El gobernador de La Paz, Santos Quispe, urgió al Gobierno nacional de Luis Arce a realizar la transferencia de recursos provenientes del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) para cubrir servicios esenciales, incluyendo el pago de prediarios a los reclusos de la región. “Nosotros, hasta el día de hoy pedimos al Gobierno nacional que de una vez deposite, porque están haciendo sufrir a los reclusos penitenciarios. Ese es el problema y nos echan la culpa directamente a la Gobernación”, señaló Quispe en conferencia de prensa.

El gobernador aseguró que los fondos serán depositados a las cuentas del Régimen Penitenciario tan pronto se reciba el monto adeudado por el Ministerio de Economía. Explicó que cinco notas formales han sido enviadas desde julio hasta septiembre, solicitando el pago sin obtener respuesta: “Hemos mandado el 2 de julio, una nota, no hay respuesta; el 11 de julio, dos notas; 17 de julio, 23, cuatro notas y el 11 de septiembre, cinco cartas para que depositen de una vez”.

El monto pendiente que debe transferir el Gobierno nacional a la Gobernación de La Paz asciende a Bs 62.210.300, destinado a cubrir varios servicios como el bono de vacunas al personal de salud, alimentación en centros de acogida, seguridad ciudadana y atención de emergencias. De esta cifra, Bs 34.596.000 corresponde exclusivamente para la alimentación anual de los reclusos.
Quispe informó que el pago de los prediarios se realizó hasta marzo con fondos departamentales y que actualmente esperan la transferencia de Bs 42 millones para continuar con los depósitos a las cárceles. “También pagamos servicios básicos. Nosotros ¿de dónde vamos a sacar si se ha pagado hasta marzo?, estamos esperando a que el Gobierno deposite los 42 millones de bolivianos para ya depositar a cuentas de las cárceles”, concluyó.

En la última semana, la Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, identificó tres hechos de intolerancia en un clima marcado por la polarización electoral y la crisis económica. “Como Defensoría del Pueblo, siempre abogamos por una cultura de paz, de diálogo y de entendimiento, en un espacio democrático. Esta polarización (…) nos lleva justamente a confrontaciones innecesarias, existen estos espacios de debate y campaña, y no debería realizarse en medio de una confrontación que vaya a vulnerar nuestros derechos”, manifestó Martín Torrico, responsable del Observatorio.

Entre los incidentes destaca la agresión por parte de un grupo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) contra el recién nombrado director departamental del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), a quien desalojaron por la fuerza de sus oficinas mientras recibía insultos y golpes. También se registraron agresiones verbales y físicas a una activista en una universidad pública, así como a una ex autoridad gubernamental en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

Torrico recordó que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en origen, cultura, ideología, filiación política u otros motivos que vulneren los derechos de las personas. Añadió que la Ley N° 045 “Contra el Racismo y toda forma de Discriminación” y tratados internacionales vigentes regulan y sancionan estos actos.
“El Estado debe dar cumplimiento explícito a estos instrumentos internacionales y recomendaciones que ya fueron realizadas por parte de la Defensoría del Pueblo hacia los órganos del Estado para dar su debido cumplimiento”, afirmó Torrico.

Finalmente, advirtió que el discurso polarizado ha ganado terreno en la esfera pública y en varios casos ha derivado en agresiones como una forma de rechazo, lo que representa un riesgo serio ante el contexto electoral y la posible repetición de estos hechos.

Entre 2021 y 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó 58.286 nuevas conexiones de gas natural domiciliario en el departamento de Cochabamba. “En los últimos cuatro años, hemos dado de alta 58.286 conexiones de gas natural domiciliario en este departamento. Apuntamos a que una mayor población tenga acceso al gas natural domiciliario y así mejorar su calidad de vida”, destacó Alejandra Pérez Cabrera, gerente de Redes de Gas y Ductos de YPFB.

Durante este período, la empresa estatal invirtió alrededor de 57,85 millones de dólares en el Sistema de Distribución de Gas Natural, recursos destinados a la construcción de Estaciones Distritales de Regulación (EDR), City Gates, y el tendido de redes primarias y secundarias, además de instalaciones internas y acometidas.
Estas obras no solo fortalecieron la infraestructura energética, sino que generaron empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo económico y social de la región. YPFB continúa con el compromiso de ofrecer servicio de gas natural domiciliario para cubrir la demanda creciente y mejorar el bienestar de la población cochabambina.

Según datos históricos, Cochabamba suma 279.449 instalaciones internas habilitadas, beneficiando a más de 1,3 millones de usuarios. Para 2025, se proyecta construir 11.400 conexiones más.
En el marco de las “200 obras del Bicentenario” por la fundación de Bolivia, YPFB entregó recientemente instalaciones en categoría doméstica, incluyendo redes primarias, secundarias, acometidas y 649 nuevas conexiones en los municipios de Colcapirhua y Tiquipaya, en la provincia Quillacollo. Además, las localidades de Arani, Vacas, Punata, San Benito y Villa Rivero recibieron 1.228 conexiones adicionales.
La instalación de gas domiciliario representa uno de los proyectos sociales más significativos del Gobierno Nacional y YPFB, facilitando a las familias cochabambinas un ahorro importante al utilizar gas natural en lugar de dos garrafas mensuales de Gas Licuado de Petróleo.

Un motín estalló este martes 16 en la cárcel de San Pedro de La Paz debido al impago de los prediarios durante los últimos cinco meses, evidenciando la grave crisis en el sistema penitenciario del departamento. Los internos protestaron desde los techos del penal con ollas vacías, exigiendo el pago pendiente, mientras las autoridades departamentales y nacionales se responsabilizan mutuamente por la falta de recursos.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, señaló directamente al presidente Luis Arce como responsable y afirmó que “hasta el día de hoy pedimos al Gobierno nacional que de una vez deposite porque están haciendo sufrir a los reclusos penitenciarios. Ese es el problema y nos echan la culpa directamente a la Gobernación”. Quispe explicó que ha enviado cinco notas formales al Ministerio de Economía solicitando la transferencia de los fondos del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) pendientes.

El gobernador detalló que la deuda del gobierno central con la Gobernación paceña asciende a 62.210.300 bolivianos, de los cuales 34.596.000 están destinados a la alimentación anual de los reclusos. También señaló que con recursos propios lograron cubrir los prediarios solo hasta marzo, pero que ahora carecen de fondos para continuar con los pagos. “Nosotros ¿de dónde vamos a sacar si se ha pagado hasta marzo? Estamos esperando a que el Gobierno deposite los 42 millones de bolivianos”, manifestó Quispe.

Desde el interior del penal, un representante de los reclusos describió la desesperada situación: “Estamos pidiendo, por favor, que se cancele los seis meses que se debe de la Gobernación. Son seis meses que estamos casi sin comer. Hay gente que ha perdido toda su familia, no tiene nadie que le pueda dejar un pan”, declaró a medios locales.
Mientras tanto, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó el motín y exhortó a la Gobernación de La Paz a cumplir con su obligación de garantizar los servicios básicos en las cárceles.
Quispe garantizó que una vez recibidos los recursos del Gobierno nacional, realizará inmediatamente los depósitos correspondientes a las cuentas del Régimen Penitenciario, aunque los reclusos siguen sufriendo por la falta de alimentación.

El dirigente de la Asociación de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, advirtió este martes que el pasaje del transporte público podría aumentar hasta Bs 7 si el próximo Gobierno decide eliminar la subvención a los combustibles. Tancara rechazó un levantamiento abrupto del subsidio, calificando al combustible como “un líquido vital” para la operación del transporte.
En su llamado a los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre), quienes competirán en la segunda vuelta presidencial, pidió respeto a la subvención, ya que de lo contrario será inevitable el incremento en las tarifas. “Si levantan la subvención y venden el combustible a precio internacional, nosotros actualizamos al precio internacional el pasaje; lamentablemente, va a subir arriba de 6 o 7 bolivianos el pasaje en La Paz”, explicó en una entrevista.

También alertó sobre el impacto que esta medida tendría en pequeños productores y transportistas, quienes a diario trabajan y mantienen relaciones con entidades bancarias. “Obviamente, el golpe sería fuerte si ya no hay subvención a los carburantes”, afirmó.
Tancara recordó que el sector ha presentado un proyecto planteando que algunos sectores, como agroindustriales y empresas mineras con acceso a divisas internacionales, podrían adquirir gasolina a precio internacional o importar directamente, por lo que un aumento gradual comenzando por estos grupos sería más justo. “Si hay un aspecto gradual, bienvenido; pero que empiecen con aquellos que tienen la posibilidad y solvencia económica para comprar gasolina a precio internacional”, reclamó.

En el contexto actual, el país enfrenta desabastecimiento de diésel, lo que genera largas filas de transportistas en las estaciones de servicio. El transporte y sectores productivos están en emergencia mientras el Gobierno reconoce la falta de divisas para aumentar la importación. En 2024, el Estado destinó 2.381 millones de dólares para importar y subsidiar carburantes.

Naoki Ishida, vocalista de la agrupación musical Explosión Cumbiera, falleció tras cumplir una apretada agenda de presentaciones durante el fin de semana. La noticia del deceso se difundió en las redes sociales la noche del lunes 15 de septiembre, inicialmente con mensajes de colegas y luego confirmada por el grupo con un emotivo comunicado.
La agrupación expresó en su despedida: “El destino ha querido que estemos separados… lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor. Siempre rompiste los escenarios y diste lo mejor de ti en todo momento. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Naoki Ishida”

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que Naoki murió debido a una broncoaspiración, según el informe de autopsia. El cantante ingresó al Hospital San Francisco de Asís, en la zona Villa El Carmen, con un paro cardio-respiratorio. La Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo y los médicos forenses determinaron que la causa principal fue una asfixia mecánica por broncoaspiración.
Frank Vásquez, fiscal de delitos contra la vida, detalló que aún se investigan las circunstancias que provocaron la broncoaspiración, indicando que se recogieron elementos en la autopsia que serán analizados para esclarecer el caso.

Este triste suceso ocurre a menos de tres meses del fallecimiento de Hiroshi Claudio Ishida Ruiz, hermano de Naoki y también músico reconocido en el ámbito boliviano bajo el nombre artístico de Ocasional Talento.
Naoki había mostrado en sus redes sociales una motivación para seguir adelante, incluso tras hablar de momentos difíciles como la depresión, con mensajes que se viralizaron en las últimas horas, reflejando la fuerza con que enfrentaba la vida y su carrera musical.

La concejala Lucía Mamani informó que el Ministerio Público ordenó a su colega Lourdes Chambilla someterse a terapia psicológica, tras un intento de agresión ocurrido durante una sesión del Concejo Municipal en abril. Además, Mamani recibió medidas de protección que prohíben a Chambilla acercarse a ella, aunque denunció que esta disposición no ha sido respetada, ya que la edil continúa asistiendo a las sesiones del pleno donde ambas coinciden.

El conflicto se intensificó este lunes cuando Chambilla, a través de su abogado, presentó una denuncia por presunta violencia política contra nueve de los once concejales del ente deliberativo. Entre los denunciados figuran representantes del MAS y de agrupaciones oficialistas, incluyendo a Mamani. La denuncia fue admitida y se dictaron medidas restrictivas para que los acusados no se acerquen a Chambilla, en medio de un clima de tensión institucional.

La raíz del enfrentamiento se remonta a la sesión del 29 de agosto, en la que Chambilla perdió la presidencia del Concejo y fue electo Jorge Dulon. Durante ese encuentro, se registraron nuevos actos de agresividad por parte de Chambilla, quien empujó a Dulon en más de una ocasión y también confrontó al concejal Lucio Quispe. El episodio refleja una creciente polarización dentro del órgano deliberativo paceño, que ahora enfrenta un complejo escenario legal y político.