El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC) dirigió la “Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas” correspondiente a la gestión 2025, con el propósito de presentar y aprobar informes y herramientas clave en la lucha contra la corrupción, con la participación de los miembros que integran este consejo.
Durante el encuentro se presentó y aprobó la Guía para la Gestión de Riesgos de Transparencia e Integridad en las Entidades Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, así como el Protocolo Interinstitucional sobre Protección de Denunciantes y Testigos en Materia de Corrupción.
Respecto a la Guía, esta establece un método institucional, simple y verificable para gestionar riesgos relacionados con la transparencia e integridad en las entidades públicas. “Su propósito es prevenir afectaciones al servicio y a los recursos públicos, fortalecer los controles internos y respaldar decisiones con evidencia”, explicó la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos Laguna.
Por su parte, el Protocolo establece lineamientos y mecanismos de coordinación interinstitucional que garantizan la seguridad y confidencialidad para quienes denuncien actos de corrupción o actúen como testigos.

Asimismo, se presentaron 10 Informes de Evaluación de Impacto elaborados por el VTILCC durante el presente año, los cuales evalúan diferentes sistemas y programas implementados en la gestión 2021-2025. Entre estos destacan: las Líneas VEA y BOT, Gestión de Denuncias, Gestión de Procesos Penales, Módulo de Rendición Pública de Cuentas, Incompatibilidad por la Función Pública, Uso de TIC en el SIARBE, Denuncias contra Jueces y Fiscales, Justicia Restaurativa y Colaboración Eficaz, Herramienta Educativa Trascender, y el Informe de Gestión de Riesgos en Materia de Corrupción. Los resultados están disponibles en la plataforma digital oficial.
Finalmente, durante la reunión se presentaron los Lineamientos de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción 2026–2030, que comprenden tres líneas de acción: Tecnología para la Transparencia y Gestión de Riesgos, Fortalecimiento Institucional y Normativo Anticorrupción, e Integridad y Participación Ciudadana.
La actividad contó con la presencia de representantes de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales que forman parte de esta instancia representativa en la lucha contra la corrupción.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Eclesial convocó este viernes a una concentración en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba para acompañar la lectura íntegra de la sentencia contra los exprovinciales jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, procesados por encubrimiento al sacerdote Alfonso Pedrajas, acusado de múltiples abusos sexuales.
La actividad está programada para las 15:00, cuando los asistentes se reunirán frente al Palacio de Culturas de la Gobernación, donde se escuchará la lectura completa de la sentencia, incluyendo sus fundamentaciones y la parte resolutiva. “La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes convoca a nuestros hermanos, víctimas, sobrevivientes, aliados, colectivos de activistas, artistas solidarios, a reunirnos en la plaza principal 14 de septiembre (…) oiremos la lectura completa de la sentencia”, señala parte del comunicado.
Tras el histórico fallo que condenó a un año de prisión a los dos octogenarios religiosos, la Comunidad de Sobrevivientes informó que continúan recibiendo testimonios de más víctimas, quienes señalan a otros sacerdotes jesuitas y describen con mayor claridad los mecanismos de encubrimiento aplicados durante décadas.

“Seguimos siendo contactados por más víctimas de más jesuitas abusadores, que señalan, con más nitidez, los mecanismos de encubrimiento y a los actores de estos perversos mecanismos y estructuras institucionales”, reveló la Comunidad.
Estas nuevas denuncias están siendo preparadas para ser presentadas formalmente ante la justicia, adelantó la Comunidad de Sobrevivientes.
Asimismo, reiteraron el llamado a todas las personas que hayan sido víctimas o testigos de abuso sexual eclesial a sumarse a la lucha por la verdad y la justicia, buscando romper el silencio y evitar que estos crímenes se repitan en Bolivia.

José Lucas Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo en Argentina, aseguró este viernes que la investigación contra Evo Morales por presuntos delitos de estupro y trata de personas no es reciente, sino que comenzó en 2020, cuando el exmandatario se encontraba asilado en ese país tras dejar el poder en Bolivia.
“Sí. Una de las viviendas la tenemos identificada y pedimos información en ese momento, cuando él (Evo Morales) estaba alojado. La investigación empezó mucho antes, cuando Morales aún residía allí. Lo que no sabíamos era ¿quién le alquilaba la vivienda?, ahora ya está identificado en el expediente”, respondió el jurista argentino preguntando “¿Ustedes han indagado quiénes vivían en las casas donde estaba alojado en Argentina?”
El jurista explicó que, incluso en ese entonces, ya circulaban declaraciones y testimonios sobre los presuntos hechos ilegales en los que se habría involucrado Morales. “La investigación la empezamos mucho tiempo antes, cuando él aún estaba alojado en Argentina. Teníamos rumores y declaraciones, aunque no tan abiertas como las de la señora (Angélica) Ponce, que después sirvieron para reforzar la denuncia”, declaró Magioncalda.

Magioncalda adelantó que, en la investigación en Argentina, se prevé citar a declarar a testigos clave ante el juez, incluidos funcionarios policiales que brindaron custodia al exmandatario durante su estadía en Buenos Aires, para establecer quiénes ingresaban y salían de las viviendas donde se alojó Morales.
Sobre si se convocará a declarar a Cindy Saraí V. P. y a su madre, en calidad de testigos, el jurista argentino afirmó que ambas no tienen relación directa con el caso que investigan desde hace años, pero sí entienden que sería útil su declaración para evidenciar el «modus operandi» tanto del actual gobierno como el de Evo Morales, en cuanto a «encubrir ilícitos».
Detalló que la causa contra Evo, que inició la Fundación Apolo en Argentina, aún está en etapa inicial, buscando testigos, tomando en cuenta que el exmandatario tenía custodia en Argentina, por eso, lo principal es obtener esa información, y en paralelo también es importante la declaración de Ponce.

Ella ya declaró en Bolivia, y sería fundamental que ratifique sus dichos en Argentina o que la justicia boliviana remita las actas correspondientes. Si se confirma que ingresó a la vivienda, su testimonio tendrá valor para la causa.
Morales también tiene denuncia por el delito de estupro y trata contra Cindy Sarai V. P., quien junto a su hija menor de 9 años y su madre, Idelsa Pozo, recibió asilo diplomático del gobierno argentino desde el 22 de agosto pasado, según confirmó la Cancillería de ese país. Ella solicitó protección internacional a las autoridades argentinas, en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N.º 26.165, que reconoce a las víctimas de persecución y violencia como refugiados.

La bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) hizo pública este jueves su denuncia sobre una campaña de «guerra sucia» y hostigamiento en redes sociales dirigida a sus legisladores y dirigentes. El diputado electo Ricardo Rada informó que se han intentado hackear las cuentas de varios miembros del partido y que su personal ha sido objeto de seguimientos en distintas zonas de la ciudad.
Según Rada, los ataques provienen de “agentes extranjeros” infiltrados en la sociedad boliviana con la intención de causar daño. Asimismo, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se investiguen estas acciones que, a su juicio, buscan desestabilizar a su agrupación política.

En un mensaje contundente, el diputado electo se dirigió directamente al candidato vicepresidencial de la alianza Libre, Juan Pablo Velasco: «Viejo no seas cobarde, defendé a los jóvenes que quieren cambiar Bolivia, no te dejes guiar por las malas prácticas, no permitas que esto hagan los estrategas de afuera».
Aunque Rada evitó mencionar a la agrupación Libre de forma explícita, aclaró que su denuncia no está dirigida a nombres específicos. Sin embargo, aseguró que tienen conocimiento de la existencia de “equipos y estrategas pagados” dedicados a estas prácticas, evidenciando una campaña coordinada para dañar la imagen y el trabajo del PDC.

Esta denuncia pone en evidencia las tensiones políticas actuales y el inicio de métodos ilegales en el desarrollo de la campaña electoral. La bancada del PDC exige a las autoridades electorales y judiciales que respondan para garantizar un proceso democrático limpio y transparente, libre de tácticas que vulneren la privacidad y seguridad de sus líderes.

El Sistema de la Universidad Boliviana, representado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), expresó este miércoles su “más enérgico y categórico rechazo” a las recientes declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, quien acusó a las casas de estudios superiores de prácticas de corrupción en la titulación de los estudiantes.
En un comunicado oficial, las universidades recordaron que “la Autonomía Universitaria, establecida en la Constitución Política del Estado, es un principio fundamental que sustenta el funcionamiento del Sistema de la Universidad Boliviana”. Señalaron además que este principio garantiza la gestión independiente en lo académico y administrativo, “sin injerencias externas, sean estas gubernamentales, empresariales o de cualquier otra índole, teniendo como base el pensamiento crítico, la investigación científica y la libertad de cátedra”.
El pronunciamiento responde a las declaraciones de Lara, quien aseguró que existe corrupción en los procesos de titulación. Según afirmó: “Bajo ese pretexto de autonomía universitaria les cobran para la titulación. Les obligan a pagar un tutor; incluso, les obligan a comprar comida a los jurados para que ese día hagan su defensa”.
Las universidades rechazaron categóricamente estas aseveraciones al considerar que “carecen de sustento y constituyen una generalización injusta, que pone en entredicho el prestigio y la legitimidad de las universidades públicas del país”. El comunicado añade que este tipo de acusaciones sin pruebas “es un acto de irresponsabilidad y desconocimiento, que desinforma a la ciudadanía y menoscaba el trabajo de docentes, estudiantes y autoridades comprometidas con la educación pública”.
Lara, en su propuesta de campaña, anunció que impulsará una ley para prohibir los cobros en los procesos de graduación. “La titulación va a ser gratuita tanto para la universidad pública como privada y todos los que cobren para la titulación los vamos a sancionar. Muchos jóvenes no se titulan porque no les alcanza la plata, porque han hecho un negociado con la titulación, y eso se acaba, se acaba la corrupción”, declaró.
Ante ello, el Sistema Universitario subrayó que, en cumplimiento de su Estatuto Orgánico, mantiene “un firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de sus procesos institucionales”. Aseguró que existen normativas de control y fiscalización que permiten identificar y sancionar oportunamente cualquier irregularidad, “garantizando así la integridad del sistema universitario”.

Finalmente, el comunicado ratifica “la defensa inquebrantable de la Autonomía Universitaria, la libertad de pensamiento, la libre expresión, y el derecho a una educación pública de calidad, libre de injerencia política”.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, informó este miércoles que el Comando de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), junto con las patrullas de la Unidad de Supervisión y Control dependientes del Viceministerio, lograron afectar el contrabando en más de Bs 3 millones entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre.
Según el parte oficial, se decomisaron 11.500 piezas de madera en el sector de Tiquina, frontera con Perú, y 3.600 unidades de huevo en la zona de Huachacalla, en la frontera con Chile, junto con 96 garrafas de gas licuado y 10.000 litros de diésel.
En cuanto a productos de contrabando de importación, en el sector de Guaqui se incautaron 590 quintales de maíz argentino y 300 ollas de presión. En el municipio de Yacuiba, frontera con Argentina, se confiscaron 60 fardos de ropa usada; en el sector de Puente Kelcata, frontera con Chile, 389 televisores de entre 32 y 43 pulgadas; y en Puerto Acosta, frontera con Perú, 16 cajas de cigarrillos.
El viceministro agregó que cuando los contrabandistas intentan recuperar la mercadería, el personal encargado tiene la facultad de destruir e incinerar los productos. En este marco, se incineró un vehículo Toyota Ipsum en Huachacalla y un camión pesado Nissan Condor que transportaba ropa usada en Parirumani, ambos en la frontera con Chile. Además, se confiscó un vehículo liviano Suzuki Swift en Yacuiba, frontera con Argentina.

Estas acciones, realizadas por las patrullas del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y el Comando Estratégico Operacional (CEO), están respaldadas por la Ley 1053, que les faculta, tras evaluar el grado de amenaza, a hacer uso de armamento respetando las normas y procedimientos operativos vigentes.

La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia Atristaín, confirmó este miércoles que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, tiene dos sentencias condenatorias en Bolivia y varios procesos legales pendientes en su contra. Se espera que en las próximas horas sea deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una condena.
Saravia informó que ya se han emitido dos órdenes de aprehensión para que Murillo cumpla las penas impuestas. “Como Justicia, estamos esperando que el señor Murillo venga a cumplir las condenas que ya han sido dispuestas a través de un proceso en el cual se ha respetado el debido proceso”, declaró la ministra.

Murillo fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión por la importación irregular de agentes químicos y armamento desde Ecuador. Adicionalmente, en Estados Unidos recibió una condena de ocho años por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
A su retorno a Bolivia, deberá responder también por su presunta implicación en las masacres de 2019, así como en casos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se espera la llegada de Murillo mañana en un vuelo a Viru Viru, Santa Cruz, y posteriormente será trasladado a El Alto, para ser internado en dependencias policiales.