El juez David Kasa ordenó la libertad de la expresidenta Jeanine Añez en el caso Senkata, por la muerte de varias personas durante los conflictos de 2019 en El Alto. Sin embargo, la exmandataria aún debe esperar los fallos de otros procesos en su contra, como Golpe de Estado II y Sacaba, antes de poder salir del penal de Miraflores.

Kasa anuló el juicio ordinario de Senkata para que los antecedentes sean remitidos al Fiscal General y se abra un juicio de responsabilidades, lo que permitiría a Añez defenderse en libertad. Se espera que en el caso Sacaba se adopte la misma decisión.

El caso Golpe de Estado II representa la condena más grave: en junio de 2022, Añez fue sentenciada a 10 años de prisión, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2023. Este lunes, la defensa presentó un recurso extraordinario de revisión ante el TSJ, buscando anular la sentencia y que se aplique la misma vía de juicio de responsabilidades.

Según la abogada Norka Cuéllar, si se sigue el mismo criterio, Añez podría recuperar su libertad en las próximas 48 horas.

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, aceptó debatir con su par del PDC, Edman Lara, en el mercado Abasto de Santa Cruz, como propuso Lara. El encuentro se realizaría este miércoles 27 de agosto al mediodía.

Velasco indicó que el debate será sin equipos políticos ni medios de prensa, solo ambos candidatos sentados frente a frente, con cámaras de TikTok como medio de transmisión. “Para mí es muy importante debatir ideas contigo, conocer tu visión de Bolivia y hablar de los problemas que importan a la gente”, afirmó.

El candidato pidió además que el encuentro se desarrolle con altura política y sin guerra sucia. Lara había propuesto previamente llevar el debate al mercado para acercarlo a los sectores populares.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que la segunda vuelta del 19 de octubre incluirá dos debates: uno presidencial y otro vicepresidencial, con la participación de los binomios Rodrigo Paz-Edman Lara y Jorge Quiroga-Juan Pablo Velasco.

La Asociación Boliviana de Artistas Plásticos de La Paz solicitó a la Alcaldía paceña que se obligue a la agrupación política APB-Súmate a restituir el mural sobre la Guerra del Chaco ubicado en la autopista La Paz-El Alto, luego de que fuera cubierto con propaganda electoral durante la campaña.

El pedido fue planteado en una reunión entre los representantes del sector y el director municipal de Actividades Económicas, Promoción, Inversión y Turismo, Américo Gemio. Durante el encuentro también se acordó realizar un recorrido para identificar otros murales, monumentos y bienes patrimoniales dañados. Los artistas reportaron al menos siete espacios afectados.

El mural afectado rinde homenaje a los beneméritos de la Guerra del Chaco, reconocidos por la defensa de los recursos naturales. Los artistas reclamaron a las fuerzas políticas “restituir las obras patrimoniales dañadas por propaganda electoral”, según expresaron en un pronunciamiento.

De acuerdo con la Ley Municipal 092 de Control de Propaganda Electoral, está prohibido colocar material en espacios no autorizados. Las agrupaciones que incumplen esta norma deben retirar la propaganda en un máximo de 10 días tras las elecciones y asumir la restitución si se dañan bienes patrimoniales.

La audiencia por el caso “Sacaba” contra la expresidenta Jeanine Áñez se instaló la mañana de este martes de manera virtual, después de un retraso de más de 30 minutos respecto a la convocatoria inicial, fijada para las 08:30.

La defensa de Áñez busca que el proceso siga la misma vía que el caso “Senkata”, es decir, que se anule el juicio ordinario y se remita el expediente ante el Fiscal General para la apertura de un juicio de responsabilidades.

El viernes pasado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó a los tribunales departamentales revisar los tiempos procesales de los procesos en contra de Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari.

Por los hechos ocurridos en Sacaba, Áñez enfrenta acusaciones por la muerte de 12 personas y 125 heridos durante los conflictos de 2019 en Cochabamba, cuando sectores afines a Evo Morales protestaban contra el gobierno transitorio.

Defensa espera decisión similar al caso “Senkata”
El abogado de Áñez, Luis Guillén, expresó que espera la misma determinación que adoptó el juez David Kasa en el caso “Senkata”, quien este lunes anuló el juicio ordinario y dispuso la remisión del caso a la Fiscalía General para un eventual juicio de responsabilidades, además de ordenar la libertad de la exmandataria.

Jeanine Áñez cumple detención en el penal de Miraflores por este proceso, aunque ya fue sentenciada a 10 años de cárcel en primera instancia por el caso denominado “Golpe de Estado II”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) evalúa la situación del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que obtuvo tres escaños de legisladores supraestatales en Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, pero no cuenta con candidatos habilitados para asumir esos cargos.

Francisco Vargas, vocal del TSE, informó que el caso será analizado en Sala Plena para determinar el procedimiento correspondiente. “Vamos a hacer un análisis en Sala Plena, son temas complejos. Revisaremos la jurisprudencia electoral de casos similares y asumiremos una postura”, explicó.

En la primera vuelta de las elecciones generales, el PDC ganó en cinco departamentos: La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. De acuerdo con la Ley 522, la fuerza política debía designar cinco representantes ante organismos supraestatales, sin embargo, solo inscribió candidaturas en La Paz y Oruro.

En Chuquisaca, los postulantes del PDC fueron inhabilitados por incumplir requisitos, mientras que en Cochabamba y Potosí no se presentó ningún aspirante.

Entre las opciones que analiza el TSE está asignar el cargo a un diputado plurinominal del PDC o transferir el escaño a la segunda fuerza política, que en las tres regiones fue el frente Libre. Vargas precisó que la decisión será adoptada bajo criterios técnicos y jurídicos, garantizando la legalidad y legitimidad de la representación.