En conmemoración del Bicentenario de Bolivia y como parte del plan “200 Obras del Bicentenario”, el Gobierno nacional entregó este viernes el Sistema de Distribución de Gas Natural en el municipio de Punata, departamento de Cochabamba. La obra fue ejecutada con una inversión pública de Bs18.422.679 y permitirá mejorar la calidad de vida de 11.055 personas, facilitando el acceso al suministro de gas a domicilio.

En representación del presidente del Estado Plurinacional, Luis Alberto Arce Catacora, participó en el acto de entrega el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, quien destacó la importancia de esta obra en el proceso de transformación energética del país. Estuvo acompañado por el alcalde de Punata, Jaime Zeballos, y autoridades locales.

“El gas domiciliario no solo representa ahorro económico para las familias, sino también salud, comodidad y progreso. Esta es una de las muchas obras que marcan el rumbo del Bicentenario y el compromiso del Gobierno con la población”, expresó Cazón durante el acto.

El proyecto permitirá el suministro de gas natural directo a hogares, reduciendo la dependencia del uso de garrafas de GLP y promoviendo una matriz energética más limpia y eficiente. La infraestructura forma parte de una política estatal de expansión de servicios básicos hacia zonas urbanas e intermedias del país.

Los vecinos de Punata manifestaron su satisfacción por el acceso a este servicio básico, que representa un cambio significativo en sus condiciones de vida y en su economía familiar. “Ya no tendremos que cargar garrafas, ni preocuparnos por el abastecimiento. Ahora cocinaremos de forma segura y más económica”, expresó una de las beneficiarias.

El programa “200 Obras del Bicentenario” tiene como objetivo entregar obras estructurales en todo el país en el marco de los 200 años de independencia que Bolivia celebrará en 2025, priorizando proyectos con impacto social y económico en distintas regiones.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia consolidó su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico con la participación de su representante en la reciente Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos, que se desarrolló del 29 al 31 de julio en San Salvador, El Salvador.

La delegación boliviana estuvo encabezada por el Fiscal Superior de Narcotráfico, Jorge Algarañaz Ribera, quien junto con otros expertos de la región compartió experiencias y fortaleció sus capacidades técnicas para la investigación de delitos financieros y la recuperación de bienes de procedencia ilícita.

La Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, explicó que desde su unidad se gestionaron las coordinaciones necesarias para asegurar la presencia boliviana en este encuentro, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este evento tiene como misión principal promover la cooperación y el intercambio de información entre países para combatir el lavado de activos, un delito que afecta la estabilidad financiera y la seguridad regional.

Durante la sesión, se analizaron los principales desafíos que enfrentan los sistemas judiciales de América Latina para implementar investigaciones financieras paralelas, una técnica esencial que permite rastrear el origen y destino de fondos ilícitos sin afectar los procesos penales en curso.

Además, se promovió el diálogo entre fiscales y autoridades homólogas para fortalecer los lazos estratégicos y desarrollar mecanismos más ágiles y efectivos de cooperación internacional. Estas acciones buscan mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar el éxito en los procesos de recuperación de activos vinculados a actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el narcotráfico.

La Fiscalía General reafirmó su compromiso de continuar trabajando en el marco de la colaboración regional e internacional para proteger la integridad financiera del país y desarticular redes criminales que operan a nivel transnacional.

El Tribunal de Sentencia Nº2 de la ciudad de Cobija dictó una condena de 15 años de cárcel para Yannine P.J. (38) y Elizandria N.F. (42), halladas culpables del delito de Trata de Personas, tras comprobarse que explotaron sexualmente a una adolescente de 17 años en diferentes lenocinios de la capital pandina.

La información fue confirmada por el Fiscal Departamental de Pando, Freddy Durán Montero, quien indicó que durante la audiencia de juicio oral se presentaron todas las pruebas reunidas en la etapa preparatoria, entre ellas el certificado médico forense, un informe psicológico de la víctima, y otros elementos que sustentaron la acusación.

“El tribunal valoró las evidencias de manera objetiva, permitiendo establecer con claridad la responsabilidad penal de ambas mujeres, quienes ahora cumplirán su condena en el penal de Villa Busch”, explicó Durán.

Por su parte, el fiscal de materia Marco Antonio Salgado, a cargo del caso, detalló que el hecho fue detectado durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana, realizado el 12 de mayo de 2024 en varios establecimientos nocturnos de Cobija. En ese operativo, las autoridades identificaron a la adolescente en situación de explotación sexual.

Una vez rescatada, la menor fue trasladada a un hogar transitorio, donde recibió atención médica y psicológica, bajo la custodia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, hasta su posterior reintegración familiar.

El caso fue abierto de oficio por la Fiscalía, aplicando la normativa vigente contra la trata y tráfico de personas, con el objetivo de proteger a menores víctimas de explotación y llevar ante la justicia a los responsables de estos delitos.

La condena marca un precedente importante en la lucha contra la trata de personas en la región amazónica del país, un delito que, pese a su impacto, muchas veces permanece en la sombra. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir actuando con firmeza en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Un hecho de presunto maltrato extremo contra un animal doméstico generó conmoción en la ciudad de Tarija, donde la Fiscalía Departamental, en coordinación con la Policía Boliviana y la Unidad de Zoonosis, llevó a cabo el rescate de una perrita que habría sido víctima de una agresión sexual en un domicilio particular.

La intervención se realizó tras recibir una denuncia que alertaba sobre un posible acto de crueldad. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de protección establecidos en la Ley N° 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato, normativa que respalda acciones de rescate y sanción ante casos que atenten contra el bienestar animal.

“La Fiscalía activó de inmediato los mecanismos de protección animal, una vez se tomó conocimiento del hecho, disponiendo el rescate de la perrita para garantizar su bienestar y proceder con los exámenes veterinarios forenses correspondientes. Se inició la investigación para esclarecer el hecho y, en caso de confirmarse el delito, se iniciarán las acciones penales contra el responsable”, informó la Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

Tras el rescate, el animal fue trasladado a un espacio seguro, donde se le practican evaluaciones médicas especializadas para determinar si existen lesiones compatibles con una agresión sexual. Los resultados forenses serán fundamentales para determinar la existencia del delito y continuar con el proceso penal correspondiente.

La Ley N° 700 establece sanciones para actos de abuso, violencia o maltrato contra los animales, incluyendo penas privativas de libertad en casos graves. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de los animales y llamaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar.

Este caso se convierte en un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal en Bolivia, donde cada vez más se visibiliza la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre el respeto hacia los seres sintientes y el cumplimiento estricto de las leyes que los protegen.

En el marco de una inspección realizada por la Dirección de Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, soldados del Regimiento de Infantería 5 “Gral. Narciso Campero”, ubicado en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, presentaron una conmovedora escenificación dedicada al “Cabo Juan” y a los combatientes de la Guerra del Chaco.

La actividad formó parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la memoria histórica y el respeto a los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. A través de una representación teatral cargada de sentimiento, los soldados evocaron la vida del Cabo Juan, un joven indígena de la nación Weenhayek que, con apenas 16 años, se alistó en el Ejército boliviano durante la guerra contra Paraguay (1932–1935).

Gracias a su conocimiento del terreno chaqueño, el Cabo Juan fue una figura clave para la supervivencia de su unidad, guiándolos hacia fuentes de agua y refugio en medio de una de las guerras más duras de América del Sur. Aunque nunca recibió en vida las condecoraciones que merecía, fue ascendido a Cabo en combate y posteriormente reconocido como Sargento. Sin embargo, eligió conservar el título de «Cabo Juan», símbolo de su humildad y de su profunda identificación con el pueblo.

La escenificación incluyó momentos de alta carga emotiva, como los sentimientos de miedo, dolor y añoranza de los soldados, muchos de los cuales enfrentaron la guerra en condiciones desiguales y lejos de sus familias. La puesta en escena también mostró una batalla simbólica, rindiendo homenaje a los miles de bolivianos que dieron su vida por la Patria.

“La representación fue un acto de respeto y gratitud hacia nuestros héroes del Chaco”, señalaron miembros de la unidad militar. El evento concluyó con un reconocimiento a la importancia de preservar la memoria histórica como parte del fortalecimiento de la identidad nacional y el compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La Guerra del Chaco, que marcó profundamente al país, sigue siendo un referente de coraje y sacrificio. A través de este homenaje, el RI-5 reafirmó su compromiso de mantener viva la historia y rendir tributo a quienes lucharon por Bolivia.

Frente al repunte de incendios forestales que afecta principalmente al oriente boliviano, la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) reforzó su apoyo a los bomberos voluntarios con la entrega de botiquines médicos y bebidas hidratantes, en el marco de su estrategia de sostenibilidad #SoñamosQueSomos.

La medida se enmarca en la campaña Guardianes del Bosque, una iniciativa que reúne a empresas e instituciones comprometidas con la protección de ecosistemas amenazados por chaqueos e incendios. Esta alianza permitió la entrega de 20 botiquines con más de 4.000 medicamentos, distribuidos entre los voluntarios que trabajan en la primera línea de combate al fuego.

Además, como parte del respaldo logístico, CBN entregó más de 2.400 botellas de agua a la organización Alas Chiquitanas, que opera en terreno coordinando la asistencia para los brigadistas. Esta acción busca aliviar las duras condiciones a las que se enfrentan los equipos de emergencia.

“Los incendios están iniciando en Bolivia y vemos año a año cómo destruyen ecosistemas y amenazan comunidades, familias y fauna silvestre. Por eso, desde CBN decidimos ser, por otro año, actores activos en la protección de nuestra biodiversidad”, señaló Andrea Benavente, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de CBN.

Solo en esta semana, se han registrado 2.536 focos de calor y 58 incendios activos en el país, siendo Santa Cruz el departamento más afectado. En este contexto, CBN busca fortalecer la respuesta inmediata a través de alianzas estratégicas y acciones solidarias.

Desde su plataforma #SoñamosQueSomos, la empresa ha desarrollado múltiples acciones en favor del medioambiente. En 2024, destinó más de un millón de bolivianos a la prevención y mitigación de incendios forestales, además de implementar un proyecto de recuperación en la comunidad de Santa Rita, en el municipio de Concepción.

En lo que va de 2025, la compañía ha entregado ayuda a más de 700 familias afectadas por desastres naturales, incluyendo víveres, medicamentos y agua potable.

“Estamos convencidos de que solo con una ciudadanía consciente, instituciones coordinadas y empresas comprometidas podremos preservar nuestros bosques y proteger la vida”, concluyó Benavente.