La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó de manera categórica que los aditivos incorporados en la gasolina que comercializa en el mercado interno provoquen daños en la pintura de los vehículos al momento de cargar combustible en las estaciones de servicio. La aclaración surge luego de reportes difundidos en redes sociales que señalaban que el contacto del combustible aditivado con la carrocería podía causar deterioro.

El gerente de Comercialización de la estatal, Nelson Mendoza Torres, explicó que personal de la empresa realizó verificaciones en distintas estaciones de servicio de la ciudad de Santa Cruz para comprobar la situación. Según la autoridad, las pruebas demostraron que el combustible no provoca decoloración ni daño en la pintura de los motorizados.

Mendoza sostuvo que las versiones difundidas carecen de sustento y atribuyó estos comentarios a información errónea que busca afectar la imagen de la empresa estatal. Durante las verificaciones, incluso se realizaron pruebas directas aplicando gasolina sobre la pintura de vehículos para comprobar que no produce deterioro.

Desde YPFB también se explicó que los aditivos se incorporan al combustible con el objetivo de mejorar sus propiedades y su rendimiento. Entre ellos se encuentran antioxidantes que evitan que la gasolina se degrade durante el transporte y almacenamiento, además de detergentes que ayudan a limpiar los componentes del sistema de combustible y mantener el motor en mejores condiciones de funcionamiento.

La estatal petrolera reiteró que el uso de gasolina aditivada forma parte de los ajustes técnicos aplicados para mejorar la calidad del combustible que se distribuye en el país y garantizar un mejor desempeño en los vehículos que utilizan este producto

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó un proyecto de ley que propone que todos los billetes de la serie B tengan curso legal en el país, incluidos aquellos que eran transportados en el avión militar que se accidentó el pasado 27 de febrero en la ciudad de El Alto. La iniciativa surge en medio de la polémica generada por la restricción que pesa sobre parte de esos billetes, que actualmente no pueden circular según determinó el Banco Central de Bolivia (BCB).

El legislador explicó que la propuesta busca dar una salida al problema generado tras el siniestro, luego de que el ente emisor señalara que no tiene atribuciones para legalizar los billetes que fueron robados tras el accidente. En ese contexto, recordó que el propio presidente del BCB, David Espinoza, mencionó que una posible solución podría discutirse en instancias legislativas.

Alarcón aclaró que el proyecto no pretende legalizar robos ni validar los hurtos ocurridos tras el accidente, sino evitar que la población tenga dificultades al momento de recibir o verificar los billetes de esta serie en transacciones cotidianas.

La propuesta ya comenzó a generar debate en la Asamblea Legislativa. Algunos parlamentarios consideran viable la medida para evitar incertidumbre entre la población, mientras que otros señalan que el tema debe analizarse con mayor profundidad debido a las posibles implicaciones económicas que podría tener para el Estado.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que cualquier denuncia relacionada con un presunto sabotaje en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe estar respaldada con pruebas para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación formal. La autoridad explicó que existen unidades de análisis en cada departamento encargadas de evaluar las denuncias presentadas, las cuales pueden ser admitidas, observadas o rechazadas si no cuentan con los elementos necesarios.

Mariaca fue consultado en una conferencia de prensa sobre las declaraciones del presidente Rodrigo Paz y otras autoridades de Gobierno, quienes denunciaron un supuesto sabotaje en YPFB vinculado a los problemas registrados con la gasolina. En ese contexto, el fiscal general indicó que corresponde a quienes realizaron las acusaciones presentar la documentación o evidencias que sustenten esas afirmaciones.

“Si ellos han manifestado que ha existido cierto sabotaje, tendrán que demostrarlo con pruebas para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación y determinar también si los delitos denunciados son de orden público o de carácter privado”, explicó la autoridad.

Las versiones de sabotaje comenzaron a surgir a inicios de febrero, cuando el presidente Paz sostuvo que los problemas en el abastecimiento y calidad del combustible podrían estar vinculados a acciones internas que buscan perjudicar la gestión gubernamental. Posteriormente, el mandatario reiteró esa postura y aseguró que incluso se habría identificado a los responsables.

En ese contexto, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, presentó durante un informe en el Senado dos cartas enviadas en septiembre del año pasado al entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y al exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú. Según la autoridad, esos documentos advertían sobre problemas que ya se estaban registrando en vehículos por la calidad del combustible.

Medinaceli sostuvo que esos antecedentes demostrarían que las autoridades del anterior gobierno conocían los problemas relacionados con la gasolina. Sin embargo, desde la Fiscalía reiteraron que cualquier investigación formal dependerá de la presentación de pruebas que permitan sustentar las acusaciones y establecer responsabilidades.

Un total de 1.752 personas consolidaron su denuncia por daños presuntamente ocasionados por la gasolina desestabilizada en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), según informó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, durante un informe oral presentado ante la Cámara de Senadores. La cifra representa una fracción menor al 1% del parque automotor nacional, que bordea los 3 millones de vehículos entre autos y motocicletas. No obstante, el sistema registra más de 6.700 interacciones de propietarios que iniciaron el proceso de reclamo.

La autoridad explicó que, además de los reclamos completos, también se registraron 613 placas rechazadas por el sistema B-SISA, lo que forma parte del proceso de verificación de los datos del vehículo. Medinaceli señaló que el objetivo del sistema es ordenar la recepción de denuncias y evitar saturaciones durante el proceso de registro.

El registro para acceder al resarcimiento comenzó el 3 de marzo y estará habilitado hasta el 31 de marzo para todos los vehículos que reporten fallas, tanto del transporte público como particular. Para facilitar el proceso, se estableció un cronograma por terminación de placas: los números del 1 al 5 pueden registrarse del 3 al 8 de marzo; del 6 al 0, entre el 9 y el 15 de marzo; mientras que del 16 al 31 de marzo se habilitará el registro para los rezagados.

El proceso contempla dos etapas. La primera consiste en el registro y validación de los datos del propietario y del vehículo, mientras que la segunda incluye la declaración del tipo de daño y la presentación de documentación de respaldo, como facturas de reparación, fotografías o informes técnicos que respalden la afectación del motorizado.

Las autoridades explicaron que los daños serán clasificados en tres niveles: leve, medio y grave. En los casos leves la verificación será prácticamente automática, mientras que en los daños medios intervendrán peritos para revisar la documentación presentada. En situaciones consideradas graves, el seguro habilitará talleres especializados donde se realizará una inspección técnica del vehículo.

Entre los requisitos establecidos para el registro en el SREC se encuentran el RUAT, la cédula de identidad del propietario, número de celular, SOAT vigente, detalle de los daños con documentación de respaldo, una declaración jurada generada dentro del sistema, además de los datos de una cuenta bancaria para el eventual resarcimiento.

Medinaceli también indicó que los propietarios que ya repararon sus vehículos en talleres mecánicos podrán acceder al resarcimiento siempre que presenten facturas u otros documentos que respalden los gastos realizados.

La autoridad aclaró que las compensaciones no serán cubiertas directamente con recursos del Estado. Según explicó, YPFB cuenta con un seguro que fue activado para este tipo de contingencias, el cual además dispone de un reaseguro internacional que permite transferir riesgos mayores a compañías financieras en el exterior.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que este viernes intensificó el despacho de gasolina aditivada desde las plantas de almacenaje de Senkata, en el departamento de La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del combustible en ambos mercados. La estatal petrolera programó la distribución de un total de 5 millones de litros, que serán transportados en convoyes de camiones cisterna resguardados por efectivos militares para asegurar la trazabilidad en toda la cadena de distribución.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, explicó que del volumen total programado 3 millones de litros serán destinados al departamento de Santa Cruz y 2 millones a La Paz, con el fin de reforzar el suministro en las estaciones de servicio. Además, señaló que la estatal cuenta con producto suficiente y que el combustible incluye un paquete de aditivos especializados diseñado para mejorar la calidad de la gasolina y optimizar su rendimiento en los vehículos.

La autoridad también informó que desde la planta DISCAR SRL se está reforzando el despacho de combustible con salidas continuas de cisternas desde la madrugada. Según detalló, aproximadamente cuatro camiones cisterna parten cada hora, con un volumen estimado de 500.000 litros por hora, lo que permite acelerar la distribución del carburante hacia distintos puntos del país.

YPFB indicó que el proceso de aditivaje ya se realiza en varias plantas estratégicas, entre ellas Senkata, Valle Hermoso, El Portillo, Oruro y Puerto Villarroel, como parte de las medidas adoptadas para mejorar la calidad del combustible que se comercializa en el mercado interno.

Los aditivos incorporados incluyen antioxidantes, que ayudan a evitar la degradación de la gasolina durante su almacenamiento y transporte, y detergentes, que contribuyen a mantener limpio el sistema de combustible de los vehículos y mejorar el funcionamiento de los motores.

Finalmente, la empresa estatal señaló que efectivos de las Fuerzas Armadas mantienen resguardo en las plantas estratégicas para garantizar el control y la seguridad en el proceso de producción y distribución del combustible, además de evitar cualquier tipo de interferencia técnica o administrativa en el suministro.