Ante la propuesta electoral de legalizar los autos ‘chutos’ (indocumentados) que se encuentran en el país, los choferes del transporte público de La Paz dicen que no permitirán la legalización de estos motorizados. “Vamos a ratificar nuestra posición, no aceptaremos la legalización de los vehículos ‘chutos’”, declaró Santos Escalante, ejecutivo de los choferes de Chuquiago Marka.
Pese a que la propuesta electoral aún no se ha concretado, Escalante calificó como “atentatoria” la iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula a Jaime Paz a la Presidencia y a Edmard Lara a la Vicepresidencia. “Esto va a traer un conflicto grande en lo que es el transporte. Están ingresando vehículos indocumentados por la frontera, nosotros no vamos a aceptar la legalización de estos vehículos porque prácticamente va a saturar todo el transporte en todos los departamentos de La Paz”, afirmó el dirigente.

En la pasada jornada, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó que, en lo que va del año, se han secuestrado 240 vehículos ‘chutos’ (indocumentados), los cuales fueron puestos a disposición de la Aduana boliviana. Además, la autoridad indicó que, en las últimas semanas, se han identificado siete pasos ilegales por los cuales se pretende internar autos indocumentados. Estos puntos se encuentran en la frontera con Chile.

Este viernes, la Policía informó sobre la aprehensión de uno de los hombres acusados de someter a un sujeto a una feroz golpiza y posteriormente rociarle con alcohol y vino, supuestamente con la intención de ofrendarlo como sullu.
“Se ha podido identificar a un hombre que se ha presentado de manera espontánea a la Fiscalía y a partir de ello la autoridad determina su aprehensión”, manifestó Gabriel Nieme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. Según el jefe policial, tras la denuncia realizada por la víctima y su familia, la Policía comenzó a revisar las cámaras de seguridad y se identificaron a las personas que presuntamente participaron en las agresiones.

“En las siguientes horas será puesto (el aprehendido) a conocimiento de la autoridad jurisdiccional que determinará su situación procesal”, agregó Nieme.
A fines de agosto, una mujer denunció que su hermano fue víctima de una grave golpiza y, por la forma en que fue encontrado, sospechan que los agresores pretendían ofrendarlo.
Según el relato, la víctima, Yusef, se reunió con un amigo y fueron a un local nocturno donde pidieron algo para beber. De repente, una mujer acompañada por dos hombres los acusó de robar un celular, y al negar la acusación comenzaron a golpearlos con puños y patadas. Jackeline, hermana de Yusef, indicó que siete personas, entre hombres y mujeres, participaron en la agresión.

“Han hecho que pida por su vida, él ha clamado por su vida. Luego se lo llevaron por más de seis horas”, señaló Jackeline.
Yusef fue encontrado cerca de la casa de su novia con la boca llena de coca y rastros evidentes de haber sido rociado con alcohol y vino. “Él estaba botado en el piso con la boca llena de coca, challado con alcohol y vino. Creemos que lo iban a dar como una ofrenda”, añadió Jackeline.

En medio de la polémica por la visita de la activista de Mujeres Creando, María Galindo, a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el dirigente gremial alteño, Toño Siñani, repudió a la activista y la acusó de haber faltado el respeto a los estudiantes universitarios. “Me siento muy indignado que la señora Galindo pueda subir a la ciudad del Alto; uno, a discriminar; dos, a mellar a nuestros estudiantes; tres, lo peor es que venga a maltratar a nuestros estudiantes”, declaró Siñani ante los medios.
El dirigente gremial denunció que Galindo mostró gestos ofensivos a los jóvenes, entre ellos el dedo medio, y cuestionó su presencia en la universidad alteña. “Cuando muestra la señora Galindo un dedo así a nuestros estudiantes es falta de respeto. Ahora los jóvenes, los niños, así están mostrando por culpa de esta loca de María Galindo ¿Qué ejemplo está dando a la sociedad?”, reclamó Siñani molesto.
Recordó que la creación de la UPEA fue fruto de décadas de lucha social alteña y que no se tolerará ninguna provocación. “¿Qué tiene que ver esta señora? Nosotros, para crear la Universidad Pública del Alto, nos hemos movilizado más de 25 años y ahora (…) una señora que es de la zona Sur, como María Galindo, que venga a El Alto a discriminar”, cuestionó.

Siñani también apuntó a la figura pública de la activista feminista, quien se molestó con los universitarios por referirse a ella como ‘señora’. “Cuando los jóvenes te dicen señora es porque ya eres viejita, ya eres mayor y en El Alto sabemos respetar a la tercera edad”, añadió.
“Como gremiales de la ciudad de El Alto no vamos a permitir que una señora como la Galindo venga a faltar respeto a nuestros estudiantes”, advirtió y retó públicamente a Galindo a debatir con él. “Le reto a la Galindo a un debate con el Toño Siñani, ¿o tienes miedo, o vas a gritar? (…) Aquí tiene que respetar a los alteños”, complementó.

El dirigente también anunció acciones concretas sobre denuncias en la casa de estudios superiores de El Alto. “Nosotros como gremiales vamos a utilizar la ley 341, que es para control social y vamos a ir a fiscalizar a la UPEA. Vamos a mandar una carta al señor rector para reunirnos y que nos den claridad de lo que está pasando con los actos de corrupción que están denunciando”, declaró.
El conflicto se desató cuando Galindo acudió a la UPEA tras ser invitada por estudiantes para pronunciarse sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral del centro de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas. Su presencia fue rechazada y luego de retar a los universitarios a sacarla, fue expulsada a empujones. El hecho fue grabado y ampliamente compartido en redes sociales.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, aseguró este viernes que el alza en el precio de la carne de res no se debe a la exportación, sino a problemas en el transporte causados por la falta de combustible, principalmente diésel. Informó que existen 44.000 toneladas certificadas para exportación y que los ganaderos planean aumentar la producción en los próximos meses.
“En el tema de la carne, sí evidentemente es un factor, ya que tenemos información, que los transportistas están elevando su precio por el traslado de la carne de res, no sólo ellos, sino con seguridad todos los que trasladan alimentos, por la falta de diésel. Vamos a hacer los esfuerzos de seguir coordinando”, afirmó Flores en conferencia de prensa.
El ministro explicó que con la producción suficiente y la apertura de mercados internacionales como Egipto y Chile, el precio de la carne no debería subir, ya que estos nuevos nichos reflejan la capacidad para abastecer tanto al mercado interno como al exterior.

“Entonces, entendemos que el alza tiene que ver con el tema de combustible y vamos a seguir coordinando con el ministerio de hidrocarburos, porque hay la cantidad de carne suficiente, sino que es el transporte el que sube su precio por el kilo gancho transportado”, insistió.
Flores añadió que, además de las 44.000 toneladas certificadas para exportación este año, se evaluará la posibilidad de aumentar el volumen exportado, y destacó el compromiso de los ganaderos para incrementar la producción.
Estas declaraciones se producen luego de que comerciantes de carne advirtieran que la apertura de mercados como Egipto o Chile impactará en el precio final, el cual actualmente se mantiene por encima de los 60 bolivianos el kilo, llegando hasta 80 bolivianos según el tipo de corte, sin mostrar una baja significativa por debajo de los 50 bolivianos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur manifestaron su preocupación por las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por graves violaciones de derechos humanos en las masacres de Senkata y Sacaba ocurridas en 2019.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, valoró este viernes dichos pronunciamientos y advirtió que la liberación en ambos casos podría sentar un “nefasto precedente” en la historia boliviana. “Es importante garantizar que estas víctimas tengan justicia, que esa justicia llegue de manera oportuna y, sobre todo, recordar que hay familias que no van a volver a tener a sus seres queridos. De lo contrario, esto resultaría un nefasto precedente en nuestra historia boliviana”, declaró en conferencia de prensa.

Los organismos internacionales resaltaron además la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, que el 9 de septiembre de 2025 ratificó la resolución que confirma la nulidad en el caso Senkata. Saravia destacó que estas investigaciones surgieron tras una visita in situ en Bolivia, que permitió a expertos internacionales interactuar directamente con las víctimas y familiares.
La ministra subrayó que el Estado tiene la obligación de cumplir con compromisos internacionales en derechos humanos, garantizando justicia oportuna y evitando la revictimización de las víctimas. Aunque el Gobierno respeta las decisiones del Órgano Judicial, recordó que existen recomendaciones internacionales que Bolivia debe acatar.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Gabriel Neme Ballón, lamentó este viernes que un juez cautelar de la ciudad de El Alto haya ordenado la libertad pura y simple para una mujer aprehendida por ofrecer explosivos ANFO y dinamitas a través de redes sociales.
La autoridad policial explicó que la venta de estos artefactos está regulada por la ley y no puede realizarse sin autorización. “El caso fue puesto a conocimiento de la Fiscalía y la persona aprehendida fue puesta ante el juez cautelar, pero lamentablemente la autoridad jurisdiccional determinó la libertad pura y simple para esta mujer que vendía explosivos por las redes sociales”, afirmó en conferencia de prensa.

Según el trabajo de inteligencia policial, tras un rastreo en redes sociales se identificó a una mujer de entre 30 y 35 años que ofrecía 20 bolsas de ANFO, a un precio de entre Bs 900 y 1.000 cada una, además de una caja de dinamitas cuyo valor oscilaba entre Bs 15 y 20 por unidad. Todos estos elementos fueron incautados por la Policía y la Unidad de Bomberos, quienes los trasladaron a un lugar seguro para proteger a la población de La Paz.
Neme expresó su preocupación porque la venta de explosivos, que se realizaba incluso en una feria de El Alto, no puede hacerse de manera indiscriminada y sin control. Además, lamentó que la liberación de personas implicadas en este tipo de hechos genere un panorama más complejo, pues el trabajo policial fue profesional y permitió localizar a la sospechosa, cuyo accionar ponía en riesgo la seguridad ciudadana.

Tras un operativo policial que trasladó desde San Rafael a Santa Cruz de la Sierra a la mujer que supuestamente se casó con Sérgio Luiz de Freitas Filho, el capo del Primer Comando Capital (PCC), Ana L. F. L. fue liberada ese mismo día y este viernes expresó su indignación con la institución verde olivo, asegurando que nunca estuvo casada ni conoce a alias Mijão.
“Llegaron a mi pueblo, me trajeron con esa investigación que yo supuestamente estoy casada con ese señor que yo nunca lo he visto”, manifestó Ana L. F. L. Añadió que está soltera y que su abogado ha solicitado en el registro civil el supuesto acta de matrimonio, pero no existe. “No estoy casada, nunca me casé”, reiteró la mujer.

El martes 9 de septiembre, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que para obtener documentación boliviana, Mijão se presentó con documentos falsos bajo el nombre de Sergio Noronha y que utilizó un certificado de matrimonio con una boliviana, cuya identidad no fue revelada, para obtener la nacionalidad.
Ana L. F. L. sospecha que todo ocurrió porque perdió su documentación y no reportó la pérdida a la Policía. “Yo creo que la han usado porque yo no lo conozco a ese señor, nunca hubo un matrimonio y tampoco un divorcio”, afirmó.
La mujer solicitó a la Policía que esclarezca esta situación debido a los daños que podría ocasionarle esta vinculación falsa.