El ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de La Paz, Reynaldo Luna, alertó este lunes sobre los graves daños que el combustible de mala calidad distribuido en el país está provocando en los motores de los vehículos afiliados a su sector. En ese sentido, indicó que actualmente están realizando un relevamiento para determinar cuántos vehículos han resultado afectados y anunció que los costos de reparación deben ser resarcidos, señalando que la afectación económica por motor varía entre Bs 25.000 y Bs 30.000, según el tipo de automóvil.

“Las autoridades y la población conocen este daño que afecta a nuestros compañeros de base, cuyos motores presentan fallas graves: los balancines se han doblado porque el combustible no cumple con las condiciones adecuadas. Por ello, estamos cuantificando las pérdidas para que la autoridad competente realice el resarcimiento”, aseguró Luna, aunque no especificó qué institución estatal debería asumir la responsabilidad económica que genera este problema.

Según la Federación Andina, los desperfectos mecánicos detectados incluyen motores dañados y piezas deterioradas, producto de que el combustible no reúne las condiciones mínimas para su uso correcto.
“Este caso ya fue denunciado por el Sindicato Sagrado Corazón de Jesús y también por el Sindicato 18 de Diciembre. Debemos presentar una demanda para exigir la reposición o el arreglo de nuestros motores que han resultado dañados. Se descargó una cisterna de aceite por equivocación, proveniente de los yacimientos, y eso causó serios perjuicios”, afirmó el dirigente.

Esta denuncia surge después de que decenas de transportistas instalaron un mitin de protesta la mañana de este lunes en las puertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en La Paz, alertando sobre el daño ocasionado a más de 300 vehículos por la venta de combustible adulterado o de mala calidad.
El mal estado del combustible está generando una afectación directa a los conductores y al sector del transporte público, lo que ha provocado un llamado urgente a las autoridades para que asuman la responsabilidad y otorguen los resarcimientos correspondientes.

Para la gestión 2025, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha programado una inversión total de USD 286,38 millones destinada al departamento de Santa Cruz, focalizada en el sector hidrocarburos.

“Del monto total programado para este año, USD 120 millones se invierten en actividades de explotación, USD 98 millones en tareas de exploración, USD 21 millones en transporte, y USD 20 millones en actividades de plantas e industrialización”, detalló Danny Roca Jiménez, gerente de Planificación Corporativa de YPFB.

Además de estas áreas, se han asignado recursos para otras fases de la cadena productiva del sector, incluyendo distribución, refinación, comercialización, almacenaje y otros proyectos complementarios que fortalecen la infraestructura hidrocarburífera en la región.

En cuanto a la renta petrolera, YPFB generó USD 172 millones para Santa Cruz durante 2024, suma que beneficia directamente a la Gobernación, a los municipios y al sistema universitario público del departamento.

Para la presente gestión, la estatal proyecta una renta petrolera de USD 177 millones, reforzando así su compromiso con el desarrollo económico y social de Santa Cruz a través del aporte sostenido del sector hidrocarburos.

La Justicia boliviana confirmó que en un plazo máximo de 40 días se concretará la extradición del exsacerdote uruguayo Juan José Santana Trinidad, acusado de abusar sexualmente de al menos 30 menores en el internado Tapacarí de Cochabamba. La detención preventiva con fines de extradición fue ordenada por un juez cautelar en Montevideo, tras la coordinación entre Interpol Bolivia y su par uruguayo.

Santana fue localizado en la casa de sus padres en Uruguay, luego de que se activara una notificación roja que alertó a 196 países sobre su búsqueda. El caso, que se remonta a 2007, involucra graves denuncias de abuso contra niños y adolescentes que vivían en el internado donde el exreligioso prestaba servicios. La captura fue confirmada el pasado fin de semana, marcando un avance en el proceso judicial.

Actualmente, el acusado permanece bajo detención en Uruguay mientras se completan los trámites legales entre Interpol Bolivia, la Cancillería y las autoridades judiciales. Una vez extraditado, Santana deberá enfrentar a la Justicia boliviana por los delitos cometidos, en un caso que ha generado indignación y exige respuestas contundentes para las víctimas y sus familias.

El exministro de Gobierno, Guido Nayar, lanzó duras críticas contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el expresidente Evo Morales, a quienes responsabiliza por el debilitamiento de la lucha antidroga en Bolivia. Según Nayar, desde 2007 no existe un plan efectivo para combatir el narcotráfico, lo que ha convertido al país en una sociedad dependiente de esta actividad ilícita. “Los bolivianos se han vuelto esclavos del narcotráfico”, afirmó.

Nayar denunció que el discurso de nacionalización de la lucha antidroga promovido por Morales desmanteló las capacidades estatales para enfrentar el crimen organizado. Alertó que el narcotráfico cuenta con recursos millonarios para corromper instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas, generando un clima de inseguridad marcado por asesinatos y sicariatos. También señaló el crecimiento de la coca ilegal en áreas protegidas como el Tipnis, Carrasco, Choré y Amboró.

Como propuesta, el exministro planteó una “revolución moral” que recupere los territorios tomados por el narcotráfico y promueva alternativas sostenibles a la producción de coca. Nayar destacó la necesidad de apoyo internacional para enfrentar el crimen organizado y recordó el Plan Dignidad como el último esfuerzo serio en esta materia. “El narcotráfico no solo destruye el bosque, destruye la vida y las instituciones”, concluyó.

Tomás Monasterio, vocero de Alianza Libre, salió en defensa del candidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco, negando rotundamente que haya sido el autor de los tuits racistas que circularon en redes sociales. Aseguró que se trata de una estrategia de desprestigio en plena campaña electoral y anunció que presentará pruebas “irrefutables” para desmentir las acusaciones. Según Monasterio, quienes se presentan como víctimas de guerra sucia serían en realidad los responsables de esta maniobra.

La polémica se desató luego de que ChequeaBolivia confirmara que la cuenta de X @Jpvel, desde la cual se emitieron mensajes discriminatorios entre 2010 y 2012, fue registrada por Velasco ante el Tribunal Supremo Electoral. Aunque la cuenta fue eliminada, los mensajes han generado una fuerte reacción pública. En medio de la controversia, también se ha difundido una nueva cuenta, @JpVelasco44, creada recientemente y con escasa actividad.

Monasterio anunció una conferencia en La Paz para presentar lo que calificó como una “bomba informativa” que, según él, evidenciará la manipulación detrás del caso. Mientras tanto, imágenes de Velasco junto a mujeres de pollera en actos de campaña circulan en redes, contrastando con los mensajes atribuidos a su antigua cuenta. El vocero insistió en que el Ministerio Público debe investigar a fondo y que su partido no permitirá que se mancille la reputación de su candidato sin fundamentos.

Un violento accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo 28 de septiembre en la carretera Potosí – Cuchu Ingenio dejó como saldo dos personas fallecidas. El choque frontal entre una camioneta y un camión cisterna en el sector del Ingenio Casa Blanca provocó que los ocupantes del vehículo menor quedaran atrapados entre los fierros retorcidos, perdiendo la vida de forma instantánea.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Ronald Irigoyen, informó que el siniestro se produjo alrededor de las 15:30. Las primeras investigaciones señalan que el camión cisterna se dirigía hacia Potosí, mientras que la camioneta circulaba en sentido contrario. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos terminaron fuera de la vía con severos daños materiales. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Daniel Bracamonte para su identificación.

La Fiscalía y la Policía continúan con las indagaciones para determinar responsabilidades. El conductor del camión cisterna, Juan Canaza Bolaños, dio negativo en la prueba de alcoholemia, mientras se esperan los resultados del examen al conductor fallecido. Las autoridades buscan esclarecer las causas exactas del accidente que enluta a dos familias potosinas.

La tragedia ocurrida durante el “Festi Saracho” en Oruro ha derivado en una investigación más amplia por parte del Ministerio Público, que ahora incluye presuntos delitos de corrupción pública. Además de las muertes provocadas por avalanchas humanas, la Fiscalía busca esclarecer el manejo de los fondos recaudados por la venta de entradas, que según testigos fueron distribuidas entre los estudiantes para su comercialización a Bs 30 cada una.

El fiscal departamental Aldo Morales informó que se han solicitado los registros financieros del evento para determinar cuántas entradas fueron vendidas y a qué precio, ya que se reportó que en la puerta del colegio se ofrecían hasta en Bs 50. También se investiga el uso indebido de bienes estatales y tráfico de influencias, dado que el festival no contaba con autorización oficial de la Dirección Distrital de Educación, aunque sí recibió permiso de un funcionario municipal.

La Fiscalía ha convocado a declarar a docentes, padres de familia y autoridades locales, mientras se revisan videos del interior y exterior del recinto que superó su capacidad en más del triple. Morales enfatizó que se busca establecer la verdad material y que ningún responsable quedará al margen. La directora del colegio y el vocalista del grupo musical fueron aprehendidos, aunque ambos ya enfrentan medidas cautelares distintas.

La Fiscalía General del Estado reiteró que la localización y captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, es competencia exclusiva de la Policía Boliviana. El joven está acusado de violencia de género y permanece en paradero desconocido desde hace más de una semana. El Ministerio Público ya emitió la orden de aprehensión y autorizó allanamientos, pero subraya que la ejecución de estas medidas corresponde a la fuerza policial.

El fiscal general Roger Mariaca explicó que, ante los indicios de riesgo de fuga y obstrucción del proceso, se procedió a emitir la orden sin previa citación. La denuncia fue atendida por la Fiscalía Especializada en razón de género de Santa Cruz, que también recopiló pruebas como el informe forense, la evaluación psicológica de la víctima y el análisis de los trabajadores sociales. Todo este material fue entregado a la Policía para facilitar la aprehensión.

Como medida preventiva, se activó una alerta migratoria para evitar que el acusado abandone el país. Mariaca aseguró que se ha instruido un seguimiento riguroso del caso y reafirmó el compromiso del Ministerio Público de no tolerar actos de violencia contra las mujeres. La víctima, quien presenta 12 días de impedimento físico, espera que se haga justicia mientras continúa la búsqueda del presunto agresor.