El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció que este jueves se implementó una alerta migratoria contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente del Estado, quien está siendo investigado por un presunto caso de violencia familiar o doméstica. La autoridad afirmó que cumplirán con esta medida y recordó que recientemente la Policía realizó allanamientos en la vivienda donde residía la pareja, ubicada en Santa Cruz de la Sierra.

“En los pasados días, la Policía Boliviana continuó con las labores investigativas y se han ejecutado allanamientos en cumplimiento de la orden de aprehensión. Hemos manifestado de manera puntual que la Policía Boliviana dará cumplimiento a dicha orden y realizará su trabajo. Por ello también se han tomado declaraciones y, este mismo día, se procedió a notificar con la respectiva alerta migratoria a las distintas instancias. Asimismo, se emitieron los requerimientos fiscales que ya fueron notificados por parte de los investigadores policiales”, explicó Ríos, en relación al caso del hijo del presidente. También señaló que tienen el compromiso de respetar las resoluciones de las autoridades competentes.

Recientemente se informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) envió una solicitud a la Dirección de Migración para investigar los movimientos migratorios del acusado.
La orden de aprehensión contra Marcelo Arce fue dictada por la Fiscalía de Santa Cruz el viernes 19 de septiembre, tras la denuncia de su expareja, quien lo acusó de agresión física que le ocasionó un impedimento de 12 días, según constata un informe médico forense. Durante la investigación, la Fiscalía y la Policía allanaron el departamento de Marcelo Arce en Santa Cruz y recolectaron evidencias. Además, notificaron a los dueños del edificio para que entreguen las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el fin de continuar con las diligencias.

Los Artistas Unidos Autoconvocados hicieron público este jueves un pronunciamiento en el que exigen que un medio de comunicación y el periodista que trabaja para él ofrezcan disculpas públicas al cantante de Sangre Cumbiera, Percy Ríos, involucrado en la avalancha humana que causó una muerte en Oruro.

“Los Artistas Unidos Autoconvocados de Bolivia expresamos nuestro enérgico repudio al constante acoso y hostigamiento que sufren nuestros artistas por parte de la prensa nacional, en particular por el accionar del periodista Misael Murillo, de la Red Bolivisión Oruro, quien con actitudes provocadoras y carentes de ética profesional ha atentado contra la dignidad de los músicos y de la cultura nacional”, señala la primera parte del pronunciamiento. Luego de ser liberado el martes por la noche, el cantante de la banda Sangre Cumbiera fue rodeado por periodistas, entre ellos uno del canal mencionado por los artistas. Al intentar declarar, arrebató el micrófono de ese reportero y lo lanzó al aire.

“Manifestamos nuestro repudio absoluto al comportamiento del periodista Misael Murillo, cuya actitud provocadora no se enmarca en los principios del periodismo responsable y evidencia una falta de respeto hacia el arte, la música y sus protagonistas”, declaró la organización.

Los artistas condenaron el «acoso a los artistas» y anunciaron un “veto a Bolivisión hasta que asuma una posición seria de respeto hacia los artistas bolivianos, comprometiéndose a cesar los ataques y a garantizar que hechos similares no se repitan». Además, exigen disculpas tanto del medio como del periodista involucrado y de otros presentadores del mismo canal, a quienes acusan de difundir «información no verídica”.
De no recibir una respuesta en tiempo y forma, anunciaron que presentarán una denuncia formal ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP).

La fiscal Jessica Echeverría informó este martes sobre nuevos hallazgos en la investigación por violencia doméstica contra Luis Marcelo Mosqueira tras el allanamiento al departamento que compartía con su pareja en Santa Cruz.

Según la fiscal, la vivienda donde residía la pareja estaba en anticrético a nombre de un trabajador de YPFB, y el dueño desconocía que el hijo del presidente habitaba allí. “La persona que es propietaria del apartamento desconocía que el señor Marcelo Arce Mosqueira vivió en su apartamento durante un año. Es decir, él le da en anticrético de este apartamento a un tercero, a una persona que trabaja en YPFB, y desconocía que él con la víctima estaba viviendo allí”, explicó.

Luis Marcelo Arce fue funcionario de YPFB y fue investigado por presuntas irregularidades en la compra de llantas, aunque ese caso fue cerrado. También se le vinculó con el caso Botrading y con Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos, quien dijo haber incluido a Marcelo en un vuelo desde Paraguay porque “lo conocía”.

La mencionada vivienda es el lugar donde, según la denuncia, Arce agredió a su pareja, causándole 12 días de incapacidad. La víctima declaró que los episodios de violencia eran recurrentes, según lo informado por la fiscal.
Echeverría detalló que testimonios de personas cercanas al departamento confirmaron haber escuchado llantos y peleas en el lugar. “Indican que en otras ocasiones escucharon a la víctima llorando, escucharon peleas”, precisó.
La investigación continúa, aunque Marcelo Arce no se ha presentado y la orden de aprehensión no ha podido ser ejecutada.

La directora del colegio Juan Misael Saracho en Oruro, involucrada en la muerte de una estudiante durante un concierto en su institución, recibió detención domiciliaria con permiso para trabajar. Al salir de la audiencia del martes, fue recibida con aplausos por un grupo de padres y brindó sus primeras declaraciones públicas.

Dirigiéndose a la gente, la directora expresó su conmoción por la tragedia: “Todo el sufrimiento, todo el dolor que he vivido, yo creo que no se compara con el dolor que están viviendo las familias dolientes, para ellos quiero expresar mis más sentidas condolencias y decirles que toda la familia del colegio está triste, principalmente mi persona”.

El juez cautelar Nº 4 de Oruro le impuso la medida de detención domiciliaria, una fianza de 5.000 bolivianos, arraigo nacional y la obligación de presentarse ante la Fiscalía cada 15 días.
Se informó que la directora habría autorizado la realización del evento, aunque los padres habrían solicitado el permiso a autoridades locales, y la Dirección Distrital negó la licencia, según explicó el fiscal Aldo Morales. Con voz entrecortada, la directora destacó que el dolor es mayor porque una víctima pertenecía a su comunidad. Finalizó agradeciendo a los padres y diciendo: “Una vez más les puedo decir misión cumplida, les he representado y voy a hacerlo siempre en las buenas y en las malas porque ustedes merecen también eso”.

Por otro lado, el vocalista del grupo Sangre Cumbiera, detenido tras la tragedia el domingo, fue liberado el martes. En el concierto, una avalancha humana provocó la muerte de una joven de 18 años y dejó en coma a otra de 16.
Las investigaciones preliminares indican que la primera avalancha ocurrió en la entrada del colegio, cuando la multitud empujó las puertas internas y un barandal metálico cayó sobre las víctimas. Luego, dentro del evento, el vocalista se lanzó al público, causando un efecto dominó que generó una segunda estampida.

La escasez de combustible no es el único problema que enfrentan los transportistas en Bolivia. Este martes, choferes y mecánicos en La Paz denunciaron que la gasolina importada estaría perjudicando los motores de los vehículos.

El mecánico José Quinteros señaló que “están llegando muchos carros con el filtro de gasolina dañado porque la gasolina que están trayendo es pésima, es mala. Los motores se malogran, los filtros pierden fuerza, pierden potencia”. Frente a esta situación, los propietarios tienen que buscar repuestos que han subido considerablemente de precio por la escasez de dólares en el país.
“Los repuestos han subido una barbaridad. Los que costaban 100 bolivianos, ahora están en 500 pesos, y los dueños no tienen el presupuesto”, agregó Quinteros, quien también destacó que la cantidad de autos en mal estado que llegan a su taller ha aumentado. Según él, “de un 100%, un 50% ya viene con problemas. Mire los carros que tengo en mi taller”.

Por su parte, los choferes manifestaron su descontento por la mala calidad del combustible y el aumento en el precio de los repuestos. Un transportista comentó: “Ya varias veces nos falla el filtro de gasolina. En mi caso, he cambiado como tres veces en una semana. Antes costaba entre 20 y 25 pesos, ahora está entre 70 y 80 pesos”.

Armin Dorgathen, presidente de YPFB, reapareció este martes en la Fiscalía de La Paz para brindar su declaración informativa sobre el caso Botrading, relacionado con presunto sobreprecio en la importación de combustibles. Su presencia fue sorpresiva, ya que se conocía que había salido del país. Al concluir su testimonio, salió rápidamente del edificio sin emitir mayores comentarios, salvo una breve confirmación a la prensa.

El caso ha sido objeto de investigación por una comisión de la Cámara de Diputados, que remitió su informe a la Fiscalía, la Contraloría y la Presidencia. La indagación apunta a operaciones realizadas por una subsidiaria de YPFB en Paraguay, donde se habrían registrado irregularidades en la compra de combustibles. El abogado de Dorgathen aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar con el proceso judicial.

La semana pasada, el exejecutivo de YPFB Logística, Félix Cruz, fue enviado a prisión preventiva por su presunta implicación en el mismo caso. Las autoridades continúan recabando testimonios y documentos para esclarecer el alcance de las responsabilidades. El pedido de arraigo para los involucrados sigue vigente, mientras se espera que la investigación avance hacia nuevas revelaciones.