La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) afirmó el pasado viernes que las cinco personas fallecidas en el yacimiento aurífero de Amayapampa no eran trabajadores autorizados, sino «jukus», es decir, individuos que ingresan ilegalmente a minas para extraer mineral.
En respuesta a declaraciones del comandante policial regional, quien sugirió que había una supuesta autorización para el ingreso, los representantes sindicales negaron que la Empresa Minera Amayapampa ni la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) hubieran permitido actividades de extracción.
Denunciaron que los «jukus» suelen ingresar de noche, intimidan al personal de vigilancia y que, pese a reiteradas denuncias ante el Ministerio Público, no se tomaron acciones efectivas. Por ello, anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad para evitar nuevos avasallamientos.
El incidente ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando un deslizamiento de tierra sepultó a los fallecidos mientras recolectaban mineral en la mina a cielo abierto. El informe forense confirmó que las muertes fueron por asfixia mecánica provocada por el sepultamiento.
La mina de Amayapampa, ubicada en Potosí, es una de las principales reservas de oro del país y está bajo la administración de Comibol. Hasta ahora, la Policía identificó a dos de los fallecidos: Wilfredo Covarrubias Andrade y Marco Gonzáles Marcani.

Un gato sin vida fue hallado dentro de una caja de cartón enviada como encomienda desde Cochabamba a Oruro. El caso está siendo investigado por la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) como biocidio.
El hallazgo fue reportado por un administrador de la empresa Urus, quien alertó a la Policía tras percibir un olor fétido proveniente de una encomienda registrada como “ropa”. Al abrirla, encontraron al felino envuelto en una tela.
La Policía procedió al levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a Zoonosis para la realización de una necropsia. Posteriormente, se remitirá el informe correspondiente al Ministerio Público, según informó el director nacional de Pofoma, coronel Carlos Chispas.
El paquete fue enviado a nombre de Raquel Ch., y tenía como destinatario a Víctor B. en Oruro. Sin embargo, no se registraron datos completos ni números de cédula de identidad.
A pesar de esta limitación, las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Un juez decidió este viernes revocar la detención domiciliaria de Ramiro Cucho, dirigente «evista» y dispuso su encarcelamiento preventivo en el marco de las investigaciones por la violencia y el asesinato de policías en Llallagua, Potosí, acontecidos en junio.
Según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, la resolución judicial establece que Cucho deberá cumplir tres meses de prisión preventiva. El dirigente ya enfrentaba un proceso judicial realizado por sectores sociales «evistas» desde el año pasado debido al bloqueo de 24 días.
La decisión judicial se fundamentó en el incumplimiento de las condiciones de su detención, ya que Cucho habría salido de su domicilio en varias ocasiones y visitado los lugares donde se perpetraron los asesinatos de los policías en Llallagua. «El imputado está señalado como el autor intelectual del caso», indicó Roberto Ríos, ministro de gobierno.
Desde mediados de abril, Cucho estaba bajo arresto domiciliario, en compañía de Humberto Claros. Según las investigaciones, Cucho fue identificado como uno de los principales responsables de la organización y ejecución de las acciones violentas durante las movilizaciones y bloqueos en la región.