El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre la prolongación de la detención preventiva y el uso de procesos judiciales contra opositores en Bolivia durante 2024, según el capítulo dedicado al país en su informe sobre derechos humanos.

El documento señala que la ley boliviana prohíbe las detenciones arbitrarias, pero advierte que muchos acusados permanecieron en prisión más allá de los plazos legales debido a retrasos judiciales, falta de defensores y deficiencias en el seguimiento de los casos. Además, los procesos judiciales se habrían utilizado con frecuencia para intimidar a legisladores y líderes de la oposición.

Se mencionan casos específicos como los de la expresidenta Jeanine Áñez, con ocho procesos abiertos durante su detención, Rómulo Calvo, exlíder del Comité Pro Santa Cruz, con nueve procesos, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuya salud se deterioró mientras permanecía detenido en Chonchocoro.

El entorno de Camacho aseguró que el informe confirma violaciones a los derechos humanos y que se denunciarán ante instancias nacionales e internacionales para que los responsables respondan ante la justicia.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó el informe estadounidense, calificándolo de “sin rigor, objetividad ni validez”, y con una visión “unilateral e intervencionista” que pretende influir en la política interna.

Luego de una reunión con autoridades en La Paz, dirigentes del transporte exigieron que la importación de combustibles sea directa, sin participación de intermediarios, ante la persistente escasez que afecta al sector.

“Esperamos que entreguen el diésel sin intermediarios. Nosotros queremos combustible, necesitamos diésel. Esperamos que el Gobierno cumpla con su compromiso”, afirmó Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia.

Por su parte, Pedro Quispe, representante del transporte pesado, solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) explicar por qué se subcontratan intermediarios. “Queremos que YPFB nos diga por qué subcontrata intermediarios y no realiza la importación de manera directa. Estamos pidiendo que se los retire del proceso”, indicó.

Mientras tanto, las filas para conseguir diésel persisten en estaciones de servicio del eje troncal, lo que también afecta a sectores productivos que dependen del carburante.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, afirmó que no permanecerá en el cargo más allá de su mandato y que al concluir su gestión se retirará con la satisfacción de haber cumplido su misión.

Quispe recordó los momentos previos a su designación en 2019, cuando se encontraba desempleado tras ser desvinculado de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). “Por haber dicho que estaban cayendo las reservas, me sacaron del trabajo y luego me ganaba la vida como podía”, relató.

Indicó que no tenía intención de postular, pero un amigo presentó su currículum a la convocatoria para vocales. Finalmente, obtuvo el respaldo de 135 votos en la Asamblea Legislativa, lo que consideró un impulso para asumir el reto.

De cara a la conclusión de su mandato, Quispe subrayó la importancia de respetar las normas y dar el ejemplo como autoridad electoral. “Jamás me prorrogaría en el cargo, una vez que entregue las credenciales daré un paso al costado”, aseguró.