El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que cualquier denuncia relacionada con un presunto sabotaje en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe estar respaldada con pruebas para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación formal. La autoridad explicó que existen unidades de análisis en cada departamento encargadas de evaluar las denuncias presentadas, las cuales pueden ser admitidas, observadas o rechazadas si no cuentan con los elementos necesarios.

Mariaca fue consultado en una conferencia de prensa sobre las declaraciones del presidente Rodrigo Paz y otras autoridades de Gobierno, quienes denunciaron un supuesto sabotaje en YPFB vinculado a los problemas registrados con la gasolina. En ese contexto, el fiscal general indicó que corresponde a quienes realizaron las acusaciones presentar la documentación o evidencias que sustenten esas afirmaciones.

“Si ellos han manifestado que ha existido cierto sabotaje, tendrán que demostrarlo con pruebas para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación y determinar también si los delitos denunciados son de orden público o de carácter privado”, explicó la autoridad.

Las versiones de sabotaje comenzaron a surgir a inicios de febrero, cuando el presidente Paz sostuvo que los problemas en el abastecimiento y calidad del combustible podrían estar vinculados a acciones internas que buscan perjudicar la gestión gubernamental. Posteriormente, el mandatario reiteró esa postura y aseguró que incluso se habría identificado a los responsables.

En ese contexto, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, presentó durante un informe en el Senado dos cartas enviadas en septiembre del año pasado al entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y al exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú. Según la autoridad, esos documentos advertían sobre problemas que ya se estaban registrando en vehículos por la calidad del combustible.

Medinaceli sostuvo que esos antecedentes demostrarían que las autoridades del anterior gobierno conocían los problemas relacionados con la gasolina. Sin embargo, desde la Fiscalía reiteraron que cualquier investigación formal dependerá de la presentación de pruebas que permitan sustentar las acusaciones y establecer responsabilidades.

Un total de 1.752 personas consolidaron su denuncia por daños presuntamente ocasionados por la gasolina desestabilizada en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), según informó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, durante un informe oral presentado ante la Cámara de Senadores. La cifra representa una fracción menor al 1% del parque automotor nacional, que bordea los 3 millones de vehículos entre autos y motocicletas. No obstante, el sistema registra más de 6.700 interacciones de propietarios que iniciaron el proceso de reclamo.

La autoridad explicó que, además de los reclamos completos, también se registraron 613 placas rechazadas por el sistema B-SISA, lo que forma parte del proceso de verificación de los datos del vehículo. Medinaceli señaló que el objetivo del sistema es ordenar la recepción de denuncias y evitar saturaciones durante el proceso de registro.

El registro para acceder al resarcimiento comenzó el 3 de marzo y estará habilitado hasta el 31 de marzo para todos los vehículos que reporten fallas, tanto del transporte público como particular. Para facilitar el proceso, se estableció un cronograma por terminación de placas: los números del 1 al 5 pueden registrarse del 3 al 8 de marzo; del 6 al 0, entre el 9 y el 15 de marzo; mientras que del 16 al 31 de marzo se habilitará el registro para los rezagados.

El proceso contempla dos etapas. La primera consiste en el registro y validación de los datos del propietario y del vehículo, mientras que la segunda incluye la declaración del tipo de daño y la presentación de documentación de respaldo, como facturas de reparación, fotografías o informes técnicos que respalden la afectación del motorizado.

Las autoridades explicaron que los daños serán clasificados en tres niveles: leve, medio y grave. En los casos leves la verificación será prácticamente automática, mientras que en los daños medios intervendrán peritos para revisar la documentación presentada. En situaciones consideradas graves, el seguro habilitará talleres especializados donde se realizará una inspección técnica del vehículo.

Entre los requisitos establecidos para el registro en el SREC se encuentran el RUAT, la cédula de identidad del propietario, número de celular, SOAT vigente, detalle de los daños con documentación de respaldo, una declaración jurada generada dentro del sistema, además de los datos de una cuenta bancaria para el eventual resarcimiento.

Medinaceli también indicó que los propietarios que ya repararon sus vehículos en talleres mecánicos podrán acceder al resarcimiento siempre que presenten facturas u otros documentos que respalden los gastos realizados.

La autoridad aclaró que las compensaciones no serán cubiertas directamente con recursos del Estado. Según explicó, YPFB cuenta con un seguro que fue activado para este tipo de contingencias, el cual además dispone de un reaseguro internacional que permite transferir riesgos mayores a compañías financieras en el exterior.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que este viernes intensificó el despacho de gasolina aditivada desde las plantas de almacenaje de Senkata, en el departamento de La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del combustible en ambos mercados. La estatal petrolera programó la distribución de un total de 5 millones de litros, que serán transportados en convoyes de camiones cisterna resguardados por efectivos militares para asegurar la trazabilidad en toda la cadena de distribución.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, explicó que del volumen total programado 3 millones de litros serán destinados al departamento de Santa Cruz y 2 millones a La Paz, con el fin de reforzar el suministro en las estaciones de servicio. Además, señaló que la estatal cuenta con producto suficiente y que el combustible incluye un paquete de aditivos especializados diseñado para mejorar la calidad de la gasolina y optimizar su rendimiento en los vehículos.

La autoridad también informó que desde la planta DISCAR SRL se está reforzando el despacho de combustible con salidas continuas de cisternas desde la madrugada. Según detalló, aproximadamente cuatro camiones cisterna parten cada hora, con un volumen estimado de 500.000 litros por hora, lo que permite acelerar la distribución del carburante hacia distintos puntos del país.

YPFB indicó que el proceso de aditivaje ya se realiza en varias plantas estratégicas, entre ellas Senkata, Valle Hermoso, El Portillo, Oruro y Puerto Villarroel, como parte de las medidas adoptadas para mejorar la calidad del combustible que se comercializa en el mercado interno.

Los aditivos incorporados incluyen antioxidantes, que ayudan a evitar la degradación de la gasolina durante su almacenamiento y transporte, y detergentes, que contribuyen a mantener limpio el sistema de combustible de los vehículos y mejorar el funcionamiento de los motores.

Finalmente, la empresa estatal señaló que efectivos de las Fuerzas Armadas mantienen resguardo en las plantas estratégicas para garantizar el control y la seguridad en el proceso de producción y distribución del combustible, además de evitar cualquier tipo de interferencia técnica o administrativa en el suministro.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo de La Paz, Edson Valdez, denunció que hasta el momento ninguna de las denuncias presentadas por los transportistas en el sistema habilitado para registrar daños en vehículos por la presunta mala calidad de la gasolina fue aceptada. Según el dirigente, varios conductores realizaron el proceso de registro con la esperanza de acceder al resarcimiento anunciado por las autoridades, pero hasta ahora no obtuvieron resultados.

Valdez aseguró que esta situación genera preocupación en el sector, ya que —según explicó— existen más de mil denuncias de choferes que aseguran haber sufrido fallas en sus motorizados, las cuales atribuyen a la calidad del combustible. El dirigente sostuvo que, si no existen avances en la atención de los casos, el sector podría asumir medidas de presión en los próximos días.

Asimismo, cuestionó que el proceso de verificación y aceptación de denuncias avance con lentitud, lo que —a su criterio— podría tratarse de una “dilatación” para evitar cubrir todos los daños ocasionados. En ese contexto, pidió a las autoridades nacionales atender el problema con mayor celeridad y dar respuestas claras a los transportistas afectados.

El Gobierno y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciaron anteriormente la habilitación de un sistema de registro para evaluar los daños en los vehículos y determinar posibles compensaciones, proceso que contempla la revisión técnica de cada caso antes de definir cualquier resarcimiento. Mientras tanto, el sector del transporte se mantiene en estado de alerta a la espera de soluciones concretas.

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se presentó este jueves ante el pleno de la Cámara de Senadores para brindar un informe oral sobre la calidad del combustible que se comercializa en el país, tema que ha generado preocupación en distintos sectores del transporte debido a denuncias de fallas en motores de vehículos.

La autoridad explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza controles estrictos durante el proceso de importación de carburantes. Señaló que, además de las verificaciones que realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la estatal petrolera exige certificados de calidad del producto a los proveedores internacionales.

Medinaceli indicó que el control del combustible también es efectuado por dos empresas independientes contratadas por YPFB, las cuales se encargan de verificar que el carburante cumpla con los estándares establecidos antes de su comercialización en el mercado interno.

En relación con las denuncias de conductores que reportaron daños en motores de sus vehículos, el ministro informó que YPFB activó un seguro para cubrir los posibles perjuicios ocasionados por el combustible. Para acceder a este mecanismo, los transportistas deben registrar sus casos en el sistema de registro y evaluación de contingencias habilitado por la empresa estatal.

Antes de iniciar la sesión, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, explicó que el informe oral incluye 17 preguntas elaboradas por los legisladores, enfocadas principalmente en la calidad de la gasolina y en la situación actual de YPFB. El debate se desarrolla en medio de cuestionamientos de sectores del transporte que exigen mayores controles y respuestas sobre el origen de los problemas reportados en sus vehículos.