El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, comunicó que las investigaciones continúan en torno al asesinato del abogado Limber C. B., de 39 años, cometido el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Reyes Magos del municipio de Guayaramerín.
Según Mendoza, la Fiscalía ha presentado múltiples pruebas en el proceso, entre ellas actas de denuncia, informes policiales, fotografías tomadas en la escena del crimen y un certificado médico forense que detalla las lesiones presentadas por la víctima. A pesar del avance en la recopilación de evidencias, hasta el momento no se ha logrado la captura de los presuntos autores del delito.

Los fiscales encargados del caso indicaron que el proceso se encuentra en etapa preliminar. Se sabe que el abogado fue atacado a tiros por un individuo que se desplazaba en motocicleta y se acercó a la víctima para perpetrar el crimen.

Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), llegaron rápidamente al lugar para recabar indicios materiales que podrían ser clave en la investigación, como un dispositivo DVR de grabación y un teléfono celular. Estas evidencias serán sometidas a análisis para intentar identificar a los responsables y esclarecer los motivos del homicidio.
La Fiscalía reafirma su compromiso para llevar adelante una investigación exhaustiva y lograr justicia en este caso que ha conmocionado a la comunidad local.

La fiscal Jessica Echeverría, responsable de la investigación contra Luis Marcelo Arce Mosqueira por violencia doméstica, confirmó este lunes que existen pruebas contundentes para solicitar una detención preventiva, debido a la gravedad de las lesiones que presenta la víctima y a que los actos violentos habrían ocurrido en múltiples ocasiones.

Durante el fin de semana, la fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, aunque esta aún no se ha ejecutado hasta la fecha. La denunciante, pareja del acusado, fue sometida a un examen forense que determinó 12 días de impedimento, lo que refleja la seriedad de las heridas sufridas, explicó Echeverría. “Nosotros tenemos un certificado médico forense que indica que la víctima tiene 12 días de incapacidad médico legal, son 12 días de incapacidad. Quienes tienen digamos conocimiento y pueden hacer una valoración, significa que los golpes que ha sufrido la víctima han sido bastante fuertes”.

Además, la fiscal relató que, según el testimonio de la mujer, “no ha sido solamente una ocasión, han sido reiteradas ocasiones que ella ha sido víctima de violencia física y violencia psicológica”.
Echeverría aseguró que la víctima ha sido escuchada y ha recibido garantías de que el Ministerio Público velará por su protección. Un factor para la orden de aprehensión fue también la posibilidad de que el acusado pueda abandonar el país.

La fiscal advirtió que la víctima enfrenta “mucha presión, muchas amenazas”, pero reafirmó que en el Ministerio Público no habrá privilegios para nadie cuando se trata de defender a mujeres y niños.
El proceso judicial continuará incluso si la víctima decidiera retirar la denuncia, aunque hasta ahora ella no ha manifestado tal intención. La fiscal explicó que se trabaja con rapidez, imparcialidad y autonomía para que las víctimas que denuncian puedan obtener justicia.

Finalmente, señaló que queda a cargo de la Policía ejecutar la orden de aprehensión contra Arce Mosqueira y recalcó que la gravedad del caso y los 12 días de impedimento son razones para pedir una detención preventiva.
Echeverría también advirtió que no permitirá que su nombre sea utilizado para solicitar dinero a cambio de influencias en el proceso: “Si yo me entero que alguna persona está utilizando mi nombre para solicitar alguna suma de dinero, yo lo voy a denunciar ante anticorrupción, porque ya está de buen tamaño, que utilizan el nombre de quienes trabajamos y queremos un cambio en la justicia”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició la distribución de las papeletas para el balotaje del 19 de octubre, enviando el material a los tribunales electorales departamentales de Beni, Pando y Santa Cruz. En Beni se recibieron 30 cajas de boletas bajo resguardo policial, mientras que en Pando llegaron más de 80.000 papeletas con cadena de custodia. Santa Cruz recibió más de dos millones de boletas, que serán utilizadas para armar las maletas electorales en el Colegio Militar de Aviación.

Mientras la logística avanza, los candidatos presidenciales intensifican sus actividades proselitistas. La alianza Libre, encabezada por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, inauguró cien oficinas de campaña en El Alto, denominadas “Casas de la Libertad”, como parte de su estrategia territorial. Por su parte, el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz y Edman Lara, abrió una casa de campaña en La Paz, aunque sin la presencia de los postulantes.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, reiteró que cualquier denuncia de fraude debe estar respaldada por pruebas documentadas, rechazando discursos sin fundamento. En paralelo, continúa el proceso de excusas para los jurados electorales sorteados, quienes deben justificar su ausencia esta semana si cumplen alguna causal. Aquellos que sí ejercerán el rol iniciarán su capacitación en los próximos días, en preparación para una jornada electoral que se perfila como decisiva.

La campaña electoral rumbo a la segunda vuelta del 19 de octubre se torna cada vez más tensa. Un grupo de encapuchados difundió un video en redes sociales en el que critica duramente al candidato a la Vicepresidencia por el PDC, Edman Lara, por sus declaraciones sobre un presunto fraude electoral. Los voceros anónimos acusaron al político de generar miedo y desconfianza, y lo señalaron como responsable de intentar deslegitimar el proceso democrático.

En el mensaje, los encapuchados afirmaron que estarán “vigilantes” durante la jornada electoral, cuidando “cada mesa, cada acta y cada voto”. También lanzaron críticas al socialismo, al que calificaron como un pasado de “corrupción, abuso y manipulación”, y exigieron respeto por todos los votos, sin importar la tendencia política. “La democracia no se mide por amenazas, sino por la voluntad del pueblo”, expresaron con tono desafiante.

Las declaraciones de Lara han generado controversia en los últimos días, al punto que el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, advirtió que sus palabras podrían provocar desinformación e incertidumbre. El grupo encapuchado concluyó su pronunciamiento con un llamado a la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos, asegurando que responderán con firmeza ante cualquier intento de desconocer los resultados del balotaje.

Una tragedia sacudió a la ciudad de Oruro la noche del domingo, cuando una avalancha humana durante una fiesta estudiantil provocó la muerte de una menor y dejó a otra en terapia intensiva. El evento se realizaba en las instalaciones de una unidad educativa y contaba con la presentación del grupo musical Sangre Cumbiera. Según el fiscal departamental Aldo Morales, el incidente se originó cuando uno de los integrantes del grupo se lanzó al público en un espacio reducido, generando un “efecto dominó” entre los asistentes.

La Fiscalía confirmó este lunes la aprehensión del cantante involucrado y de la directora del colegio, quienes ahora enfrentan una investigación por presunto homicidio culposo. El fiscal Morales señaló que el músico “no midió consecuencias” al realizar su acción, mientras que la directora habría autorizado el evento sin contar con el permiso correspondiente de la Dirección Distrital de Educación, que previamente había negado la solicitud para realizar la actividad.

Raúl Villca, director distrital de Educación de Oruro, calificó la fiesta como una “actividad irregular” por no cumplir con los requisitos de seguridad ni contar con la autorización oficial. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer responsabilidades, mientras la comunidad educativa lamenta profundamente el desenlace de una celebración que terminó en tragedia.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por el ingreso de un frente frío que afectará desde este lunes 22 de septiembre a siete departamentos del país: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. Este fenómeno provocará un descenso brusco de temperaturas, que oscilará entre 6°C y 12°C por debajo de los valores habituales en cada región, y se extenderá hasta el miércoles 25.

Las provincias más expuestas incluyen zonas de los Yungas y el norte paceño, el Chapare cochabambino, el Chaco tarijeño y gran parte del oriente boliviano. Además del frío, se prevén vientos moderados a fuertes en dirección sur-sudeste, con ráfagas que alcanzarán entre 40 y 70 km/h en Tarija y Chuquisaca, y hasta 90 km/h en Santa Cruz. Estas condiciones podrían afectar la actividad agrícola, el transporte y la salud de personas vulnerables.

Senamhi recomienda tomar precauciones ante el cambio climático repentino, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. Se aconseja abrigarse adecuadamente, proteger cultivos sensibles y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento. Las autoridades locales están en alerta para coordinar acciones preventivas y brindar asistencia en caso de emergencias climáticas.

Desde este lunes 22 de septiembre, los ciudadanos sorteados como jurados electorales para la segunda vuelta presidencial tienen siete días para presentar excusas justificadas ante los tribunales electorales departamentales. Las causas válidas incluyen enfermedad, embarazo, edad mayor a 60 años, fuerza mayor o traslados laborales imprevistos, y deben estar respaldadas por documentación oficial. En zonas rurales, se aceptarán certificados médicos locales, según confirmó Sonia Yujra, presidenta del TED de La Paz.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) advirtió que quienes no presenten excusas dentro del plazo o incumplan sus funciones como jurados enfrentarán sanciones económicas. Las faltas leves, como no asistir a reuniones o ausentarse sin permiso, pueden acarrear multas de hasta Bs 825. En casos graves, como abandonar la mesa sin justificación o negarse a firmar el acta electoral, la sanción asciende a Bs 1.375, equivalente al 50 % del salario mínimo nacional.

Además de cumplir con sus funciones el día de la elección, los jurados deberán asistir a una capacitación obligatoria entre el 26 de septiembre y el 15 de octubre en áreas urbanas, y del 7 al 16 de octubre en zonas rurales. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, recordó que esta es la primera vez que Bolivia realiza un balotaje, y que los jurados serán protagonistas clave en el control de las más de 34.000 mesas habilitadas. El trámite de excusa también puede realizarse en línea a través de la plataforma ciudadana del OEP.

Durante su programa dominical en Radio Kawsachun Coca, Evo Morales y el diputado Héctor Arce del MAS lanzaron duras críticas contra las fórmulas presidenciales opositoras. Arce señaló una “descoordinación total” entre Rodrigo Paz y Edmand Lara, candidatos del PDC, al considerar que sus propuestas no están alineadas y que Lara no comprende el rol institucional del vicepresidente. Morales respaldó esta postura, calificando la situación como preocupante para el electorado boliviano.

El expresidente también arremetió contra la dupla de la alianza Libre, compuesta por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco. Morales cuestionó la doble nacionalidad de Quiroga y la falta de respuesta sobre el estatus de sus hijos, insinuando que esto podría comprometer la soberanía nacional. Además, Arce recordó que el padre de Velasco estuvo vinculado a la quiebra del Banco Fassil, lo que, según él, genera dudas sobre la credibilidad del binomio.

Morales fue consultado sobre la nacionalidad española de Rodrigo Paz, pero afirmó no tener información al respecto, aunque insistió en que el caso de Quiroga está “totalmente confirmado”. Finalmente, advirtió que cualquier intento de reintroducir a la DEA en Bolivia violaría la Constitución, que prohíbe la presencia de fuerzas extranjeras armadas en el país, reforzando su postura de defensa de la soberanía nacional.