Luego de su deportación desde Estados Unidos, el inminente retorno de Arturo Murillo a Bolivia reabre uno de los casos que más impacto causó durante su gestión como ministro de Gobierno: el caso Samanta, una bebé desaparecida en Villa Fátima, La Paz, y rescatada 34 días después. Durante este periodo, se presentó a una mujer como sospechosa del secuestro basándose en sus coincidencias físicas con un identikit policial.
En septiembre de 2020, la desaparición de Samanta conmocionó al país. «Murillo presentó a Lourdes Pacheco como una de las supuestas responsables del rapto», pero “la investigación posterior demostró que había sido involucrada de manera arbitraria e ilegal, lo que derivó en un proceso judicial contra el entonces ministro de Gobierno por vulneración de derechos y daños irreparables a la imagen y dignidad de la mujer.”
“Va a tener que ser sometido a una audiencia de medidas cautelares y llevado a un penal de manera establecida y determinada, y ahí poderle notificar de manera personal al señor Arturo Murillo (sobre) el tema de la acusación formal que nosotros hemos presentado ya cuando él era ministro de gobierno, al haber vulnerado directamente los derechos de Lourdes Pacheco, al haberla presentado a nivel nacional como internacional, como una de las raptoras de la bebé Samanta”, aseveró Frank Campero, abogado de Pacheco.
Campero confirmó que pedirá la detención preventiva inmediata de Murillo, añadiendo que este caso es uno de los al menos ocho procesos abiertos contra el exministro y enfatizó que deberá responder por haber violado derechos fundamentales al acusar irregularmente a una mujer sin pruebas y que el Estado debe indemnizar a la víctima.

“Ya de manera específica, teniéndolo en el país, vamos a notificarlo de manera presencial ya para las audiencias correspondientes, él pueda tener su sentencia condenatoria y el resarcimiento del daño tendrá que pagar el Ministerio de Gobierno como el Estado, porque él ha sido funcionario en su momento. El Estado tendría que cancelar el millón de dólares correspondiente que se ha determinado en auditoría por el tema de los daños causados justamente a esta ciudadana”, precisó el jurista.
El abogado explicó que “existe ya una acusación formal presentada contra Murillo cuando aún era ministro, lo que permitirá reactivar de inmediato la causa una vez que el exministro esté en territorio boliviano.” Y enfatizó que “con que Arturo Murillo esté en el país ya facilita absolutamente todo el procedimiento como tal,” refiriéndose al caso que el próximo 8 de septiembre cumplirá cinco años.
Las medidas legales estuvieron en espera mientras Murillo cumplía condena en Estados Unidos.
El extitular de Gobierno fue condenado en 2022 en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero, tras supuestamente gestionar sobornos millonarios vinculados a la compra irregular de gases lacrimógenos. Cumplida su pena, será deportado a Bolivia en las próximas horas, lo que activa la cooperación internacional en materia penal.
Campero subrayó que la deportación se ajusta al principio internacional del Pacta sunt servanda, que obliga a los Estados a cumplir los tratados suscritos en materia de extradición y reciprocidad judicial.

Edman Lara volvió a generar polémica con sus declaraciones al asegurar que, en caso de que su partido triunfe en el balotaje, se encargará de encarcelar al presidente Luis Arce. Además, denunció supuestos acuerdos entre Jorge Tuto Quiroga y Arce para mantener la impunidad de funcionarios públicos.
En contacto con la prensa, el excapitán de la Policía criticó a Quiroga por “mancharnos de masistas y ahora sale a pedir el voto de los masistas”. También lo acusó de “hacer amarres” con Arce para que funcionarios de instituciones públicas permanezcan en sus cargos sin enfrentar juicio por irregularidades.

Según Lara, Quiroga no mencionó la posibilidad de procesar y arrestar a Arce, lo que, en su opinión, pone en duda la credibilidad del candidato. Por otro lado, anunció que él sería quien encarcelaría al mandatario, a pesar de que en declaraciones previas había indicado que como candidato no era apropiado anunciar arrestos de figuras políticas.
“Luis Arce va a ser el primero que le va a rendir cuentas a la justicia y va a ser el primero que va a entrar preso”, advirtió, calificándolo también como “el peor presidente que ha tenido el país”.
No obstante, días atrás Rodrigo Paz, compañero de fórmula de Lara y candidato presidencial, se reunió con Arce para dialogar sobre la crisis actual y asegurar una transición pacífica. En cambio, Jorge Tuto desistió de asistir a dicha cita, alegando que Arce pretendía evadir la responsabilidad de su administración.

La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió un comunicado para rechazar las acusaciones formuladas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien denunció cortes de agua y represalias durante su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en Viacha, departamento de La Paz.
Tras su liberación el viernes, Camacho afirmó haber sido víctima de “torturas blandas” durante sus más de dos años de reclusión, señalando que le cortaron el suministro de agua por cinco días, le restringieron las salidas al sol y limitaron su alimentación.

En respuesta, la Dirección General de Régimen Penitenciario expresó que se vio en la “necesidad” de informar a la población para “preservar la verdad” y aseguró que las declaraciones de Camacho “carecen de fundamento”, puesto que representantes de organismos internacionales y de derechos humanos visitaron la prisión donde estuvo recluido.
“El suministro de agua y los servicios básicos se gestionan de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones ni tratos diferenciados”, sostuvo la entidad, desacreditando las denuncias de Camacho.
Asimismo, la Dirección condenó el uso político de su gestión y ratificó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se ejecutan conforme a la normativa vigente, garantizando un respeto absoluto a los derechos humanos.

La audiencia del candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, programada para este martes a las 11:30 en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, fue suspendida hasta el 12 de septiembre.
La suspensión se debió principalmente a la ausencia de la fiscal asignada al caso, quien se encuentra de vacaciones, y a la inasistencia de la parte acusadora. “Ahora resulta que la fiscal pide vacaciones. Imagínense, se está escapando la Fiscalía y el denunciante pide conciliar. Les ha salido el tiro por la culata, en lugar de dañarme, me han hecho un favor”, expresó Lara tras salir de la audiencia.

El candidato contó con el respaldo de numerosos seguidores, que no solo lo acompañaron en Santa Cruz, sino que también realizaron una marcha en su apoyo en Cochabamba, en paralelo con la hora de la audiencia, portando pancartas y entonando arengas a favor de Lara.
“Mi persona no ha sido notificada. Si yo no me presento a la audiencia, porque a mí me notificaron en la anterior, puedo ser declarado rebelde y librarse una orden de aprehensión. No quiero caer en esa trampa”, advirtió Lara en medio de sus seguidores.

“Celebramos, porque para nosotros es el inicio: se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el Provincial de los Jesuitas, así nos manipularon”, expresó Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS).
Los abusos cometidos por Alfonso Pedrajas conocido como “padre Pica”, fueron revelados a través de un diario personal, en el que el sacerdote confesó múltiples casos de abuso sexual contra niños y adolescentes durante su labor pastoral en Bolivia.
La divulgación del caso generó gran indignación pública, lo que motivó el inicio de investigaciones y las acciones de la Fiscalía para esclarecer los hechos, incluyendo la recopilación de declaraciones y documentos de la Compañía de Jesús.
De acuerdo con los indicios, los sacerdotes Ramón Alaix y Marcos Recolons tenían conocimiento de los abusos perpetrados por Pedrajas en las décadas de 1970 y 1980. Ambos fueron mencionados en el diario del extinto jesuita como responsables del encubrimiento.
Recientemente, la defensa de los acusados intentó presentar un recurso de extinción de la acción por prescripción, pero fue rechazado por la autoridad judicial, que ordenó continuar el proceso hasta una sentencia definitiva.
El secretario de relaciones internacionales de la CBS, Edwin Alvarado, agradeció a las víctimas por su valentía al testimoniar durante el proceso y destacó que “aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas”.
Además, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes anunció que dará seguimiento al caso del fallecido jesuita Alejandro Mestre (1912-1988), denunciado por abuso sexual contra un alumno del Colegio San Calixto de La Paz en 1961, en cuyo caso los jesuitas Osvaldo C., Ignacio S. y Bernardo M. son señalados como presuntos encubridores.

Rafael Ernesto Arce Mosqueira, uno de los tres hijos del presidente Luis Arce, posee al menos siete cuentas bancarias que en conjunto suman más de 94 millones de bolivianos, informó este martes el diputado evista Héctor Arce.
“El señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira tiene varias cuentas, la primera en el Banco Ganadero, donde tiene 63.140.912 bolivianos; en el Banco Mercantil tiene cuatro cuentas, en una de ellas tiene 15.080.410 (…); en el Banco Económico tiene una cuenta con 1.551.747 bolivianos, en el Banco Unión tiene tres cuentas, sólo hemos tenido acceso a una de ellas, con 11.729.394 bolivianos”, detalló el legislador.
Rafael Ernesto y su hermana Camila están siendo investigados por la presunta compra irregular de predios productivos en Santa Cruz, cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente. En esas transacciones habrían utilizado créditos bancarios por un total de 63,1 millones de bolivianos, equivalentes a aproximadamente 9,1 millones de dólares.
“Si sumamos las siete cuentas que tiene en estos cuatro bancos, el hijo de Lucho Arce tiene 94.076.287 bolivianos, acá están las pruebas que respaldan todos estos movimientos económicos”, aseguró el diputado leal a Evo Morales.

El denunciante indicó que el presidente Luis Arce y su familia están implicados en actos de corrupción que deben ser investigados, señalando que estos hechos estarían relacionados con la crisis económica que atraviesa el país.
“Usted ha robado junto a sus hijos, señor Lucho Arce, así de claro, lo hago responsable a usted de toda la corrupción que ha enlodado a su Gobierno”, afirmó con contundencia el legislador.