La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) comunicó este jueves que no participa en la organización del Debate Presidencial y Vicepresidencial convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que no recibió una invitación formal para ser parte del proceso. El primer debate está programado para el domingo 5 de octubre e incluye a los candidatos a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, y Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de cara al balotaje del 19 de octubre.

En un comunicado, la ANPB explicó: “Aclaramos que, en el marco de nuestro compromiso con la promoción de un periodismo ético, plural y responsable, el pasado mes de septiembre sostuvimos reuniones con autoridades del TSE y manifestamos nuestra plena disposición para participar en los debates de la etapa de balotaje. Sin embargo, el órgano electoral nunca concretó de manera oficial la invitación para que la ANPB forme parte de un proceso participativo de elaboración de las preguntas del debate”.

La Asociación recordó su participación en los debates de la primera fase electoral, en línea con su misión de promover la deliberación plural y un voto informado. Señaló que su ausencia en esta ocasión se debe exclusivamente a que el TSE no oficializó la convocatoria. También destacó que fue parte de la campaña ciudadana que demandó reformas legales para garantizar debates obligatorios, bajo la convicción de que, si el voto es obligatorio, los candidatos no deben poder excusarse y deben debatir públicamente sus propuestas. Informaron que seguirán abogando por estas reformas en la siguiente legislatura.

Finalmente, reiteraron que “la democracia se potencia con una deliberación democrática que garantice a la población el derecho a acceder a información de calidad para tomar decisiones libres e informadas en las urnas”.

Dos minibuses sufrieron una colisión la mañana de este jueves en la autopista que conecta La Paz con El Alto, muy próximo al puente Ferrobeni.
El accidente dejó al menos tres personas heridas que fueron trasladadas a centros de salud cercanos para recibir atención. Uno de los vehículos involucrados pertenece al servicio de transporte público y el otro a una empresa.

La Dirección de Bomberos acudió al lugar para asistir a los afectados por el choque.

Uno de los conductores indicó que sintió el “golpe” del otro vehículo mientras se encontraba recogiendo pasajeros.
La Dirección de Tránsito informó que los heridos se encuentran con un cuadro de salud estable. Además, el teniente Alejandro Montalvo, encargado de la investigación, señaló que los agentes están verificando si hay más vehículos involucrados en el accidente.

El exgerente de Emapa, Franklin Flores, y la exfiscal de obras Daniela Arancibia fueron beneficiados con detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000, pese a las graves acusaciones en su contra. La decisión judicial, asumida tras una audiencia de más de nueve horas, generó rechazo en el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, que investigan irregularidades en la construcción de una planta de procesamiento de papa en El Alto.

La obra, inaugurada en 2024 por el presidente Luis Arce con un costo anunciado de Bs 162 millones, fue construida en un terreno sin derecho propietario consolidado y con contratos modificados en varias ocasiones. A pesar de contar con 64 funcionarios asignados, la planta no opera, lo que ha sido denunciado como un “fiasco” por activistas y medios. Las investigaciones revelan inconsistencias patrimoniales en Flores, Arancibia y el administrador Marvel Vargas, cuyos ingresos no justifican los depósitos bancarios registrados.

El caso involucra a más de veinte funcionarios que podrían ser llamados a declarar. Las autoridades detectaron un incremento injustificado de Bs 241.905 en la cuenta de Flores, depósitos sospechosos en las cuentas de Arancibia, y más de Bs 1 millón sin respaldo en las finanzas de Vargas. Los tres enfrentan cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, mientras la polémica por la planta fantasma sigue creciendo.

La diputada María Elena Ortega, representante de Comunidad Ciudadana, generó polémica al solicitar públicamente que se entreguen celulares nuevos a los legisladores al finalizar su gestión. Durante una sesión en la Cámara Baja, Ortega argumentó que los dispositivos entregados por el Estado ya cumplieron su vida útil y que, al no recibir finiquitos ni beneficios de jubilación, deberían al menos conservar las herramientas de trabajo utilizadas durante su mandato.

Ortega, quien percibe un salario mensual de más de Bs 22.000, lamentó que los legisladores no cuenten con compensaciones al concluir su periodo. Aseguró que, pese a los ingresos acumulados en cinco años, no tienen derecho a jubilación ni indemnización, lo que considera injusto en comparación con otras instituciones. Su intervención fue transmitida en redes sociales, donde también apeló al presidente de la Cámara para que gestione un nuevo contrato con Entel que permita la entrega de celulares.

La diputada también cuestionó la devolución de activos como tabletas y teléfonos, señalando que han sido herramientas esenciales para su labor legislativa. Aunque no formará parte de la próxima Asamblea, Ortega insistió en que su pedido no es excesivo, sino una forma de reconocer el trabajo realizado. El Estado, por su parte, destina más de Bs 5 millones mensuales para cubrir sueldos y beneficios de los parlamentarios, incluyendo viáticos, transporte y alimentación.

La polémica por los tuits con contenido racista atribuidos a Juan Pablo Velasco, candidato a la Vicepresidencia por Alianza Libre, ha desatado una ola de indignación en organizaciones sociales del occidente del país. Pese a que Velasco niega la autenticidad de los mensajes y denuncia una “guerra sucia”, medios como Bolivia Verifica y ChequeaBolivia confirmaron la veracidad de los tuits publicados entre 2010 y 2011 desde la cuenta @Jpvel, lo que ha intensificado el escrutinio público.

Diversos sectores sociales, especialmente en El Alto, han declarado a Velasco como “persona no grata” y exigen su retiro de la contienda electoral. La Federación de Juntas Vecinales Emergente, gremios de constructores y trabajadores independientes han expresado su repudio, señalando que los mensajes reflejan una actitud discriminatoria que no puede ser tolerada en quienes aspiran a cargos de representación nacional. Incluso se evalúan acciones legales para exigir su renuncia.

En respuesta al escándalo, se han convocado manifestaciones en La Paz y otras ciudades, mientras líderes políticos y sociales insisten en que los debates democráticos deben estar libres de discursos de odio. La Asociación de Víctimas de Corrupción y Retardación de Justicia anunció protestas para hoy, y el Partido Demócrata Cristiano pidió disculpas públicas como gesto mínimo ante la gravedad del caso. La presión sobre Velasco crece, y el silencio oficial de Alianza Libre solo alimenta el descontento.