Según los informes de Carabineros, el narcotraficante boliviano trasladó 110 kilos de drogas desde Santa Cruz hacia Chile. Estados Unidos confirma que el cargamento estaba destinado a llegar finalmente a Nueva York. La Corte Suprema de Chile recibió formalmente la petición de EE.UU. para detener y extraditar a Eduardo Hurtado Céspedes, acusado de traficar cocaína desde Santa Cruz al área de Nueva York. Esta causa judicial comenzó después de que la fiscalía de Nueva York enviara una carta rogatoria y el 8 de septiembre imputara al boliviano por “conspiración para distribuir” cocaína en esa ciudad.

Eduardo Hurtado no era un simple operador: en Santa Cruz de la Sierra producía su propia droga sin intermediarios y construyó una red transnacional estrictamente protegida. En 2023, traficó cocaína desde Bolivia por Perú hacia Chile, donde ingresó 110 kilos valorados en más de dos millones de dólares. La investigación determinó que él supervisaba cuidadosamente la logística, usando camiones hasta Perú y luego ingresando la droga por el norte de Chile. En Santiago, una mujer custodiaba la bodega donde se almacenaba la cocaína que venía de Santa Cruz.

Para evitar riesgos, Hurtado prohibía el uso de teléfonos celulares durante las entregas, impidiendo el rastreo policial, y sólo trabajaba con compatriotas, lo que aumentaba la confidencialidad de sus operaciones. El 13 de febrero de 2023, en un restaurante de Independencia, Chile, planeaba cerrar un segundo negocio de 80 kilos de cocaína tras haber vendido 30 para «probar» a sus compradores. Sin embargo, el Departamento de Drogas de Carabineros (OS7) y la Fiscalía Sur lo seguían y lograron detenerlo con la droga confiscada. La justicia estadounidense afirma que la cocaína incautada tenía como destino Nueva York y que “las organizaciones criminales transnacionales no respetan fronteras”, señalando que las acciones de Hurtado perjudicaron directamente a sus ciudadanos.

Según el medio 24 Horas, la Corte Suprema de Chile deberá designar a un ministro instructor para analizar las diferencias legales entre los cargos en EE.UU. y las leyes chilenas, representando al país el Ministerio Público durante el proceso. La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema podrá confirmar o revocar la decisión inicial y decidir si Eduardo Hurtado Céspedes será extraditado a EE.UU. o enfrentará justicia en Chile.

En su última intervención internacional como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora cerró su agenda en la Asamblea General de la ONU con un discurso cargado de advertencias y denuncias. En el marco de los 80 años del organismo, Arce acusó al gobierno de Estados Unidos de desplegar una amenaza militar sobre América Latina, especialmente en torno a Venezuela, y alertó sobre el riesgo de una tercera guerra mundial. “La paz está en peligro y el mundo enfrenta nuevas formas de conflicto”, afirmó ante los representantes de 193 países.

El mandatario boliviano sostuvo que la inequidad global ha empeorado desde la fundación de la ONU, y que las guerras actuales ya no se limitan al plano militar. Según Arce, hoy se libran batallas tecnológicas, climáticas, económicas y hasta espaciales, todas impulsadas por intereses geopolíticos. En ese contexto, denunció que Estados Unidos busca frenar el avance de un mundo multipolar y apropiarse de los recursos naturales de países emergentes como Venezuela y Cuba, mediante intervenciones encubiertas.

Durante su visita a Nueva York, Arce también participó en cumbres sobre democracia, clima y desarrollo, y sostuvo reuniones bilaterales con líderes de México, Cuba, Venezuela, Rusia e Irán. Su discurso contrastó con el del presidente estadounidense Donald Trump, quien un día antes había criticado a la ONU por “financiar invasiones” y cuestionado el reconocimiento de Palestina. Las sesiones de la Asamblea estuvieron marcadas por tensiones ideológicas y visiones opuestas sobre el futuro del orden mundial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja contrarreloj en la elaboración de una norma excepcional que permita convocar a las elecciones subnacionales en marzo de 2026, antes de que concluya el mandato de la actual Sala Plena el 19 de noviembre. El vocal Francisco Vargas explicó que, según la ley vigente, la convocatoria debe emitirse con al menos 120 días de anticipación, lo que obliga al TSE a actuar antes de su renovación institucional. El objetivo es garantizar que el proceso electoral se desarrolle dentro de los plazos legales y sin contratiempos técnicos.

Además de definir el cronograma, el proyecto busca resolver vacíos normativos que persisten en varios departamentos, especialmente en lo referente a estatutos autonómicos y la asignación de curules en las asambleas legislativas. Vargas señaló que se replicará un esquema transitorio similar al de anteriores comicios, incluyendo la posibilidad de una segunda vuelta en regiones donde sea necesario. La urgencia del proyecto radica en evitar que el recambio de vocales retrase el proceso y comprometa la posesión de autoridades subnacionales prevista para mayo de 2026.

Mientras se avanza en esta norma, el TSE continúa con la logística del balotaje presidencial del 19 de octubre. Ya se inició la distribución de papeletas electorales en todo el país: más de 80.000 llegaron a Pando y Beni, y más de 2 millones fueron enviadas a Santa Cruz. Este despliegue simultáneo refleja la presión institucional por cumplir con ambos calendarios electorales sin afectar la transparencia ni la legalidad de los procesos.

Tras la difusión de la primera encuesta de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, que ubica al Partido Demócrata Cristiano (PDC) 7,7 puntos por debajo de la alianza Libre, el candidato a la vicepresidencia Edman Lara salió al frente con un mensaje desafiante. En un video publicado en sus redes sociales, Lara acusó a las encuestadoras de manipular resultados y aseguró que su partido ganará las elecciones del 19 de octubre con más del 50% de respaldo. “Las encuestas no eligen presidentes, el pueblo sí”, afirmó.

Lara destacó que el PDC logró imponerse en la primera vuelta del 17 de agosto gracias al esfuerzo de sus militantes y sin recurrir a grandes recursos económicos. Rechazó la validez de los estudios de opinión, señalando que históricamente han fallado en sus proyecciones. Su discurso apeló a la fe, al trabajo de base y a la convicción de sus seguidores, a quienes pidió mantener la confianza en el proyecto político que encabeza junto a Rodrigo Paz Pereira.

La encuesta, realizada por Ipsos-Ciesmori y difundida por Unitel, muestra a Jorge Tuto Quiroga con una ventaja inicial del 47% frente al 39,3% de Paz. Sin embargo, Lara fue el primero en reaccionar públicamente, marcando distancia con los resultados y posicionando su narrativa de victoria. Con el antecedente de haber superado las expectativas en la primera vuelta, el PDC apuesta por movilizar a los indecisos y revertir la tendencia en las semanas que restan antes de la votación definitiva.

María René, de 16 años, se convirtió en la segunda víctima fatal del desastre ocurrido durante el “Saracho Fest” en Oruro. Tras permanecer cuatro días internada en el Hospital Obrero, la adolescente falleció el lunes por la noche, luego de sufrir una descompensación repentina. El evento, que congregó a miles de personas, derivó en una avalancha humana que dejó múltiples heridos y generó conmoción nacional por la falta de control en el ingreso y la seguridad del recinto.

El director del Hospital Obrero, doctor Óscar Ayala, explicó que la menor había mostrado signos de recuperación tras ser trasladada de terapia intensiva a intermedia. Su evolución era favorable, con signos vitales estables y buen estado neurológico. Incluso pudo conversar con su madre horas antes de su fallecimiento. Sin embargo, cerca de las 21:00 horas, sufrió un paro cardiorrespiratorio que los médicos no lograron revertir. La causa preliminar apunta a una muerte súbita, posiblemente provocada por una arritmia o embolia pulmonar.

Las autoridades médicas continúan investigando las circunstancias exactas del deceso, mientras la sociedad exige respuestas sobre la organización del evento. La tragedia ha puesto en evidencia la necesidad urgente de revisar protocolos de seguridad en espectáculos masivos. El caso de María René, junto al de la primera víctima, se convierte en un llamado de atención para evitar que hechos similares se repitan.

La primera encuesta de Ipsos-Ciesmori para la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre revela un escenario de ventaja inicial para Jorge Tuto Quiroga, quien alcanza el 47% de intención de voto frente al 39,3% de Rodrigo Paz. Aunque la diferencia se amplía al considerar solo los votos válidos, el panorama está lejos de ser definitivo. El peso de los indecisos, los votos nulos y blancos, así como el electorado que aún no se identifica con ninguno de los candidatos, representa más de un tercio del total, lo que convierte esta elección en una contienda abierta y altamente dinámica.

El estudio también muestra cómo se han reconfigurado las lealtades políticas tras la primera vuelta. Quiroga logró capitalizar el respaldo de votantes que antes apoyaban a figuras como Doria Medina y Reyes Villa, mientras Paz enfrenta el reto de ampliar su base con un margen más estrecho. Sin embargo, los analistas advierten que esta transferencia de votos no es necesariamente estable: los apoyos podrían cambiar si Paz logra conectar con los sectores que aún no se sienten representados, especialmente jóvenes, indecisos y votantes urbanos.

Además, la percepción sobre los compañeros de fórmula añade otra capa de complejidad. Aunque Juan Pablo Velasco, del binomio de Quiroga, es visto como ligeramente más apto para liderar la Asamblea Legislativa que Edman Lara, del PDC, ambos enfrentan cuestionamientos sobre su experiencia y capacidad. Con los debates presidenciales en puerta y una campaña que aún busca definir sus ejes, el desenlace dependerá de quién logre movilizar mejor a ese electorado volátil que aún no ha tomado una decisión firme.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que, en coordinación con la Fiscalía Superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, durante una audiencia de procedimiento abreviado se logró demostrar que Erick A. O., de 31 años, es responsable del delito de Producción de Material de Abuso Sexual de Niña, Niño o Adolescente, tipificado en la nueva Ley N°1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Además, se le imputaron los delitos de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y Pornografía, cometidos contra su prima de 9 años, por lo que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer No. 7 de la Capital dictó una condena de 30 años de prisión en el penal de máxima seguridad de El Abra.

“Durante el desarrollo de la audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público acreditó y generó certeza ante la autoridad jurisdiccional sobre la autoría de Erick A. O., a través de los elementos de convicción colectados en etapa preliminar como el informe psicológico, las fotografías y videos obtenidos de un celular, material audiovisual de las agresiones sexuales que eran almacenados en un disco compacto, los informes del investigador, declaraciones testificales, valoración psicológica, entre otros, que permitieron que se emita la condena máxima”, explicó Tejerina.

El Fiscal asignado al caso, Juan Carlos Aguilera Numbela, detalló que estas agresiones ocurrieron en Vinto desde 2022, cuando la víctima tenía 6 años, y que el acusado fotografiaba y filmaba abusos que luego almacenaba en la nube. Durante el allanamiento, se incautó material audiovisual y se verificó el lugar donde se cometían los hechos.

Por su parte, la Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, destacó la aplicación efectiva de la Ley N°1636, la cual ofrece herramientas jurídicas actualizadas para enfrentar las nuevas modalidades de agresión sexual contra menores, y reafirmó el compromiso institucional de fortalecer su correcta implementación mediante capacitaciones al personal fiscal, judicial y policial, además de otras entidades involucradas en la atención a víctimas.