El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, en su calidad de coordinador del ente cívico nacional anunció que el encuentro está fijado para el martes 16 de septiembre en oficinas del Comité Cívico de Cochabamba, donde se planteará, entre otras cosas, la abrogación del Decreto Supremo 405 donde se fija el feriado nacional por el Día del Estado Plurinacional, además, demandaron que vuelva a llamarse República de Bolivia.
Bolivia cambió de denominación de República a Estado Plurinacional mediante un proceso constituyente de 2009, luego que tres años antes el entonces presidente Evo Morales haya asumido el mando del país por primera vez.

“No hay justificativo, ni hay argumento para poder seguir sosteniendo de que siga vigente el Estado Plurinacional, el exmandatario Evo Morales se fue, por lo tanto, el Estado Plurinacional también tiene que irse”, dijo.
El Decreto Supremo 405, vigente desde 20 de enero del 2010, justamente hace hincapié que al Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia y declara feriado con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional.
El actual Estado Plurinacional, según el cívico tarijeño, representa la crisis económica, social, política y judicial que vive la población.
“El 17 de agosto del presente año la democracia y la libertad han ganado en las urnas al Movimiento Al Socialismo, al proceso de cambio, a este régimen, por lo tanto, todo debe irse con este régimen”, insistió.

Otro de los temas que se abordará en la reunión del Movimiento Cívico se encuentra el rol de la justicia, los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 2024 con referencia al pacto fiscal y análisis del calendario electoral de las elecciones 2025.
El cívico perfiló que el cambio de denominación sea una tarea del gobierno que salga electo y de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Dirección Nacional de Evo Pueblo aseguró este lunes que el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y varios de sus ministros de Estado supuestamente están planificando una salida del país hacia Estados Unidos, con el fin de evadir responsabilidades por presuntos delitos de lesa humanidad y hechos de corrupción. “Es evidente que en los últimos días existe mucho nerviosismo al interior del Gobierno nacional. Tenemos información fidedigna desde el Ministerio de la Presidencia que indica que Luis Arce, David Choquehuanca y los ministros más corruptos del país están planeando una fuga hacia Estados Unidos y otros destinos para evadir la justicia por los delitos de lesa humanidad y corrupción cometidos en el territorio nacional. Pretenden escapar para dejar sin efecto los procesos en su contra», aseguró Omar Ramírez, dirigente de Evo Pueblo, en conferencia de prensa, acompañado de otros dirigentes.

Los evistas exigen al Ministerio Público, a Migración y al Órgano Judicial que emitan de inmediato medidas de arraigo y alerta migratoria contra las principales autoridades nacionales. “El único lugar donde deben rendir cuentas es en Chonchocoro. Deben pagar por el daño a la economía y por las muertes de 2019, que siguen impunes”, añadió Ramírez.
Evo Pueblo también criticó la reciente liberación de actores políticos como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, a quienes calificaron de responsables del denominado golpe de Estado de 2019. Según la denuncia, esta situación sería resultado de un pacto de impunidad entre el Gobierno y sectores de la oposición.

“Mientras los verdaderos responsables del golpe están libres, más de 300 dirigentes campesinos e indígenas siguen en la cárcel por reclamar pan, combustible o denunciar corrupción. Esa es la injusticia que vivimos”, cuestionó Ramírez.
Incluso advirtieron que en el caso de que continúen los «pactos de impunidad y las persecuciones» contra Evo Morales y su dirigencia, no descartan movilizarse en los siguientes días.

El exparlamentario y exministro Arturo Murillo, ha sido desposeído de sus bienes por el Estado, a tal punto que no tiene dónde vivir y sólo le queda la cárcel de San Pedro, informó su abogado Jaime Tapia.
El jurista se refirió a la situación de Murillo luego de que se conociera que tiene 15 procesos en su contra y que ya fue enviado al penal de San Pedro con detención domiciliaria. “Estamos empezando esta pesadilla, imagínese, en estas condiciones, con una persona que ha sido desposeída de todos sus bienes. El Estado se ha apropiado arbitrariamente de todos sus bienes. Él no tiene en este momento dónde vivir, no tiene de qué trabajar ni nada, porque realmente sus bienes se le han quitado y el único hogar que le queda en este momento va a ser, y por este tiempo, el penal de San Pedro”, dijo Tapia.

Según el jurista, Arturo Murillo “está solo”, pero por decisión suya de no involucrar ni comunicarse con su familia y amigos. Dijo que se mantiene de esa manera para proteger a sus allegados, dado que en el pasado sus familiares fueron buscados para tenerlos como “rehenes” en sus procesos.
Tapia insistió en la inocencia de su defendido y cuestionó que se asuma como referencia la sentencia que recibió en Estados Unidos. Según el abogado, Arturo Murillo se tuvo que declarar culpable en Estados Unidos por falta de dinero, dado que no podía costear un proceso contra el sistema judicial de ese país.
Explicó que solamente un peritaje en Estados Unidos costaba 100.000 dólares, por lo cual consideró que la sentencia era el mal menor.

“Una cosa es tener la billetera en Estados Unidos para contratarte un despacho decente de abogados, tener dinero para las pericias, tener dinero para tanta cosa con la que podía haber salido absuelto, pero otra cosa es que te agarren del cuello como a bolivianito y te digan: mira no tienes chances, estas acorralado”, comentó.
En Estados Unidos, Murillo fue condenado por lavado de dinero proveniente de la corrupción. Tras cumplir su sentencia fue deportado a Bolivia, donde también tiene procesos pendientes en la justicia.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, informó este lunes que se enteró por los medios de comunicación de la denuncia que presentó en su contra Brenda La Fuente, quien lo acusa de no asumir la paternidad. “No hemos sido notificados”, aseguró.
“No hemos sido notificados y por supuesto que me voy a defender de esta acusación con mis abogados particulares, porque eso es lo que corresponde”, expresó este lunes desde la Casa Grande del Pueblo. La Fiscalía Departamental de Cochabamba oficializó este lunes que hay una denuncia contra Arce Catacora por el tema de paternidad.

Brenda la Fuente fue directora ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) desde enero de 2021 hasta mayo de 2022. Candidata a Mis Cochabamba, abogada de profesión, en los últimos días denunció al Ministerio Público que el presidente del Estado Luis Arce Catacora no quiere asumir la responsabilidad por un hijo que, según ella, tuvieron juntos el año pasado.
“Hace una semana atrás decidí hacer mi último intento viajando personalmente a la ciudad de La Paz. Le envié un mensaje desde otro número diciéndole que me encontraba allí y que necesitaba hablar con él. El comportamiento clásico del padre de mi hijo fue bloquearme otra vez. Por todo lo anteriormente expuesto, me vi en la necesidad de acudir a la vía legal. Si no lo hice anteriormente fue únicamente para no afectar su carrera política”, señala un fragmento de la denuncia presentada el 29 de agosto ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba.

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) manifestó su preocupación ante la incertidumbre que existe en la elaboración del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 para el sector salud. Aunque el proyecto es impulsado por el gobierno de Luis Arce y será implementado por la próxima administración, que asumirá tras las elecciones del 19 de octubre, la inquietud principal radica en los problemas relacionados con los precios referenciales para la compra de medicamentos por parte de las instituciones públicas. Estos precios, en su mayoría, han dejado de ser competitivos debido a la dificultad que enfrentan los proveedores para acceder a dólares.
Recientemente, en la Cámara de Senadores se aprobó el Proyecto de Ley N° 172/2024-2025 C.S., denominado “Ley de Fortalecimiento al Sector de Salud Pública con la asignación de al menos el 10% del Presupuesto General del Estado”. Sin embargo, persiste la duda sobre si este porcentaje será suficiente para cubrir la adquisición de medicamentos en 2026, dado que en 2025 varias entidades reportaron problemas relacionados con los presupuestos asignados.
“Nos preocupa que las entidades públicas presenten al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sus presupuestos para el 2026 con precios anteriores, que no reflejan los costos reales de la industria farmacéutica nacional. Si esto sucede, las compras públicas se verán afectadas y las empresas pueden dejar de presentarse a las licitaciones, como sucede actualmente”, afirma un comunicado de Cifabol.

Desde 2024, la Cámara ha insistido ante el Ministerio de Salud y Deportes para que permita actualizar los precios referenciales de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname), debido a los sobrecostos productivos provocados por la falta de acceso a dólares para pagos internacionales. Aunque se han promovido algunas nivelaciones de precios, el problema persiste y requiere una solución urgente.
Ante esta situación, Cifabol hace un llamado tanto al gobierno saliente como al entrante para abrir un diálogo que permita encontrar soluciones conjuntas y evite una crisis mayor en el abastecimiento de medicamentos para la población boliviana.
“El PGE 2026 marcará la salud pública del país durante todo el próximo año. Si se aprueba basado en precios desactualizados y los presupuestos resultan insuficientes, se puede generar un elevado riesgo de desabastecimiento”, destaca la institución.
La Cámara reafirma su disposición para colaborar con las autoridades en la definición de medidas urgentes que garanticen precios referenciales competitivos y presupuestos adecuados, asegurando así la sostenibilidad del sector farmacéutico nacional.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, informó que el Viceministerio de Transparencia admitió una denuncia contra Hugo Moldiz, asesor del presidente Luis Arce, relacionada con la adjudicación de contratos millonarios para su semanario. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación.
En julio, Román llevó a cabo una fiscalización sobre los contratos del semanario La Época, propiedad de Moldiz. La legisladora reveló que se adjudicaron 17 contratos de manera directa desde el Ministerio de la Presidencia, por un monto superior a 2,6 millones de bolivianos.

“Interpusimos la denuncia al Viceministerio de Transparencia por los delitos de tráfico de influencias y conducta antieconómica, establecidos en el Código Penal. El Viceministerio de Transparencia nos notificó con la admisión de la denuncia, la misma que está en fase de investigación”, detalló la legisladora.
Román además denunció a Moldiz, a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y a quienes resulten involucrados, por favorecer con pauta publicitaria estatal al asesor presidencial.
“Al momento la investigación está a cargo de la Unidad de Investigación en Actos de Corrupción del Viceministerio de Transparencia. (…) A este caso vamos a hacerle seguimiento y no permitiremos que sólo se procese a funcionarios de rangos medios y bajos; Moldiz, Prada y Alcón deben ser procesados”, enfatizó la diputada.

Finalmente, Román recordó que ya había advertido que las acciones de fiscalización realizadas por parlamentarios que denunciaron irregularidades del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) tendrían resultados. Añadió que estas denuncias servirán como precedentes para procesar la corrupción de los masistas.
“Lo dijimos en varias oportunidades, que nuestros denuncias y nuestros hechos de fiscalización iba a dar curso con la caída del MAS y que también quedarán como precedentes. Como parlamentarios de oposición, quienes realmente cumplimos con el rol de fiscalizar, siendo minoría y con todo en contra, cumplimos nuestro rol, dimos férrea lucha a los actos de corrupción al masismo y nuestras acciones ahora empiezan a tener sus frutos”, concluyó.

En el formulario de denuncia, al que accedió la ANF, la víctima relata las múltiples veces que ella y su padre intentaron comunicarse con el mandatario luego de informarle que esperaba un hijo suyo. Incluso señaló que Arce negó ser el padre del menor y se negó a someterse a una prueba de ADN.
“Hace una semana atrás, decidí hacer mi último intento viajando personalmente a la ciudad de La Paz, llegando le envié un mensaje de otro nuevo número diciéndole que me encontraba en La Paz y que necesitaba hablar con él y el comportamiento clásico del padre de mi hijo, fue bloquearme otra vez. Por todo lo anteriormente expuesto, me vi en la necesidad de acudir a la vía legal. Si no lo hice con anterioridad fue únicamente para no afectar su carrera política, primero como candidato a la Presidencia y posteriormente como primer senador por La Paz”, dice una parte de la denuncia.
Este medio se contactó desde el viernes con el Viceministerio de Comunicación para solicitar una contraparte sobre la denuncia; inicialmente, la funcionaria indicó que iba a consultar sobre el requerimiento periodístico, pero luego dejó de responder. Se insistió en dos ocasiones más, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Durante la semana también se intentó comunicarse con la víctima, quien en dos ocasiones respondió pero no devolvió posteriormente la llamada ni contestó mensajes enviados a su WhatsApp. Igualmente, se intentó contactar al fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, quien se comprometió a atender el caso, pero luego dejó de responder.
La denuncia fue presentada el 29 de agosto de este año, a las 16:18, en la fiscalía departamental de Cochabamba y registrada por Ingrid Ríos García. En ella, la víctima narra el inicio de su relación sentimental con el jefe de Estado en 2023. Producto de esa relación, tuvieron un hijo nacido en noviembre de 2024.
El 6 de abril del año pasado, la denunciante se realizó un estudio en un laboratorio particular y un día después informó al Presidente sobre su estado, a lo que él preguntó si estaba segura de la paternidad y de tener al bebé. Tras la confirmación positiva, le solicitó mantener la noticia en reserva debido a un «año complicado» por las elecciones.
“Al día siguiente me reuní con el Sr. Luis Arce Catacora en un departamento cerca de la Plaza Avaroa. Le comuniqué que esperaba un hijo suyo, su primera reacción fue preguntarme si estaba segura de la paternidad, a lo que respondí con absoluta certeza (…). Acto seguido, me interrogó si deseaba tener a ese hijo, a lo cual respondí que sí. Se mostró sorprendido, aunque sereno. Su única petición fue que mantuviera la noticia en reserva por la campaña electoral”, relata la denuncia.

El embarazo fue de riesgo debido a una intervención quirúrgica previa por una lesión precancerígena en noviembre de 2023, requiriendo atención y reposo médico debido a un sangrado que puso en riesgo la vida del bebé.
En julio de 2024, la víctima viajó a La Paz para hablar con el mandatario; el 17 de ese mes se comunicó para concretar un encuentro realizado una semana después, donde informó el sexo del bebé y mostró estudios médicos. Sin embargo, Arce negó ser el padre alegando una incapacidad para tener hijos tras una enfermedad que enfrentó seis años atrás. La víctima estuvo dispuesta a una prueba de ADN, pero él rechazó la propuesta y solicitó que se realice después del nacimiento.
Según la denuncia, “él no se hizo cargo y se negó a cumplir con sus obligaciones, indicándome de manera textual que acudiera a un hospital público, ‘Que para eso está el SUS’. Reforzó su indiferencia con palabras crueles: ‘ese no es mi problema’, ‘ese hijo no es mío’, ‘anda a pedir ayuda al padre de tu hijo’, ‘yo no tengo ninguna obligación contigo’. Además, se valió de su cargo para decirme: ‘mientras yo sea presidente no vas a trabajar en mi gobierno’ y ‘búscate trabajo con tus cartoncitos’, refiriéndose insultantemente a mis títulos profesionales. Con estas palabras nos dejó completamente solos y abandonados a nuestra suerte”.
La víctima señaló que estaba prácticamente sola, con su madre fallecida hace 10 años y su padre hospitalizado. El niño nació en noviembre en una clínica privada, pues no recibió atención adecuada en el seguro médico.

Tras el nacimiento, desde diciembre y en lo que va del año la denunciante intentó comunicarse con Arce para solicitar apoyo para la manutención del menor, sin éxito, ya que él solo procedía a bloquearla.
“Al cumplir un mes mi hijo, adquirí otro número telefónico para escribir nuevamente al padre. Le manifesté la necesidad de conversar y, de persistir en su negativa, pedí que me indicara dónde dejar una muestra de sangre para una prueba de ADN. Su respuesta fue bloquearme otra vez”, relata.
El padre de Brenda acudió personalmente a la Casa Grande del Pueblo y viajó a un acto en Oruro el 2 de mayo para solicitar reunión, que no se concretó a pesar de que Luis Arce asintió con la cabeza. Luego intentó sin éxito reunirse entre el 23 y 26 de julio y contactarse con el mandatario por terceros.
Además, la denuncia incluye medidas de protección para la víctima, como prohibición al agresor de acercarse a su domicilio, trabajo, estudios y lugares frecuentados, así como restricciones de tránsito en sus recorridos habituales.