En un fallo calificado como “histórico” por activistas y expertos, la justicia boliviana impuso la pena máxima de cinco años de prisión a Diego P. Q., un mecánico que mató a golpes a un perro en la ciudad de El Alto. El abogado Diego Espinoza, representante legal y miembro de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), destacó la importancia del veredicto emitido por el Juzgado Segundo de Sentencia de El Alto, presidido por la jueza Nadia Soria Galvarro.
“Esta es una sentencia histórica porque se le aplica la pena máxima a un biocida”, afirmó Espinoza, citado por la agencia ABI. En Bolivia, el biocidio está tipificado en el Código Penal y sanciona con penas de 2 a 5 años de prisión a quien mate a un animal con ensañamiento o motivos fútiles. Además, el Artículo 350 contempla sanciones para actos de crueldad que causen sufrimiento grave o daño a animales, aumentando la pena cuando resulte en muerte.

El caso, ocurrido en febrero de 2024 y con un proceso judicial que duró un año y medio, estuvo marcado por intentos de dilación de la defensa. El agresor, dueño de una tienda de venta de llantas en la avenida 6 de Marzo, golpeó al perro con una gata mecánica en tres ocasiones y luego lo ahorcó, provocando una muerte lenta y dolorosa que se extendió por más de cuatro horas.
“Se ha valido del fierro que se utiliza para levantar un auto, una gata, y lo ha golpeado en tres ocasiones para finalmente ahorcarlo (…). Esta muerte se ha prolongado por más de cuatro horas, hasta que el perrito finalmente ha sido botado en un basurero como si fuese cualquier cosa”, relató Espinoza en una entrevista con el canal estatal.
La víctima, un perro llamado “Chapi” de tamaño pequeño y propiedad del cuñado del agresor, fue atacada cuando descansaba al sol sin provocación.

La defensa intentó justificar el ataque alegando que el animal había agredido a los hijos del acusado, argumento que fue rechazado por pruebas en video. “No había una justificación. Han tratado de alegar una emoción violenta que no ha podido ser demostrada en ningún momento”, puntualizó el abogado.
Aunque la sentencia debe pasar por una fase de recursos, la parte acusadora solicitará su cumplimiento íntegro. “Nosotros vamos a pedir que se cumpla en el penal de San Pedro los cinco años completos porque tampoco se prevé una salida alternativa para quienes cometen este tipo de delitos”, concluyó Espinoza.

Personal policial logró rescatar a un menor de 11 años que fue raptado y retenido por dos adultos en un alojamiento ubicado en la zona de Alpacoma, en la ciudad de El Alto. El operativo fue ejecutado por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes encontraron al niño y aprehendieron a dos personas, un hombre de 40 años y una mujer de 25.
“La madre, muy afligida, nos hizo conocer todos los detalles de la desaparición, y a partir de ello, el personal especializado (…) se movilizó en este lugar y pudo dar con el paradero del menor, quien habría sido raptado e introducido al interior de un hostal”, explicó el director de la Felcc de La Paz, coronel Gabriel Neme.

El caso fue atendido por la División de Trata y Tráfico de Personas, que desplazó a personal especializado para encontrar al menor, utilizando análisis forense de cámaras de seguridad e interrogatorios a vecinos.
Durante la investigación, dos personas fueron identificadas gracias a la revisión de las imágenes de vigilancia; actualmente, ambas esperan su audiencia de medidas cautelares.
“Ambas personas habrían raptado al menor y lo habrían ocultado al interior de un hostal en la zona de Alpacoma. Al momento, estas personas han sido aprehendidas (…) y estamos a la espera de su audiencia de medidas cautelares”, detalló Neme.
El niño fue remitido a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para ser evaluado y garantizar su bienestar psicoemocional, además de descartar posibles agresiones o abusos.

El comandante de la Policía, general Augusto Russo, descartó la presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia, sin embargo, reconoció que es “evidente” la presencia de personas dedicadas al tráfico de drogas.
Esta postura surge en medio de reportes sobre la posible permanencia por al menos diez años en Santa Cruz de Sérgio Luiz de Freitas Filho, uno de los capos del Primer Comando de la Capital (PCC), según la red O Globo de Brasil. “Como policía, con 35 años de experiencia y conocimiento del caso, voy a pedir que se valore la situación que nosotros mencionamos, la presencia de cárteles, prácticamente, descarto”, afirmó Russo.

Respecto al tráfico de drogas, el general señaló que es evidente la participación de grupos dedicados a esta actividad ilícita y que las autoridades trabajan para desarticular estos grupos y “devolver la sensación de seguridad”.
En caso de confirmarse la presencia de cárteles extranjeros, Russo indicó que la estructura de estas organizaciones criminales sería distinta. La mayoría de los hechos delictivos registrados están relacionados con ajustes de cuentas y narcotráfico realizado por emisarios de organizaciones criminales que han ingresado al país.
Sobre el caso de Sérgio Luiz de Freitas Filho, el comandante recordó que tiene una notificación roja y que actualmente se investiga su paradero con el apoyo de Interpol, Migración y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intervino un taller en Quillacollo donde se encontró y confiscó más de 40 turriles de diésel almacenados de manera ilegal. Esta acción forma parte de los esfuerzos conjuntos de coordinación interinstitucional para controlar y fiscalizar el suministro de carburantes en Bolivia.
Paralelamente, la ANH llevó a cabo el etiquetado y registro B-SISA de maquinaria pesada en Potosí, verificando que todos los equipos cumplieran con la documentación exigida por la normativa vigente. Esta actividad se realizó bajo estándares estrictos de transparencia y cumplimiento legal, reafirmando el compromiso de la ANH con una gestión regulatoria rigurosa.
El proceso de etiquetado asegura que la maquinaria pesada utilice combustibles de forma regulada, en concordancia con las disposiciones nacionales. La Agencia Nacional de Hidrocarburos continuará trabajando coordinadamente con otras instituciones para garantizar un acceso seguro, eficiente y legal a los carburantes, promoviendo el desarrollo sostenible del sector energético y productivo del país.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ) anunciaron hoy en una conferencia de prensa la próxima presentación de la “Agenda Industrial” y la “Estrategia de Desarrollo Sostenible del departamento de La Paz 2022-2030” a la bancada parlamentaria electa por el departamento. Estos documentos establecen lineamientos clave para fomentar un desarrollo productivo y sostenible en el sector industrial.

El encuentro se realizará el viernes 12 de septiembre en la ciudad de El Alto, en el Salón La Orquídea, ubicado en la Calle A, entre Diego de la Ocaña y Alfredo Sanjinés, en la zona Ciudad Satélite. En esta sesión se darán a conocer la Agenda Industrial Nacional y la Estrategia de Desarrollo Económico Departamental, con el fin de articular esfuerzos en beneficio de la industria y la sostenibilidad.

Gonzalo Morales, presidente de la CNI, destacó que “la Agenda Industrial y la Estrategia de Desarrollo Sostenible constituyen una hoja de ruta para fortalecer la competitividad del sector y promover un crecimiento económico inclusivo y responsable”.
Por su parte, José Eduardo Iriarte, presidente de CADINPAZ, resaltó el compromiso de la industria con el desarrollo tanto del departamento de La Paz como de Bolivia en general.

El personal de la empresa Trans Copacabana S.A. durante esta mañana, reportó haber encontrado una bolsa sospechosa que contenía galletas y un arma de fuego con municiones. El descubrimiento fue alertado inicialmente por una usuaria a la boletera de la empresa, quien señaló que el bolso había sido olvidado en el bus. Después de abrir la bolsa y corroborar la presencia del arma, la boletera comunicó de inmediato a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y al operador de la Terminal.
Juan Manuel Rosso, operador de la Terminal de Buses La Paz, explicó: “La ATT me llamó para trasladar la bolsa encontrada y, en coordinación con efectivos de la Policía Boliviana, llevamos el objeto a verificación. Se constató que el arma no tenía número de serie ni código de registro, por lo que se activaron las investigaciones correspondientes”.

El examen de las cámaras de seguridad de la Terminal de Buses La Paz permitió identificar a una mujer que ingresó por la puerta A, procedente de Potosí, portando una bolsa negra. En las imágenes se observa que, al pasar, la pasajera informó a la boletera de la empresa sobre el objeto y lo dejó junto al mueble de la caseta de Trans Copacabana S.A., para luego salir por la puerta principal de la Terminal.

Gracias a la coordinación interinstitucional, el procedimiento se desarrolló con normalidad y bajo protocolos de seguridad, garantizando que la situación no representara riesgo alguno para los pasajeros ni para el personal operativo. “Actuamos con rapidez y responsabilidad. Nuestra prioridad siempre será resguardar la seguridad de los usuarios”, añadió Rosso.
Finalmente, efectivos de la Policía del Batallón de Seguridad Física derivaron el caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que continuará las investigaciones para determinar la procedencia del arma y esclarecer el hecho. La Terminal de Buses La Paz reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con mantener un entorno confiable para todos los viajeros.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que en seis audiencias desarrolladas durante la última semana se lograron obtener nueve sentencias condenatorias contra nueve personas, cuyas edades oscilan entre 19 y 86 años. Los condenados, identificados como Carlos H.M.O., José L.M.O., Hermitaño M.Q., Leónides F.D., Damián C.P., Juan G.C.Ch., Ariel O., Marco R. y Ramón A., fueron hallados culpables de delitos que incluyen asesinato, violación con agravante, violación simple, robo agravado, zoofilia y encubrimiento de abuso sexual contra menores, cometidos en diferentes hechos dentro del departamento.
El fiscal detalló que la Fiscalía presentó pruebas contundentes en cada caso, que abarcaron desde informes psicológicos de las víctimas, declaraciones en Cámara Gesell de menores, testimonios de testigos, informes policiales, hasta registros de las escenas del crimen y certificados médicos forenses que evidenciaron la existencia de los delitos. Esta sólida evidencia fue clave para que los tribunales competentes dictaran las sentencias.

Uno de los casos destacados fue el de Juan G.C.Ch., de 23 años, quien admitió haber apuñalado a dos personas en vía pública el 3 de septiembre de 2025. A pesar de que ambas víctimas recibieron atención médica, una falleció debido a la gravedad de sus heridas. Juan G.C.Ch. solicitó acogerse a un procedimiento abreviado y fue condenado a 30 años de prisión, que deberá cumplir en el penal de El Abra.
Por otro lado, en el caso de violación con agravante, Hermitaño M.Q., de 49 años, fue condenado a 20 años de prisión. Durante el juicio oral, la Fiscalía demostró con pruebas contundentes que el acusado abusó sexualmente de su sobrina de 14 años. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N.º 1 de Quillacollo, y se cumple también en el penal de El Abra.
Estas condenas reflejan el compromiso de la Fiscalía de Cochabamba en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables de delitos graves.

A través de sus redes sociales, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó que iniciará con la publicación de los procesos en su contra a los cuales calificó como “absurdos”.
“Franklin Flores, hasta hace unos días gerente de EMAPA, hoy renunciado, me enjuicia por un retraso de 45 días en el pago por canastas alimenticias estudiantiles —parte del desayuno escolar— durante la pandemia, en mi última gestión como alcalde de La Paz. Me pregunto: ¿Otras entidades que contratan con EMAPA pagan puntualmente, incluso en pandemia?, ¿Se enjuició a otras autoridades por las mismas razones?”, se lee en el post publicado por Revilla.
Así mismo el exalcalde, señaló que el fiscal que lo imputó, reconoció que durante la pandemia la prioridad eran los pagos en salud. Sin embargo, dijo que, aun así, insistieron en acusarlo de incumplimiento de contrato con el Estado siendo este tema considerado para Revilla —una figura legal pensada para particulares, no para autoridades públicas—, y aclaró que en su caso firmó como alcalde y no como persona particular.
“¿Desde cuándo el Estado enjuicia al mismo Estado?, esto es parte del uso político de la justicia bajo el MAS. De paso, la deuda ya fue pagada en su totalidad (¡en 2023!), como lo demuestra este informe oficial dirigido al Concejo Municipal. Y aun así, el proceso sigue abierto en mi contra. ¿Que pretenden los operadores de justicia manteniendo abierto un caso sin sentido?”, cuestionó Revilla.
La exautoridad adjuntó documentación que señala son parte de sus pruebas, sobre los descargos de las denuncias efectuadas en su contra, y dijo que continuará publicando documentación, sobre pruebas de su inocencia.

El presidente Luis Arce aseguró que «es alarmante» que el candidato Jorge Tuto Quiroga no sepa de la normativa que rige las Reservas Internacionales Netas (RIN), respecto a la controversia referida a los depósitos de oro.
«Si él está criticando a otro candidato de que no sabe las normas, no sabe los números, él también (sic) no sabe ni las normativas legales del Banco Central de Bolivia ni de las reservas internacionales, es realmente alarmante esa situación», sostuvo el mandatario.
El fin de semana Arce y el expresidente protagonizaron una polémica por sus declaraciones respecto a la cantidad de oro que se encuentra en custodia del ente emisor. El postulante de Libre advirtió al mandatario y a los ejecutivos del BCB que entreguen las reservas con el oro físico en bóvedas o, caso contrario, que se preparen para enfrentar procesos legales.

«Primero, nosotros no vamos a escapar, no tenemos por qué escapar del país; segundo, si no hay dólares, si hay problemas de combustible y todo el problema económico, eso ha sido generado por de la derecha y el evismo desde la Asamblea Legislativa, en un acuerdo sin precedentes entre los golpistas y los golpeados de 2019″, indicó Arce.
El mandatario reiteró que Quiroga desconoce la normativa sobre las RIN y agregó que tanto su Gobierno el ente emisor realizan operaciones apegados a la norma vigente.

«Así como lo he visto protestar ante un candidato que no conocía algunos datos económicos y demás, el señor Quiroga tampoco establece que él sepa la normativa en la que se manejan las reservas internacionales, hay normativa legal, un límite de oro que tiene que estar en manos del BCB, ese límite se lo ha respetado siempre», manifestó.