia, permitiendo la participación de candidatos actualmente inhabilitados. Según Prada, esta iniciativa no solo pone en duda el accionar del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino que también revela posibles intereses políticos detrás de su impulso.

El proyecto, presentado el 17 de septiembre, propone suspender a los vocales del TSE y extender el mandato constitucional vigente. Vargas argumenta que el tribunal vulneró la Constitución al organizar parcialmente las elecciones judiciales de 2024. Para Prada, esta justificación sería una vía para deslegitimar futuras decisiones del TSE y abrir la puerta a una eventual repetición de los comicios generales, con nuevas reglas y actores.

La propuesta ha sido calificada por la ministra como “descabellada” y motivada por “ambiciones de poder”. El proyecto será tratado en comisiones del Senado este martes, en medio de un clima político tenso. Aunque no se mencionó directamente, uno de los posibles beneficiarios de una eventual habilitación sería el expresidente Evo Morales, actualmente fuera del escenario electoral por decisión del TSE.

Las autoridades de Tránsito en Yacuiba investigan el accidente que provocó la muerte de Ernesto Hernán Álvarez, vocalista del grupo musical Erupción. El hecho ocurrió en la Ruta 9, a la altura de San Isidro, donde el cuerpo del artista fue hallado en una cuneta, junto a su motocicleta. El levantamiento legal del cadáver se realizó en inmediaciones de la Planta Separadora de Líquidos.

Según el mayor Jeison Sardina, Álvarez se desplazaba en dirección sur-norte y habría perdido el control al cruzar la rotonda de ingreso al barrio 24 de Marzo. El impacto lo expulsó de la vía, recorriendo aproximadamente 30 metros fuera del asfalto. Las primeras hipótesis apuntan a una pérdida de control, aunque se aguardan los resultados de la autopsia médico-legal para esclarecer las causas exactas.

El fallecimiento del cantante ha generado conmoción entre sus seguidores y en el ámbito musical regional. Mientras continúan las investigaciones, se espera que el informe forense y los peritajes técnicos aporten mayor claridad sobre lo ocurrido en la trágica jornada.

Las investigaciones sobre el Festi Saracho 2025 avanzan con nuevos hallazgos que apuntan a responsabilidades institucionales. Aunque la Dirección de Educación había rechazado la realización del evento, un funcionario subalterno de la Alcaldía de Oruro emitió una autorización que permitió su ejecución. La FELCC ya identificó al responsable y se espera su declaración en los próximos días.

El fiscal Martín Arequipa informó que se han secuestrado videos del interior y exterior del colegio, además de boletos no vendidos, para determinar cuántas entradas fueron realmente comercializadas. Las imágenes serán clave para reconstruir los momentos previos a las avalanchas humanas que ocurrieron durante el festival, en el que se estima que asistieron más de 1.200 personas, duplicando la capacidad del recinto.

Este martes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para la directora del colegio y el vocalista del grupo musical, ambos investigados por presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves. Paralelamente, la Fiscalía tomará declaraciones a padres de familia, docentes y funcionarios ediles, en busca de esclarecer cómo se vulneraron las disposiciones oficiales.

La crisis de combustible en Bolivia está generando un impacto severo en el transporte de carga, especialmente en Santa Cruz, donde el dirigente Juan Yucra advirtió que la falta de diésel ha reducido drásticamente la salida de camiones. Según sus declaraciones, si antes circulaban 100 unidades, ahora apenas lo hacen entre 20 y 30, afectando el abastecimiento nacional y elevando los costos de los fletes.

Yucra también denunció que los transportistas enfrentan largas filas en los surtidores, llegando a esperar hasta tres días para repostar. Asegura que las autoridades hacen compromisos y firman acuerdos que no se cumplen, lo que genera frustración y pérdidas económicas. “No podemos ni llegar a nuestras casas después de un viaje, esto ya no se sostiene”, lamentó.

Además de la escasez, el dirigente alertó sobre la baja calidad del diésel, señalando que el combustible estaría adulterado, lo que daña los motores y reduce la vida útil de los vehículos. Frente a esta situación, tanto transportistas como productores exigen medidas urgentes para evitar el colapso de la cadena productiva en el oriente del país.