La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur manifestaron su preocupación por las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por graves violaciones de derechos humanos en las masacres de Senkata y Sacaba ocurridas en 2019.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, valoró este viernes dichos pronunciamientos y advirtió que la liberación en ambos casos podría sentar un “nefasto precedente” en la historia boliviana. “Es importante garantizar que estas víctimas tengan justicia, que esa justicia llegue de manera oportuna y, sobre todo, recordar que hay familias que no van a volver a tener a sus seres queridos. De lo contrario, esto resultaría un nefasto precedente en nuestra historia boliviana”, declaró en conferencia de prensa.

Los organismos internacionales resaltaron además la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, que el 9 de septiembre de 2025 ratificó la resolución que confirma la nulidad en el caso Senkata. Saravia destacó que estas investigaciones surgieron tras una visita in situ en Bolivia, que permitió a expertos internacionales interactuar directamente con las víctimas y familiares.
La ministra subrayó que el Estado tiene la obligación de cumplir con compromisos internacionales en derechos humanos, garantizando justicia oportuna y evitando la revictimización de las víctimas. Aunque el Gobierno respeta las decisiones del Órgano Judicial, recordó que existen recomendaciones internacionales que Bolivia debe acatar.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Gabriel Neme Ballón, lamentó este viernes que un juez cautelar de la ciudad de El Alto haya ordenado la libertad pura y simple para una mujer aprehendida por ofrecer explosivos ANFO y dinamitas a través de redes sociales.
La autoridad policial explicó que la venta de estos artefactos está regulada por la ley y no puede realizarse sin autorización. “El caso fue puesto a conocimiento de la Fiscalía y la persona aprehendida fue puesta ante el juez cautelar, pero lamentablemente la autoridad jurisdiccional determinó la libertad pura y simple para esta mujer que vendía explosivos por las redes sociales”, afirmó en conferencia de prensa.

Según el trabajo de inteligencia policial, tras un rastreo en redes sociales se identificó a una mujer de entre 30 y 35 años que ofrecía 20 bolsas de ANFO, a un precio de entre Bs 900 y 1.000 cada una, además de una caja de dinamitas cuyo valor oscilaba entre Bs 15 y 20 por unidad. Todos estos elementos fueron incautados por la Policía y la Unidad de Bomberos, quienes los trasladaron a un lugar seguro para proteger a la población de La Paz.
Neme expresó su preocupación porque la venta de explosivos, que se realizaba incluso en una feria de El Alto, no puede hacerse de manera indiscriminada y sin control. Además, lamentó que la liberación de personas implicadas en este tipo de hechos genere un panorama más complejo, pues el trabajo policial fue profesional y permitió localizar a la sospechosa, cuyo accionar ponía en riesgo la seguridad ciudadana.

Tras un operativo policial que trasladó desde San Rafael a Santa Cruz de la Sierra a la mujer que supuestamente se casó con Sérgio Luiz de Freitas Filho, el capo del Primer Comando Capital (PCC), Ana L. F. L. fue liberada ese mismo día y este viernes expresó su indignación con la institución verde olivo, asegurando que nunca estuvo casada ni conoce a alias Mijão.
“Llegaron a mi pueblo, me trajeron con esa investigación que yo supuestamente estoy casada con ese señor que yo nunca lo he visto”, manifestó Ana L. F. L. Añadió que está soltera y que su abogado ha solicitado en el registro civil el supuesto acta de matrimonio, pero no existe. “No estoy casada, nunca me casé”, reiteró la mujer.

El martes 9 de septiembre, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que para obtener documentación boliviana, Mijão se presentó con documentos falsos bajo el nombre de Sergio Noronha y que utilizó un certificado de matrimonio con una boliviana, cuya identidad no fue revelada, para obtener la nacionalidad.
Ana L. F. L. sospecha que todo ocurrió porque perdió su documentación y no reportó la pérdida a la Policía. “Yo creo que la han usado porque yo no lo conozco a ese señor, nunca hubo un matrimonio y tampoco un divorcio”, afirmó.
La mujer solicitó a la Policía que esclarezca esta situación debido a los daños que podría ocasionarle esta vinculación falsa.

Un motociclista perdió la vida este viernes al mediodía en pleno centro de la ciudad de La Paz. “No sé quién tuvo la culpa, pero el motociclista chocó con el vehículo, ninguno de los ha frenado y por atrás estaba pasando el camión, ha sido lamentable, una pena lo que ha sucedido”, relató un testigo del incidente.
El accidente ocurrió en la avenida Montes, en el carril que conduce hacia las plazas Pérez Velasco y San Francisco, a una cuadra de la estación de servicio Volcán.

“El motociclista iba solo, y en el camión de alto tonelaje estaba únicamente el conductor. Ha sido algo traumático lo que pasó; el conductor del camión debía haber frenado, no respetan los semáforos, se pone en rojo y aceleran”, afirmó otro transeúnte.
Los testimonios de quienes presenciaron el accidente indican que el motociclista chocó contra el vehículo que iba delante de él y, tras caer, fue arrollado por un camión pesado. “Por aquí transitan niños, hay un colegio en frente, esto podía haberle ocurrido a cualquiera. Que los choferes tengan más prudencia y que los motociclistas no se metan donde no deben”, comentó otra persona.

El precio del aceite en los puntos de venta de Emapa volvió a subir, alcanzando los Bs 18,5 por litro, lo que ha generado malestar entre los consumidores que esperaban adquirir este producto básico a un costo accesible. La medida sorprende aún más considerando que anteriormente ya se había incrementado de Bs 14 a Bs 16,5. Las largas filas y la restricción de compra a solo una unidad por persona agravan el panorama para miles de familias.

Las amas de casa expresan su preocupación al notar que el precio en Emapa se acerca al del mercado tradicional, donde el litro a granel cuesta Bs 19,5. “Se supone que Emapa ofrece productos más económicos, pero ya no hay diferencia”, comentan. Esta situación pone en duda la efectividad de los mecanismos estatales para aliviar el impacto de la inflación en la canasta familiar.

A pesar de la baja del dólar, los precios de alimentos continúan en ascenso, afectando directamente los hábitos alimenticios de la población. Muchos bolivianos han comenzado a reducir el consumo de productos esenciales, lo que podría tener consecuencias en la nutrición y salud pública. La incertidumbre económica persiste, y el alza del aceite se suma a una serie de ajustes que golpean el bolsillo de los sectores más vulnerables.

La Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión especial que investigó el caso Botrading, empresa creada por YPFB en Paraguay para la compra de combustibles. El documento, que revela presuntos sobreprecios en contratos con la estatal petrolera, será remitido al presidente Luis Arce y a la Contraloría General del Estado. Si se detectan indicios de delito, el caso deberá ser derivado al Ministerio Público, que ya inició investigaciones preliminares.

El informe recomienda auditorías forenses a YPFB Internacional S.A. y Botrading S.A. en los ámbitos financiero, técnico, contable y jurídico. Según el diputado Carlos Alarcón, las operaciones con Botrading habrían generado un daño económico al Estado de al menos 355 millones de dólares. A pesar de los cuestionamientos, YPFB volvió a adjudicar un contrato millonario a la empresa intermediaria, lo que ha intensificado el escrutinio público.

El fiscal Omar Yujra confirmó que más de seis personas están siendo investigadas, entre ellas altos directivos de YPFB Corporación, Logística y Refinación. La comisión fue conformada en marzo tras revelaciones periodísticas que pusieron en duda la legalidad y eficiencia del esquema de contratación. Ahora, con el informe aprobado, se espera que las instancias correspondientes tomen medidas correctivas y determinen responsabilidades.

El diputado Orlando Valdez, representante de Comunidad Ciudadana, presentó en la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de periodistas y garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. La iniciativa surge como respuesta a los reiterados ataques sufridos por comunicadores durante coberturas de marchas y protestas, una situación que ha generado preocupación en el ámbito nacional.

Valdez denunció que las agresiones físicas, psicológicas y el robo de equipos a trabajadores de la prensa son hechos que, en muchos casos, quedan impunes. Por ello, el proyecto contempla medidas concretas como la creación de una unidad policial especializada, un sistema de alerta temprana y un portal para registrar amenazas. Además, se propone brindar asistencia legal y apoyo psicológico a los afectados, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la democracia.

La propuesta también incluye un mecanismo interinstitucional que involucra a la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, la Policía y los gremios periodísticos, con el fin de coordinar acciones de prevención y sanción. “No se puede permitir que informar se convierta en una actividad de riesgo”, afirmó Valdez, subrayando que proteger a los periodistas es proteger el derecho ciudadano a estar informado.