Naoki Ishida, vocalista de la agrupación musical Explosión Cumbiera, falleció tras cumplir una apretada agenda de presentaciones durante el fin de semana. La noticia del deceso se difundió en las redes sociales la noche del lunes 15 de septiembre, inicialmente con mensajes de colegas y luego confirmada por el grupo con un emotivo comunicado.
La agrupación expresó en su despedida: “El destino ha querido que estemos separados… lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor. Siempre rompiste los escenarios y diste lo mejor de ti en todo momento. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Naoki Ishida”

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que Naoki murió debido a una broncoaspiración, según el informe de autopsia. El cantante ingresó al Hospital San Francisco de Asís, en la zona Villa El Carmen, con un paro cardio-respiratorio. La Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo y los médicos forenses determinaron que la causa principal fue una asfixia mecánica por broncoaspiración.
Frank Vásquez, fiscal de delitos contra la vida, detalló que aún se investigan las circunstancias que provocaron la broncoaspiración, indicando que se recogieron elementos en la autopsia que serán analizados para esclarecer el caso.

Este triste suceso ocurre a menos de tres meses del fallecimiento de Hiroshi Claudio Ishida Ruiz, hermano de Naoki y también músico reconocido en el ámbito boliviano bajo el nombre artístico de Ocasional Talento.
Naoki había mostrado en sus redes sociales una motivación para seguir adelante, incluso tras hablar de momentos difíciles como la depresión, con mensajes que se viralizaron en las últimas horas, reflejando la fuerza con que enfrentaba la vida y su carrera musical.

La concejala Lucía Mamani informó que el Ministerio Público ordenó a su colega Lourdes Chambilla someterse a terapia psicológica, tras un intento de agresión ocurrido durante una sesión del Concejo Municipal en abril. Además, Mamani recibió medidas de protección que prohíben a Chambilla acercarse a ella, aunque denunció que esta disposición no ha sido respetada, ya que la edil continúa asistiendo a las sesiones del pleno donde ambas coinciden.

El conflicto se intensificó este lunes cuando Chambilla, a través de su abogado, presentó una denuncia por presunta violencia política contra nueve de los once concejales del ente deliberativo. Entre los denunciados figuran representantes del MAS y de agrupaciones oficialistas, incluyendo a Mamani. La denuncia fue admitida y se dictaron medidas restrictivas para que los acusados no se acerquen a Chambilla, en medio de un clima de tensión institucional.

La raíz del enfrentamiento se remonta a la sesión del 29 de agosto, en la que Chambilla perdió la presidencia del Concejo y fue electo Jorge Dulon. Durante ese encuentro, se registraron nuevos actos de agresividad por parte de Chambilla, quien empujó a Dulon en más de una ocasión y también confrontó al concejal Lucio Quispe. El episodio refleja una creciente polarización dentro del órgano deliberativo paceño, que ahora enfrenta un complejo escenario legal y político.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará este viernes 19 de septiembre el sorteo de 211 mil jurados electorales para la segunda vuelta presidencial. De ese total, 204 mil serán asignados para el voto dentro del país y 7 mil para el sufragio en el exterior, distribuido en 22 países donde los bolivianos podrán ejercer su derecho al voto. Esta actividad marca el inicio de una etapa clave en el calendario electoral, que contempla nueve acciones adicionales rumbo al balotaje.

La lista oficial de jurados será publicada el domingo 21 de septiembre, y desde el lunes 22 se abrirá el plazo de una semana para presentar excusas, hasta el 28. Quienes sean seleccionados y no cumplan con su deber el día de la votación enfrentarán una multa de Bs 1.375. La capacitación para los jurados comenzará el 29 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y eficiente en las mesas de sufragio.

Además de las actividades oficiales, el TSE ha confirmado dos debates entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, aunque aún no se han definido las ciudades donde se realizarán. La campaña electoral en medios concluirá el 15 de octubre, dando paso al silencio electoral desde el día 16. Mientras tanto, la difusión de encuestas estará permitida hasta el 12 de octubre, en un contexto donde cada paso del proceso es seguido de cerca por la ciudadanía.

La administración del presidente Donald Trump ha excluido a Bolivia de la lista anual de países que colaboran activamente en la lucha contra el narcotráfico. Según el Departamento de Estado, los cultivos de coca y la producción de cocaína en territorio boliviano han alcanzado niveles históricos, lo que representa un incumplimiento manifiesto de los compromisos internacionales asumidos por el país. La descertificación también incluye a Colombia, Venezuela, Afganistán y Birmania, todos señalados por deficiencias similares.

Estados Unidos recomendó al Gobierno boliviano tomar medidas urgentes para evitar que el país se convierta en refugio de organizaciones narcotraficantes. En los últimos años, se ha identificado la presencia de capos internacionales en Santa Cruz, como el uruguayo Sebastián Marset y los brasileños Marcos Roberto de Almeida y Sérgio Luiz de Freitas Filho, vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC). Estas revelaciones han intensificado las preocupaciones sobre el papel de Bolivia en el tránsito y producción de drogas.

A pesar de la descertificación, el Departamento de Estado subrayó que la asistencia a Bolivia sigue siendo considerada estratégica para los intereses de Estados Unidos. La certificación, que se realiza desde 1986, evalúa el compromiso de más de veinte países productores en la lucha contra el narcotráfico. Washington advirtió que aquellos gobiernos que no atiendan sus responsabilidades enfrentarán consecuencias severas, en un contexto global donde el control del narcotráfico sigue siendo una prioridad diplomática y de seguridad.

Este martes 16 de septiembre, Arturo Murillo comparece ante una audiencia cautelar en La Paz, en el marco de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. El exministro de Gobierno, deportado recientemente desde Estados Unidos, enfrenta una solicitud de detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. El Ministerio Público argumenta que existen riesgos de fuga y de obstrucción a la investigación, dada la gravedad de los hechos y el historial procesal del acusado.

Las autoridades han identificado movimientos financieros irregulares entre 2019 y 2021, periodo en el que Murillo ejerció funciones públicas. Las transacciones sospechosas involucran cuentas bancarias y bienes patrimoniales, y han sido objeto de análisis por parte del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y el Comando General de la Policía. Este caso se suma a una serie de procesos judiciales que el exministro enfrenta desde su llegada al país.

Con esta audiencia, Murillo acumula cuatro procesos judiciales en menos de dos semanas. Ya fue vinculado a los casos “gases Brasil”, “catering” y “gases Ecuador”, todos con medidas de reclusión en San Pedro. La justicia boliviana continúa evaluando su situación legal, mientras se intensifican las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión. El desenlace de esta nueva audiencia podría marcar un punto clave en el avance de los procesos en su contra.

El Gobierno boliviano declaró alerta roja en 18 municipios del departamento de Santa Cruz ante el riesgo extremo de incendios forestales, provocado por las altas temperaturas que alcanzan hasta 44 grados centígrados. Esta medida se suma a una alerta naranja vigente en 77 municipios del país, distribuidos entre Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Cochabamba. Las condiciones climáticas adversas han generado preocupación en las autoridades, que advierten sobre la expansión de focos de calor en zonas vulnerables.

Actualmente, se reportan cinco incendios activos en cuatro municipios cruceños, incluyendo Concepción, Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco y Carmen Rivero Torrez. El caso más crítico se presenta en el parque Noel Kempff Mercado, donde el acceso limitado ha dificultado las labores de contención. Para reforzar el combate, se ha contratado un helicóptero adicional y se ha desplegado personal de las Fuerzas Armadas, Policía, voluntarios y brigadas locales.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, y el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, aseguraron que todos los incendios están siendo combatidos activamente. Sin embargo, el panorama sigue siendo delicado, y se exhorta a la población a colaborar con las medidas preventivas. La situación pone en evidencia la urgencia de fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres climáticos, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad ambiental.

La escasez de diésel en el departamento de Beni ha encendido las alarmas entre los productores de arroz, quienes advierten que la falta de combustible amenaza con paralizar la siembra de este ciclo agrícola. David Pérez, representante del sector, denunció que la maquinaria está detenida y que el carburante disponible en los surtidores es acaparado por revendedores, quienes lo ofrecen a precios elevados, entre 12 y 15 bolivianos por litro. Esta situación ha llevado al sector a exigir medidas urgentes al Gobierno, incluyendo la autorización para transportar diésel importado por empresas privadas.

Ante la inminente campaña de siembra, los productores han anunciado un “tractorazo” y la toma de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Trinidad, como forma de presión. La demanda inmediata es de al menos 7 millones de litros de diésel, cifra que consideran indispensable para garantizar la producción. Además, solicitan que se habiliten cisternas móviles que lleguen directamente a las zonas productivas, evitando así la intermediación de revendedores que encarecen el insumo.

La crisis se agrava por el encarecimiento de insumos agrícolas como fertilizantes y agroquímicos, cuyo precio está vinculado al tipo de cambio del dólar. Los productores temen que esta combinación de factores repercuta directamente en el costo final de los alimentos básicos, afectando a toda la población. “Si no hay diésel, no hay siembra. Y si no hay siembra, no hay comida”, advirtió Pérez, reflejando la preocupación de un sector que se siente abandonado en un momento crítico para la seguridad alimentaria del país.

En el marco de las políticas impulsadas por la alcaldesa Eva Copa, la Intendencia y la Guardia Municipal realizaron un operativo de control en las inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en el Distrito 6, clausurando cinco actividades económicas.
El operativo se desarrolló en la zona Los Andes, entre las calles Arturo Valle y 13 de Septiembre, donde se intervinieron 11 negocios, entre ellos dos cine-video, dos licorerías y un karaoke. Durante la inspección, se detectó expendio y consumo de bebidas alcohólicas a plena luz del día en algunos establecimientos, lo que llevó a la conducción de tres infractores a Conciliación Ciudadana por violar las normas municipales.
Estas medidas se sustentan en el Decreto Municipal 096, conocido como Ley Seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol en espacios y actividades específicas.

Paralelamente, la Subalcaldía del Distrito 7, en coordinación con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y las Guardias Municipales, ejecutó operativos en las cercanías de la Unidad Educativa Rusia. Allí decomisaron productos chinos sin registro del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y se hallaron alimentos adulterados.
Estas acciones buscan proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de las normativas en ambos distritos.