Desde este lunes 15 de septiembre, la Alcaldía de La Paz puso en marcha el sistema de parqueo tarifado “Parqueo para Todos” en seis zonas clave de la ciudad: Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores, Sopocachi y el Casco Urbano Central. La medida busca ordenar el uso del espacio público y evitar que vehículos permanezcan estacionados todo el día sin control. El plan entra en vigencia tras una fase piloto de dos meses que, según autoridades municipales, arrojó resultados positivos.

El sistema será administrado por cuatro empresas privadas que asumieron la inversión en señalética, tecnología y logística. Los conductores podrán estacionar de lunes a viernes entre las 07:00 y las 20:00, y los sábados hasta las 13:00. Las tarifas van desde Bs 3 por media hora para vehículos registrados en La Paz, y el pago podrá realizarse mediante una aplicación móvil o vía web. En caso de incumplimiento, los vehículos serán inmovilizados y podrían ser remolcados, con multas que alcanzan hasta Bs 350.

Carlos Laguna, jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones, destacó que el nuevo sistema permitirá a los ciudadanos encontrar parqueo con mayor facilidad y seguridad. “Antes las calles estaban tomadas por vehículos que se quedaban todo el día o por objetos que impedían el estacionamiento. Ahora, con este sistema, se garantiza un uso más justo y ordenado del espacio público”, afirmó. La Alcaldía espera que esta iniciativa contribuya a mejorar la movilidad urbana y reducir el caos vehicular en zonas de alta demanda.

La ciudad de La Paz ha registrado cerca de 150 accidentes de tránsito que involucran motociclistas entre enero y mediados de septiembre de este año, según informó el jefe de la División de Accidentes de Tránsito, Sergio Blanco. Aunque la cifra representa una disminución respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron alrededor de 190 casos, las autoridades advierten que el riesgo sigue siendo alto, especialmente para quienes trabajan en servicios de entrega.

En los últimos días, dos motociclistas que prestaban servicio de delivery perdieron la vida en distintos puntos de la ciudad. Uno de los hechos ocurrió en la avenida Montes, donde un camión sin licencia de conducir impactó contra una moto. El otro caso se registró en la avenida Costanera, cuando el conductor de una motocicleta perdió el control y fue arrollado por un minibús tras chocar contra una jardinera. Ambos incidentes han reavivado el debate sobre la seguridad vial y la vulnerabilidad de los motociclistas.

Sergio Blanco subrayó la importancia de conducir con prudencia, especialmente en zonas congestionadas, y recomendó a los motociclistas reducir la velocidad más allá de los límites establecidos cuando las condiciones lo ameriten. También recordó que el uso de cascos, rodilleras y otros implementos de protección es fundamental para reducir el impacto en caso de accidente. Las autoridades continúan monitoreando la situación y reforzando campañas de concientización para prevenir más tragedias en las calles paceñas.

Los comités cívicos de los nueve departamentos del país se darán cita este 16 de septiembre en Cochabamba para debatir la coyuntura política nacional y coordinar una agenda común de cara a la segunda vuelta electoral. El encuentro, confirmado por el presidente del Comité Cívico cochabambino, Calixto Vásquez, busca consolidar una postura ciudadana frente a los candidatos presidenciales que disputarán el balotaje el próximo 19 de octubre.

Entre los temas centrales del encuentro está la exigencia de propuestas claras y regionalizadas por parte de los aspirantes a la presidencia. Los cívicos también anticiparon que entregarán a los parlamentarios electos un documento con demandas urgentes, especialmente en áreas sensibles como salud, infraestructura y desarrollo económico. Vásquez adelantó que este plan será presentado en un plazo de diez días tras el encuentro.

Además de la agenda política, el movimiento cívico hará un llamado a la unidad nacional y al ejercicio de un voto informado. Los organizadores subrayan que el rol de los comités no solo es fiscalizador, sino también propositivo, y que este tipo de reuniones permiten articular las necesidades de cada región en un contexto electoral decisivo para el país.

Ante el alarmante incremento de incendios forestales en el departamento de Santa Cruz, el Gobierno nacional activó un operativo de gran escala que incluye el despliegue de más de 1.000 militares. En coordinación con la Octava y Quinta División del Ejército, los uniformados tienen la misión de contener el fuego mediante patrullajes terrestres, aéreos y fluviales. Las acciones se concentran en zonas críticas como Concepción, San Ignacio de Velasco, Roboré y el Área Natural de Manejo Integrado San Matías.

Uno de los focos más preocupantes se encuentra en una región remota de Concepción, entre los ríos Negro y Blanco, donde el acceso solo es posible por vía aérea. Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, este incendio se originó en un área “completamente abandonada”, lo que ha despertado inquietudes sobre su causa. Mientras tanto, otros puntos activos se mantienen en San José, El Puente (Guarayos) y el Parque Noel Kempff Mercado.

Para reforzar la respuesta, se ha movilizado al Regimiento 10 de Infantería Warnes y se cuenta con el apoyo de un helicóptero proveniente de Chile. Además, se han desplegado drones, sistemas de monitoreo satelital y equipos especializados para controlar el fuego. Las autoridades aseguran que el operativo continuará hasta que se logre estabilizar la situación en todo el territorio cruceño, considerado actualmente el más afectado por los incendios forestales en el país.

El Ministerio Público presentó una solicitud de detención preventiva contra el alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, por su presunta implicación en el caso denominado “falso aluvión”. Según la imputación formal, el burgomaestre habría simulado una emergencia climática para justificar la contratación directa de una empresa, en un proceso que involucró más de 23 millones de bolivianos. La Fiscalía sostiene que existen suficientes indicios que vinculan a Cámara con delitos como uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

El contrato en cuestión fue adjudicado a la empresa Logitrack Service, sin licitación previa, bajo el argumento de una supuesta urgencia provocada por un aluvión. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que dicha emergencia nunca ocurrió, lo que ha levantado sospechas sobre la legalidad del procedimiento. Junto a Cámara, también fue imputado Juan Mario P. V., quien habría participado en la ejecución del contrato.

Debido a la gravedad del caso y el riesgo de fuga, el Ministerio Público solicitó que Cámara sea recluido en el penal de Mocoví mientras se define su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares. El documento fiscal destaca que la solicitud se realiza bajo el principio de objetividad y en cumplimiento de las normas legales vigentes. La audiencia se llevará a cabo en los próximos días, mientras el caso continúa generando repercusiones políticas y sociales en el municipio.

La trágica muerte del sargento Abel Chillca, quien sufrió graves heridas durante un incendio en el Parque Industrial de Santa Cruz, ha generado un llamado urgente por parte del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, para mejorar las condiciones laborales de los bomberos en Bolivia. A través de sus redes sociales, Callisaya expresó su solidaridad con la familia del bombero y exigió a las autoridades garantizar la seguridad de quienes arriesgan sus vidas en cada emergencia.

En paralelo, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución el pasado 8 de septiembre en la que exhorta al Estado a proveer insumos y asegurar el bienestar operativo de los bomberos, especialmente en el contexto de los incendios forestales. El comunicado destaca que los bomberos voluntarios son reconocidos como defensores ambientales bajo el Acuerdo de Escazú, lo que refuerza la necesidad de proteger sus derechos y condiciones de trabajo.

El sargento Chillca permaneció hospitalizado por casi un mes antes de fallecer el fin de semana. Su partida ha conmovido a sus compañeros, quienes le rindieron homenaje en Santa Cruz, mientras su familia anunció que será enterrado en Oruro. Este hecho ha reavivado el debate sobre la urgencia de fortalecer el sistema de protección para los cuerpos de emergencia en el país.

La exministra Gabriela Montaño vivió un tenso momento el domingo en el aeropuerto de Cochabamba, donde fue blanco de insultos por parte de tres personas. Según se observa en un video difundido en redes sociales, Montaño enfrentó directamente a sus agresores, defendiendo su postura política y exigiendo respeto. El incidente generó reacciones diversas en plataformas digitales, donde se viralizó el intercambio de palabras.

Durante el altercado, se escuchan frases como “masistas, masistas”, mientras Montaño responde con firmeza: “No le voy a permitir, ¿por qué tengo que aguantar sus estupideces?”. La exautoridad también se dirigió a uno de los presentes, acusando que fue ella quien recibió los primeros insultos. El episodio refleja la polarización política que aún se vive en espacios públicos del país.

Horas después, Montaño confirmó lo ocurrido a través de su cuenta en la red social X, donde expresó sentirse orgullosa de su trayectoria y militancia. “Ser masista es parte de lo que soy”, escribió, reafirmando su compromiso con sus ideales. También agradeció el apoyo recibido y aseguró que no permitirá agresiones sin respuesta: “Ante los insultos, no me voy a quedar callada”.

Un incendio registrado en el restaurante Sbarro del aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas durante la madrugada de este lunes. El siniestro se produjo alrededor de las 05:20, generando una densa humareda que se extendió hasta el área de preembarque nacional. Las autoridades evacuaron a los pasajeros como medida preventiva, mientras se activaban los protocolos de emergencia.

El equipo de Salvamento y Extinción de Incendios de Naabol intervino rápidamente para controlar el fuego y realizar una inspección detallada del lugar afectado. Aunque no se reportaron heridos, el incidente provocó daños materiales y un corte de energía que afectó el funcionamiento de los mostradores de check-in. Varias unidades de Bomberos colaboraron en la contención del fuego, y se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

A las 08:15, tras confirmar que el área estaba segura, Naabol autorizó la reanudación de los vuelos. La suspensión temporal impactó a cientos de pasajeros, generando retrasos y reprogramaciones. La entidad estatal aseguró que el incidente está completamente controlado y que se tomarán medidas para evitar futuros eventos similares en la terminal aérea.

Cooperativistas mineros, afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), agredió este viernes al nuevo director departamental del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Iván Martínez, desalojándolo de las oficinas a la fuerza en medio de insultos y golpes.
Un video compartido en redes sociales muestra cómo uno de los cooperativistas le propinó un puñetazo que obligó a Martínez a abandonar el lugar, impidiéndole así iniciar sus funciones oficiales.

Después de la agresión, los mineros lo insultaron con expresiones como: “Sin casco no me entras perro pelotudo”, mientras bloqueaban la entrada principal de las oficinas del Senarecom en Potosí.
Martínez vestía al momento de la agresión una chamarra de cuero, camisa blanca con motivos tiawanacotas, sombrero negro y llevaba una cola en la cabellera. Su apariencia y vestimenta fueron utilizadas por los cooperativistas para cuestionar su condición social como funcionario público.

La tensión del sector minero se originó porque el ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, habría tomado la decisión unilateral de nombrar a Iván Martínez Puma, quien es acusado de no pertenecer al sector minero.
Según un reporte, Óscar Chavarría, presidente de Fedecomin-Potosí, declaró en su justificación pública que la nueva autoridad “es ajena al rubro”.
En un tono más vehemente, Fedecomin calificó de “traidor” al ministro Santos Laura y advirtió que no aceptarán imposiciones, exigiendo que se cumpla el compromiso previo en el que la designación se haría con un nombre propuesto por la Federación de Cooperativas Mineras.