La justicia declaró en rebeldía a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo luego de que no se presentara a su audiencia cautelar dentro de un proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Ante su ausencia, la autoridad judicial dispuso la emisión de una orden de aprehensión para que la exautoridad sea conducida ante la justicia y responda por las investigaciones en su contra.

Según el Ministerio Público, durante el tiempo en que Achacollo ejercía funciones públicas se detectó un incremento patrimonial sospechoso superior a un millón de bolivianos en sus cuentas. La fiscal del caso explicó que se identificaron más de 100 depósitos bancarios, además de movimientos financieros y la compra de dos inmuebles en el departamento de Santa Cruz, cuyo origen no habría sido justificado por la exautoridad.

Las investigaciones forman parte de un proceso por legitimación de ganancias ilícitas que se tramita de manera paralela al denominado caso Fondo Indígena, uno de los escándalos de corrupción más polémicos registrados en el país en la última década. En ese caso, Achacollo ya había sido investigada y permaneció con detención preventiva durante un tiempo antes de defenderse en libertad.

Con la declaratoria de rebeldía, las autoridades judiciales activaron los mecanismos legales para su búsqueda y aprehensión. El Ministerio Público señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer el origen de los recursos y determinar responsabilidades en el marco de la normativa vigente.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la actual administración recibió instituciones con serias limitaciones logísticas y administrativas, situación que —según explicó— incluso provocó dificultades operativas en los primeros días de gestión, como la falta de combustible para patrullajes policiales debido a deudas acumuladas. Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad vinculada a tareas de erradicación de cultivos de coca en el Chapare.

En ese contexto, la autoridad se refirió a la situación en el Trópico de Cochabamba y aseguró que la presencia del Estado en la región no busca generar confrontación ni ejecutar una intervención represiva. “El Estado no está ingresando a la zona a reprimir ni a realizar un ejercicio de fuerza”, afirmó, al señalar que el objetivo principal es abrir un canal de diálogo directo con los productores para frenar la expansión de cultivos de coca excedentaria y avanzar en la pacificación de la zona.

Como parte de las alternativas planteadas por el Gobierno, Oviedo anunció un plan para impulsar el desarrollo de actividades económicas en la región, con la propuesta de convertir el Trópico en un polo turístico y deportivo que permita reducir la dependencia de los cultivos ilegales y generar nuevas fuentes de ingresos para la población local.

No obstante, dirigentes de la Federación Carrasco Tropical mantienen vigilias y declararon una alerta permanente ante la posibilidad de operativos en la zona. Los representantes del sector señalaron que permanecerán atentos a cualquier intervención estatal en puntos estratégicos como Lauca Ñ, mientras continúan las tensiones en torno al control y erradicación de cultivos de coca en la región.

Bolivia decidió retirarse del denominado “Grupo de la Haya”, una organización integrada por países que impulsan acciones en defensa de Palestina en el ámbito internacional. La determinación fue comunicada a través de una nota oficial difundida por la embajada boliviana en Países Bajos y respaldada por un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la declaración pública, el Estado boliviano reafirmó su compromiso con el derecho internacional y con el sistema multilateral universal de las Naciones Unidas (ONU), señalando que cualquier iniciativa vinculada a la determinación de responsabilidades internacionales debe canalizarse mediante los órganos competentes establecidos dentro de ese marco institucional. “Bolivia centrará su acción internacional en los mecanismos institucionales universales del sistema de Naciones Unidas”, indica el documento.

La Cancillería sostuvo que la decisión responde a la convicción de que los asuntos relacionados con responsabilidades internacionales deben tratarse a través de instancias universales y jurídicamente establecidas, evitando espacios paralelos o alternativos. Con ello, el Gobierno busca reforzar su participación en foros multilaterales formales.

El retiro del “Grupo de la Haya” se produce en un contexto de cambios en la política exterior boliviana. En octubre de 2023, durante la anterior administración, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel en rechazo a su ofensiva militar en la Franja de Gaza y expresó reiteradamente su respaldo a la causa palestina. Sin embargo, en diciembre de 2025, el Gobierno de Rodrigo Paz restableció las relaciones diplomáticas con Israel, acordando la normalización total de vínculos y la futura designación de embajadores.

Este nuevo anuncio consolida un giro en la estrategia internacional del país, que ahora prioriza la actuación dentro del sistema de Naciones Unidas como canal exclusivo para abordar controversias y responsabilidades entre Estados.

El presidente Rodrigo Paz sostuvo este miércoles que la implementación del modelo 50/50 debe realizarse bajo una metodología clara y técnicamente sustentada, y no limitarse únicamente a la redistribución de recursos económicos entre el nivel central y las regiones. La propuesta gubernamental plantea una distribución equitativa de los ingresos públicos, pero —según el mandatario— conlleva responsabilidades compartidas y una transformación profunda en la estructura estatal.

Durante un encuentro con empresarios en la ciudad de Sucre, el jefe de Estado remarcó que la voluntad del Gobierno es generar una cultura de confianza, aunque advirtió que el proceso exige cambios normativos de fondo. “El 50/50 tiene que tener metodología (…) no es solo repartir recursos, es un cambio estructural del Estado”, afirmó, al señalar que existen modelos administrativos que han limitado el crecimiento regional.

Paz explicó que para viabilizar el plan será necesario revisar y eliminar un conjunto significativo de normas. Según detalló, alrededor de 60 leyes y más de 40 decretos deberían ser modificados o abrogados por considerarlos parte de una sobrerregulación que obstaculiza la gestión pública y la dinamización económica en las regiones.

La propuesta del 50/50 fue uno de los ejes centrales de su campaña y apunta a descentralizar la administración de recursos, permitiendo que las regiones tengan mayor capacidad de decisión y ejecución presupuestaria. No obstante, el debate se intensificó luego de que autoridades del área de Autonomías señalaran que la aplicación plena del modelo podría demandar varios años, lo que generó críticas y pedidos de mayor celeridad por parte de actores políticos y regionales.

El Ejecutivo anunció que en los próximos meses se desarrollará la fase técnica del proyecto, que incluirá mesas de trabajo, análisis normativo y coordinación con distintos sectores para definir la ruta de implementación.