Además de los cuestionamientos financieros, Cuéllar criticó el uso de bienes del Estado por parte del presidente para cuestiones personales. “Él no puede utilizar bienes del Estado, el avión presidencial, para una consulta (particular en Brasil). Tampoco utilizar los recursos del pueblo boliviano para ir a hacer un chequeo médico. Él tiene que hacerlo en el país”, complementó.
Del altar a la hoguera. El diputado Rolando Cuéllar, antes considerado uno de los más leales defensores del presidente Luis Arce, ha dado un giro político inesperado. En menos de seis meses pasó de proponer al mandatario para el Premio Nobel de Economía a impulsar hoy un juicio de responsabilidades en su contra, además de exigir alertas migratorias para sus ministros e incluso sus hijos, a los que acusa de estar involucrados en actos de corrupción.
“En ese sentido nosotros vamos a presentar el día lunes en Sucre el juicio de responsabilidades para que Luis Arce no salga del país porque acá van a responder todos los actos de corrupción. Luis Arce, su hijo, el gabinete económico y el gabinete político”, anunció Cuéllar en conferencia de prensa.
La declaración incluye la solicitud de restricciones migratorias inmediatas para autoridades del Ejecutivo. “Ya hemos solicitado a Migración el estado migratorio de Eduardo del Castillo, Marianela Prada, Fabiola Salazar, Franklin Molina (y) el equipo de hidrocarburos para que ellos no escapen del país y rindan cuenta de todos los actos de corrupción que están siendo cuestionados”, advirtió el legislador que desde hace semanas se distancia del núcleo de poder oficialista que durante años respaldó.
La ruptura resulta aún más llamativa si se toma en cuenta que en marzo pasado, Cuéllar había sugerido que Luis Arce sea propuesto para el Premio Nobel de Economía, bajo la premisa del éxito del modelo económico, social, comunitario y productivo del MAS. Aquellas declaraciones, en medio de la escasez de dólares y combustibles, generaron reacciones mayormente irónicas por parte de analistas, opositores y usuarios en redes sociales.
El discurso del diputado se endureció en las últimas semanas, particularmente después de conocerse denuncias de que los hijos del presidente habrían recibido beneficios económicos irregulares. Rafael y Camila Arce, por ejemplo, habrían accedido a millonarios préstamos del Banco Ganadero para la compra del ‘predio empresarial Adán y Eva’ sin las condiciones mínimas requeridas, mientras que Marcelo Arce estaría vinculado a operaciones sospechosas con el litio y al caso Botrading.
“Mañana en el plenario nosotros vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta, que se modifique ese informe para que pase directamente ante el Fiscal General y con esos indicios de prueba, Luis Arce Catacora esté arraigado y no salga del país”, afirmó Cuéllar y anticipó los pasos que impulsará en la Asamblea Legislativa.
Para el diputado oficialista, estos beneficios económicos constituyen una “burla hacia el pueblo” por tratarse de operaciones que involucrarían tráfico de influencias, privilegios injustificados y uso indebido de recursos públicos.
“Así como defendimos la gestión de gobierno, no vamos a defender ni mancharnos de corrupción. Ellos van a responder”, dijo, marcando una línea divisoria entre el proyecto político y los presuntos delitos cometidos.
Además de los cuestionamientos financieros, Cuéllar criticó el uso de bienes del Estado por parte del presidente para cuestiones personales. “Él no puede utilizar bienes del Estado, el avión presidencial, para una consulta (particular en Brasil). Tampoco utilizar los recursos del pueblo boliviano para ir a hacer un chequeo médico. Él tiene que hacerlo en el país”, complementó.
“Él es como cualquier ciudadano de a pie, tiene que sacar ficha, hacer su cola y pedir su atención médica como cualquier ciudadano”, concluyó el legislador, ahora convertido en una de las voces más críticas del gobierno de Arce.
