El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, protagonizó un momento simbólico poco antes de abandonar la cárcel de Chonchocoro, Portando la banda de gobernador y una bandera cruceña, se acercó a la reja del centro penitenciario para despedirse de los policías que resguardaban el recinto. Saludó con apretones de manos y abrazó a algunos de los efectivos.

“Ya está la libertad. Cumplí mi palabra: ni vendidos, ni cobardes, peor masista. ¡Viva Santa Cruz! En pocas horas vamos a llegar para seguir defendiendo a nuestro pueblo, para recibir a nuestra gente. Tengo muchas ganas de abrazar a nuestro pueblo después de casi tres años. Dios los bendiga”, expresó Camacho antes de abandonar el penal.

Antes de subirse nuevamente al vehículo que lo trasladaba, el gobernador descendió para recoger un poco de tierra de los alrededores del penal de Chonchocoro, como un gesto simbólico tras su permanencia en el lugar.

En cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control en las zonas fronterizas, el Comando del Quinto Distrito Naval “Santa Cruz” de la Armada Boliviana informó la realización de un importante comiso en el Puesto de Inspección Aduanero (PIA) “Yacuses”.
Durante el operativo ejecutado el 27 de agosto, se incautaron varios bultos y cajas que contenían equipos tales como trozadoras de mármol, máquinas de sierra circular, medicamentos, cremas faciales y para el cabello, además de cables eléctricos. Todos estos productos, de procedencia extranjera, carecían de la documentación legal que respalde su ingreso al país.

El valor aproximado de los artículos decomisados supera los 21.000 bolivianos. Esta acción representa un golpe significativo al contrabando en la región y reafirma el compromiso institucional de la Armada Boliviana en la defensa de la economía nacional y el fortalecimiento del control aduanero en las fronteras del país.

El Quinto Distrito Naval “Santa Cruz” mantiene su labor constante para prevenir y evitar el ingreso irregular de mercancías que afectan la legalidad y el bienestar económico de Bolivia.

Una niña de cuatro años permanece hospitalizada en el Hospital del Niño en Cochabamba tras haber sido picada por una araña de rincón. El médico pediatra Pablo Dávila informó este jueves que su estado es grave debido a “loxoscelismo cutáneo‑visceral, cuadro tóxico producido por el veneno de la araña del rincón, con afectación de órganos internos, lo que implica una situación seria y grave. Hay compromiso renal que ha derivado en una insuficiencia renal aguda, y la niña lleva más de una semana hospitalizada, en estado muy delicado y con pronóstico reservado”.
La menor, residente de la zona de La Maica, fue mordida mientras jugaba en el patio de su hogar. La picadura ocurrió en la parte posterior del hombro, una zona especialmente propensa a desarrollar loxoscelismo con daño renal. “La picadura fue en la parte posterior del hombro. Justamente, las mordeduras en el tronco son las más propensas a desarrollar loxoscelismo cutáneo‑visceral con afectación renal”, explicó el médico.

La niña ya recibió el antídoto correspondiente, está sometida a sesiones de diálisis debido a la insuficiencia renal y recibió transfusiones por anemia severa. La araña de rincón o Loxosceles laeta se distingue por su abdomen abultado y tono café oscuro que se aclara hacia las patas. Su picadura puede provocar desde lesiones en la piel hasta daño en órganos internos.
Estos arácnidos suelen esconderse en lugares oscuros y poco ventilados —debajo de muebles, detrás de cuadros, entre piedras o zócalos, y en áreas con baja higiene—, por lo que se recomienda mantener la limpieza del hogar y vigilar especialmente a los niños menores de 10 años.

En cumplimiento de su rol como ente rector del patrimonio cultural boliviano, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización participó en la inspección presencial del recorrido oficial de la festividad de Ch’utillos, conocida también como la Fiesta de San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, un encuentro cultural que refleja la riqueza y diversidad del pueblo potosino.
El objetivo de esta inspección fue verificar que la ruta establecida para el recorrido cuente con las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad y organización, asegurando así el buen desarrollo de esta importante celebración. El personal del Ministerio destacó la importancia de garantizar el cumplimiento de los estándares adecuados para eventos de esta magnitud y relevancia cultural.

Esta actividad se llevó a cabo en coordinación con las entidades integrantes del comité organizador de la festividad, fortaleciendo el trabajo conjunto y el compromiso con la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Cada institución, dentro de sus competencias, coordinó acciones interinstitucionales para la planificación, logística y promoción del evento, siempre respetando y valorando las expresiones culturales de los pueblos.
La festividad de Ch’utillos, dedicada a San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, fue reconocida en 2023 por la UNESCO e inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en reconocimiento a su importancia histórica, social y cultural.

En el marco de la implementación de la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal, el Ministerio Público de Oruro desplegó un equipo de 27 Fiscales de Materia y Fiscales Litigantes para llevar a cabo una visita integral a los recintos penitenciarios de San Pedro y al Centro de Rehabilitación Femenino La Merced. La actividad se realizó en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia y la Delegación Defensorial del Pueblo, con el propósito de revisar el estado de los casos judiciales de las personas privadas de libertad.
“La presencia de nuestros fiscales en los centros penitenciarios responde al deber institucional de velar por el respeto de las garantías constitucionales y procesales de los privados de libertad, así como avanzar en la descongestión carcelaria de manera efectiva y humanitaria”, afirmó la Fiscal Departamental en Suplencia Legal de Oruro, Zulmer Villegas Chávez, al destacar el trabajo conjunto y el enfoque de derechos humanos que guía estas acciones.

Durante la jornada, el equipo fiscal realizó entrevistas personalizadas con los internos e internas para evaluar el avance de sus procesos, detectar posibles vulneraciones a sus derechos y coordinar medidas inmediatas que permitan agilizar los trámites judiciales.
Estas visitas forman parte de una política institucional del Ministerio Público orientada a garantizar el acceso efectivo a la justicia, promover la transparencia en la labor fiscal y fortalecer la coordinación con el Órgano Judicial, en beneficio de las personas privadas de libertad y de la sociedad en su conjunto.

El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la Fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, participaron junto a sus equipos técnicos especializados en la “Reunión Técnica Binacional Perú-Bolivia: Disrupción de las Redes de Trata de Personas y Estrategias Antilavado en Contexto de Economías Ilegales”, celebrada en Lima, Perú. El objetivo principal fue fortalecer la cooperación bilateral y las capacidades técnicas de las y los fiscales de ambos países para enfrentar delitos complejos, como la trata de personas y el lavado de activos, mediante una investigación penal más efectiva y coordinada.

“La trata de personas y el lavado de activos son delitos profundamente conectados con estructuras criminales transfronterizas, por ello, necesitamos respuestas coordinadas, basadas en el intercambio de información en tiempo real, investigaciones conjuntas y el compromiso firme de nuestras instituciones para adoptar enfoques comunes frente al crimen transnacional que le hace tanto daño a nuestros países, pero sobre todo a la población”, sostuvo Mariaca.
La primera jornada de la reunión técnica se realizó el 28 de agosto de 2025 en las instalaciones del Ministerio Público del Perú, y la segunda el 29 de agosto en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), también en Lima. Esta iniciativa fue promovida por la UNODC, la Jefatura Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de Bolivia y la Fiscalía de la Nación del Perú.

Durante el evento, se discutieron estrategias conjuntas para implementar herramientas de cooperación judicial internacional, como los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), órganos mixtos de investigación e investigaciones paralelas coordinadas, ajustadas a las particularidades de los casos planteados. Estas herramientas buscan respuestas más eficaces frente a redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.
El intercambio de experiencias entre fiscales de ambos países permitirá fortalecer las investigaciones, brindar mejor protección a las víctimas y perseguir penalmente a las organizaciones que se benefician de la vulnerabilidad humana y la economía ilícita regional.

Rafael y Camila Arce Mosqueira, dos de los tres hijos del presidente Luis Arce, fueron señalados este jueves por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz (Ponchos Rojos), que pidió al Ministerio Público activar una orden de aprehensión por presuntos hechos de corrupción vinculados a la adquisición de tierras.
“Hemos emitido una resolución pidiendo a las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público para que lo antes posible se active la orden de aprehensión para los hijos de Luis Arce Catacora, para el compañero Rafael Arce y Camila Arce. Estos dos hijos de Luis Arce Catacora han adquirido más de 63 millones de bolivianos de una entidad bancaria financiera sin justificación”, declaró el ejecutivo David Mamani.

Ambos hijos del mandatario son acusados de haber sido favorecidos con un millonario financiamiento para la compra de tierras productivas en el departamento de Santa Cruz.
“Creo que el origen de este monto ha sido la Gestora Pública, el fondo de los trabajadores que ahí depositan, entonces como autoridades sindicales y control social, ante los graves indicios de legitimación de ganancias ilícitas, solicitamos se emita mandamiento de aprehensión y resolución de imputación”, insistió el representante de los Ponchos Rojos.
Este pedido se suma a exigencias similares por parte de legisladores afines a Evo Morales, quienes también solicitaron una investigación y el precintado de la propiedad, de donde supuestamente se habría retirado maquinaria agrícola valuada en más de 10 millones de bolivianos.
“(Arce) no quiere rendir las cuentas sobre semejantes actos de corrupción en cinco años de gestión gubernamental, por lo tanto nosotros exigimos que se ejecute lo antes posible el arraigo”, reiteró Mamani.