En una concentración realizada en el departamento de La Paz, representantes de las 20 provincias del territorio expresaron su respaldo total a la candidatura de Rodrigo Paz y Ermand Lara para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, en la segunda vuelta de las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo 19 de octubre.
El emotivo encuentro, que reunió a dirigentes campesinos de las distintas provincias, se desarrolló en las instalaciones del sector fabril, donde los participantes reafirmaron su compromiso con la fórmula Paz-Lara durante una Asamblea.

“Estamos a un paso de volver a la presidencia, hay que recuperar la democracia, durante estos años vivimos en una izquierda disfrazada, con una falsa nacionalización, ahora es el momento de devolverle a Bolivia sus recursos naturales”, señaló Luis Quispe, dirigente y representante de la provincia Murillo.
Además del respaldo, los campesinos se comprometieron a cuidar el voto en octubre, alertando sobre una posible manipulación que podría afectar el proceso electoral. Este llamado a la vigilancia busca garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios que definirán el rumbo político del país para los próximos cinco años.

Juan José Zúñiga, excomandante de las Fuerzas Armadas, emitió una carta pública tras la negativa de la Justicia de otorgarle libertad en el penal de El Abra en Cochabamba, donde denunció que su encarcelamiento responde a motivos políticos y no a delitos.
“Hoy la justicia me ha vuelto a dar la espalda. A pesar de las disposiciones claras del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenan la liberación de todos los detenidos preventivos con más de un año en prisión, el tribunal que lleva mi caso decidió mantenerme encarcelado”, comienza la carta. Zúñiga afirmó que “quedó en evidencia que no existe igualdad ante la ley”, puesto que mientras otros recuperan su libertad, en su caso “se impone la presión política del Gobierno, que me exhibe como un trofeo político, temiendo la voz de un soldado que nunca se doblegó”.
El excomandante aseguró que “no estoy preso por delitos. Estoy preso porque denuncié la entrega de nuestros recursos naturales, porque señalé la traición de un gobierno que se cree dueño de Bolivia”.
Asimismo, acusó al Gobierno de Luis Arce de dividir al pueblo y de intentar silenciarlo al impedirle ampliar su declaración sobre los hechos del 26 de junio de 2024.
“Creyéndose dueño del Estado, lo maneja como su hacienda privada: divide al pueblo, empobrece a la nación, desprecia y debilita a nuestras Fuerzas Armadas. Y aun así, tampoco me permiten ampliar mi declaración. ¿A qué le temen? ¿A un militar encarcelado?”, cuestionó.
Zúñiga también criticó los fundamentos del tribunal para rechazar su cesación a la detención preventiva, señalando que supuestamente “representaría un peligro para la sociedad”.
“Juzgue el pueblo boliviano: ¿quién es más peligroso? ¿Un soldado que defiende la patria? ¿que pide libertad para los presos políticos? ¿que defendió los recursos naturales de la nación? ¿O un gobierno que vende la patria a intereses extranjeros, que empobrece a diario a los bolivianos, que persigue y encarcela permanentemente a quienes piensan distinto, y que endeuda a la nación día a día sin compasión?”, manifestó.
Además, Zúñiga aclaró que la toma militar de 2024 no fue un intento de golpe, sino una acción para exigir la liberación de los presos políticos.
“En ningún momento hubo intento, golpe fallido ni, mucho menos, un golpe de Estado. Yo solo pedí la liberación de los presos políticos y defendí la patria frente a la entrega de sus recursos a intereses extranjeros”, señaló.
El general aseguró que solo levantó su voz por la patria, la justicia y la verdad.
“Ojalá hubiera existido una intención de cambiar el rumbo del país para salvar a la nación de un Gobierno tirano que la empobrece y la endeuda; tal vez hoy Bolivia sería diferente, con menos persecuciones y más justicia para su pueblo”, expresó.
Finalmente, defendió la inocencia de los militares y civiles encarcelados por los hechos de 2024, afirmando que fueron detenidos injustamente por cumplir órdenes.
“De manera abusiva fuimos encarcelados, cuando lo único que hicimos fue cumplir órdenes. Ese material bélico, esos tanques y vehículos, no se mueven sin autorización del más alto nivel político. Culpar a soldados y oficiales es encubrir a los verdaderos responsables que hoy se esconden tras el poder”, concluyó.
Zúñiga cumple detención preventiva en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, desde el 29 de junio de 2024 por la toma militar, y su defensa buscaba libertad tras más de un año de detención preventiva, la cual fue rechazada.

La dirigencia del transporte pesado advierte que el próximo gobierno enfrentará serios problemas de desabastecimiento de carburantes y falta de divisas que podrían poner en riesgo su administración. “El próximo presidente que va a asumir no va a aguantar ni tres meses porque no va a haber gasolina, diésel, no tienen plata para comprar”, declaró el ejecutivo del sector Pedro Quispe.

El sector productivo del país atraviesa una crisis por la falta de divisas para internar carburantes. Como consecuencia, se forman largas filas en las estaciones de servicio y el Comité Multisectorial alertó que está en riesgo la campaña agrícola de verano. “Hemos tenido opciones para traer combustible con otras empresas para que internen diésel, gasolina, pero nunca han aceptado, a un representante le han dicho que no tiene documentación y no es así, los de Yacimientos dicen que Pegasus es una empresa fantasma cuando tiene presencia en el mundo”, explicó el transportista.

El sector del transporte pesado pidió que la empresa Botrading deje de operar como intermediaria para la importación de carburantes, ya que consideran que forma parte de un esquema de corrupción que actualmente está siendo investigado.
“El diésel y la gasolina tiene que tener un solo precio para el rico y para el pobre, ahí vamos a estar bien”, sostuvo Quispe, quien reiteró la necesidad de eliminar intermediarios en la importación de combustible.

El presidente Luis Arce condenó este jueves las expresiones “racistas y xenófobas” de la diputada chilena María Luisa Cordero dirigidas contra el pueblo boliviano y anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores tomará acciones diplomáticas al respecto.
“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano”, afirmó Arce en sus redes sociales.
La diputada chilena María Luisa Cordero afirmó que, debido a que los bolivianos nacieron en la altitud, tienen menos oxígeno en el cerebro y, por ello, sufren de “bradipsiquia”, que significa lentitud en el pensamiento.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente, por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral (…) Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica”, declaró la legisladora de Renovación Nacional (derecha) durante una sesión parlamentaria, en la que se refería a la propuesta del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, sobre la legalización de vehículos indocumentados conocidos como chutos.
Cordero, psiquiatra reconocida por polémicas declaraciones en medios y en el ámbito parlamentario, agregó que la encefalopatía hipóxica “fue descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dio cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para decir la tontorronez de los vecinos. Y esto es crónico y no tiene remedio”.

“Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista. Nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento”, agregó Arce.
Finalmente, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia llevará adelante las acciones pertinentes a través de los canales diplomáticos establecidos.