Alrededor de 13.000 personas privadas de libertad fueron habilitadas para votar en las elecciones generales de este domingo en Bolivia, según informó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
“Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar campañas con el Segip para sus cédulas de identidad y con el Tribunal Electoral para que puedan ser inscritos. A pesar de la alta fluctuación de la población penitenciaria, hemos logrado una cifra histórica, de participación entre las personas privadas de libertad”, destacó la autoridad.
Limpias aseguró que la jornada electoral en los recintos carcelarios transcurrió con total normalidad, sin reportes de incidentes ni retrasos. Detalló que se habilitaron más de 140 mesas de sufragio en todo el país, adaptadas a la cantidad de internos por recinto.
Por ejemplo, en el penal de San Pedro de La Paz se instalaron cinco mesas; en Palmasola, más de siete; mientras que en cárceles más pequeñas, como Miraflores y Obrajes, se dispusieron entre dos y tres mesas.
El director señaló que el proceso se desarrolló bajo estrictas condiciones de transparencia, con presencia de medios de comunicación, jurados capacitados y notarios electorales desde tempranas horas del día.
“Se ha garantizado absolutamente el derecho al voto de las personas privadas de libertad. No tenemos reporte de ningún incidente ni retraso en todo el país”, concluyó Limpias.

La familia de Luis Fernando Camacho expresó el pasado domingo su preocupación por la seguridad del gobernador cruceño, detenido en el penal de Chonchocoro. Su hijo mayor, Luis Fernando Camacho Parada, denunció públicamente que la vida de su padre estaría en riesgo debido a un supuesto motín planificado para el 17 de agosto dentro del recinto penitenciario.
Según Camacho Jr., la advertencia provino de “dignos policías” que habrían alertado sobre un plan para atentar contra la integridad del exlíder cívico durante un eventual disturbio en el penal. En un principio, aseguró que no dio mayor importancia a la información, pero su percepción cambió tras conocer que Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales, habría visitado Chonchocoro el pasado viernes.
“Nos llegó la información de dignos policías bolivianos, de que habría riesgo de motín policial durante el 17 de agosto dentro del recinto penitenciario de Chonchocoro y que en ese motín se intentaría atentar contra la vida de mi padre. Le restamos importancia porque era información extraoficial. De eso al hecho, de que vaya la hija de Evo al recinto penitenciario de Chonchocoro, dos días antes de la elección, nos confirma que sí iba a haber algo. Porque la hija de Evo Morales estuvo antes de ayer en Chonchocoro y nadie sabe por qué estuvo reunida con siete personas, entre ellas, extranjeros y gente de Parotani”, afirmó.
Por otro lado, José Luis Camacho, padre del gobernador, informó que su hijo no podrá votar en estas elecciones debido a que no se empadronó.
Ante estas declaraciones, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, desmintió cualquier irregularidad y aseguró que la jornada electoral se desarrolla con normalidad en el penal. “Tenemos el reporte oficial de que allá se está desarrollando con absoluta normalidad (la votación). A veces hay ciertas cosas que se quieren manejar políticamente. No vamos a entrar en eso”, afirmó.

El expresidente Carlos Mesa, en un mensaje dirigido a la ciudadanía, pidió que la participación en las elecciones generales sea realizada con plena conciencia de su importancia, subrayando que el voto es la principal herramienta de expresión democrática. A través de sus redes sociales, Mesa recordó a los bolivianos que su voto representa la “voz” y la “decisión” del pueblo, resaltando que es a través de este derecho que se tiene la oportunidad de construir un futuro mejor para el país.
“El voto es nuestra voz y la expresión de nuestra decisión. De nosotros depende edificar un futuro mejor, participando en el más importante ejercicio de ciudadanía”, expresó el expresidente en su publicación, instando a los ciudadanos a pensar con seriedad y compromiso en la trascendencia de su voto.
El mensaje de Carlos Mesa subrayó también la importancia de reflexionar sobre la situación actual del país, haciendo énfasis en que las decisiones tomadas en las urnas deben considerar las lecciones aprendidas de los errores del pasado. Mesa, quien ha sido una figura política clave en la historia reciente de Bolivia, destacó la necesidad de evitar repetir aquellos fallos que, a su juicio, han afectado al país en años anteriores.
A menos de 24 horas de los comicios, el llamado de Mesa resalta la responsabilidad que recae sobre los votantes al momento de elegir a los futuros dirigentes del país. La reflexión sobre la coyuntura actual y la historia política de Bolivia es vista como un paso crucial para garantizar que las elecciones no solo reflejen el deseo del pueblo, sino que también conduzcan a decisiones más informadas y responsables.
En su mensaje, el expresidente no solo enfatizó la importancia del voto, sino también el hecho de que esta acción debe ser tomada con un profundo sentido de responsabilidad. Para Mesa, las elecciones no solo son un derecho, sino un deber fundamental para asegurar el bienestar y el progreso de Bolivia, y es imperativo que la ciudadanía se involucre de manera crítica y consciente en este proceso democrático.

En la víspera de los comicios nacionales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia reconoció públicamente que no existe un marco legal específico que regule las vulneraciones al silencio electoral en las redes sociales. Desde el jueves pasado, se encuentra en vigor la prohibición de que las organizaciones políticas emitan material destinado a influir en el voto de la ciudadanía, con miras a las elecciones de este domingo. Sin embargo, la vigilancia del cumplimiento de esta normativa en plataformas digitales se ha complicado debido a la velocidad y alcance de las redes sociales.
En una rueda de prensa celebrada este sábado, el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que el control sobre el flujo de información electoral en internet es un desafío complejo. «Es un tema que todavía no tiene legislación», reconoció Arteaga, y destacó que, debido a la naturaleza cambiante de las plataformas digitales, el control de las publicaciones resulta ser muy volátil. Según Arteaga, los contenidos que se difunden en un día en una red social pueden rápidamente replicarse en otras plataformas o ser promovidos mediante la creación de usuarios falsos que distribuyen desinformación.
La falta de legislación en este ámbito ha sido reconocida por el propio TSE, que enfrenta la dificultad de equilibrar el derecho a la libre expresión con la necesidad de garantizar un proceso electoral justo. En ese sentido, el secretario Arteaga mencionó que una delegación académica proveniente de España se encuentra en Bolivia para analizar cómo ese país europeo ha implementado normativas que controlan el tráfico de información electoral en redes sociales.
Aunque el TSE ha admitido que la desinformación en plataformas digitales puede influir en los procesos electorales, Arteaga también afirmó que el Tribunal confía en la capacidad de los votantes para evaluar la información que circula a través de redes sociales. «El Tribunal Supremo Electoral confía en que la gente tiene el criterio suficiente para evaluar la información que están difundiendo por redes sociales», señaló.
Pese a la confianza en la madurez del electorado, la falta de medidas concretas para regular el uso de las redes sociales durante el silencio electoral deja abierta una cuestión importante: cómo garantizar la equidad del proceso en un entorno digital donde las reglas son cada vez más difusas. A medida que la influencia de las redes sociales en las decisiones electorales crece, los organismos de control electoral se ven presionados a encontrar formas de adaptarse a los nuevos desafíos de la comunicación política.

El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, informó este sábado que en las primeras horas de vigencia del Auto de Buen Gobierno se arrestó a 436 personas a nivel nacional por incumplir las restricciones establecidas en el marco de las elecciones generales.
“Estamos cumpliendo a cabalidad el auto de buen gobierno. Se ha realizado todas las coordinaciones con los tribunales, los comandos departamentales, ayer en la noche, han desplazado patrullajes de impacto a nivel nacional con la finalidad de controlar todas las restricciones que se tienen”, señaló Russo.
El departamento de La Paz concentró el mayor número de arrestos, con 314 personas detenidas, seguido de Potosí con 76 y Santa Cruz con 37.
En paralelo, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos Sanjinés, junto a la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, y el comandante de la Policía, anunciaron la instalación de una Sala de Crisis Nacional en el centro de monitoreo Bol 110 y salas regionales, desde donde se hará seguimiento al plan de seguridad para las elecciones bajo el lema » Elecciones Generales 2025 en paz».
Ríos detalló que 25.044 efectivos serán desplegados en todo el país para brindar seguridad durante los comicios, mientras que el 100% del personal policial con más de 38.000 efectivos permanecerá acuartelado. Además, se dispuso que los funcionarios voten por turnos para no descuidar las tareas operativas.
Finalmente, las autoridades reiteraron que la Policía se mantendrá en alerta para actuar ante cualquier incidente en zonas consideradas sensibles y garantizar la seguridad en los centros de cómputo departamentales y la nacional.

La madrugada de este sábado 16 de agosto, un sismo de magnitud 4.4 sacudió la provincia Daniel Campos, en el departamento de Potosí, según reportó la Red Sismológica del Observatorio San Calixto. El movimiento telúrico se registró a las 04:08:30 (hora local) y fue clasificado como un “sismo intermedio”, con una profundidad de 135.6 kilómetros.
De acuerdo con el boletín emitido por el observatorio, debido a su profundidad mayor a los 100 kilómetros (característica de un sismo de subducción) es poco probable que haya sido percibido por la población o que haya provocado daños en la superficie.
El epicentro se ubicó a 11 kilómetros de la localidad de Villa Martín, a 112 kilómetros de Pisiga y a 121 kilómetros de Salina de Garci Mendoza. Hasta el momento, no se reportaron afectaciones materiales ni personales en la zona.

La Defensoría del Pueblo condenó el show de comedia “Roast” realizado al candidato presidencial Eduardo del Castillo, señalando que durante el evento se usaron expresiones ofensivas como “autista”, “negro”, “colla” y “discapacitado” en tono de burla, lo que —a su juicio— promueve la discriminación y refuerza estereotipos.
Según el pronunciamiento oficial, estas manifestaciones incitan al rechazo hacia personas con discapacidad, comunidades étnicas y otras formas de diversidad humana, vulnerando derechos protegidos por la Constitución y la Ley N.º 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
La Defensoría exigió a los comediantes que participaron de dicho evento que “realicen las disculpas públicas hacia las personas que pudieron sentirse afectadas”.
También instó a las autoridades competentes que inicien las investigaciones correspondientes, porque en criterio de la Defensoría estos hechos “incitan a la discriminación” y no pueden quedar en la impunidad.
Además, llamó a la sociedad y a las instituciones a rechazar manifestaciones que refuercen prejuicios y a promover una cultura de respeto e inclusión.

A pesar de estar legalmente inhabilitado para postularse a la presidencia y tener una orden de detención en su contra, Evo Morales, expresidente de Bolivia, continúa moviendo una “campaña política” desde un remoto enclave en la región del Chapare.
Para encontrarlo, hay que conducir varias horas por terreno montañoso hasta Lauca Ñ, pasar un control de seguridad y llegar a un complejo en medio del bosque. Ahí, entre tiendas de campaña y un edificio austero, Morales se rodea de leales que lo resguardan tanto de sus enemigos políticos como de la justicia. Desde allí emite un programa radial semanal y mantiene una presencia activa en la política nacional, aunque en las sombras.
Morales, líder indígena y exdirigente cocalero, gobernó Bolivia durante casi 14 años. Su primer mandato comenzó en 2006, con un discurso de inclusión social y redistribución económica que le valió un amplio respaldo popular. Sin embargo, su intento de buscar un cuarto mandato en 2019, tras forzar una reelección polémica, desató una crisis política y social que terminó con su salida temporal del país.
Hoy a las puertas de nuevas elecciones presidenciales, Morales ha llamado a sus seguidores a anular el voto como forma de protesta. Aunque no puede ser candidato, despliega una estrategia de movilización y aparece en actos públicos, desafiando las restricciones y manteniéndose como figura clave dentro (y fuera) del partido que fundó, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales asegura ser víctima de una conspiración orquestada por el gobierno, el Senado, la justicia y según él, incluso por Estados Unidos, “el imperio”, como él lo llama, asegurando que ayudó a financiar su destitución en 2019.
A la crisis política se suma una grave denuncia penal: Morales está acusado de trata de personas por haber tenido una relación con una menor de edad cuando era presidente. Aunque la joven, hoy de 20 años, niega haber sido víctima, el caso sigue abierto. Morales no ha desmentido la relación ni la paternidad, pero argumenta que “si no hay víctima, no hay delito”.
En sus apariciones públicas, Morales se desplaza con extrema precaución, a alta velocidad y protegido por un equipo de seguridad. En actos recientes ha sido recibido con vítores, abrazos y banderas, como si aún estuviera en campaña.
Aunque su respaldo ha disminuido con el tiempo, especialmente en sectores urbanos, sigue conservando apoyo en zonas rurales y entre los sectores más pobres. Para muchos, Morales representa una época de bonanza económica y visibilidad para los históricamente marginados.
“El único presidente que ha estado con nosotros”, afirma Edith Mendoza, madre de tres hijos en el centro de Bolivia.
Sin embargo, otras voces antes aliadas ahora lo critican. “Eso fue el primer golpe porque me di cuenta que él no aceptaba que estamos en democracia en Bolivia”, dice Romina Solano, abogada de Cochabamba, que votó por Morales en el pasado pero hoy respalda al empresario Samuel Doria Medina.
“El plan es que Evo no tenga sigla”, dice, denunciando una estrategia para eliminarlo de la política boliviana.
Cuando se le preguntó si habría hecho algo distinto en estos años, Morales no dijo nada directo. Pero dejó claro que no volvería a abandonar Bolivia.
Y aunque muchos predicen su ocaso, él responde con una advertencia cargada de desafío: “Yo batallar acá, no tengo nada que perder. Solo, imperio y gobierno de Lucho de la derecha: no me maten. Solamente quiero eso”.