En una aventura que entrelaza tradición, naturaleza y soberanía, cuatro ciudadanos franceses emprenden una inédita travesía fluvial a bordo de una balsa construida artesanalmente con totora, navegando desde el municipio paceño de Guanay hasta las aguas del Océano Atlántico. La embarcación, bautizada como Pipilintu (mariposa en aymara), ya ha superado más de 1.200 kilómetros en territorio nacional, contando con el acompañamiento activo de la Armada Boliviana.

El viaje comenzó el 14 de julio y recorre ríos emblemáticos como el Mapiri, el Kaká y el Beni, pasando por localidades como Rurrenabaque y Riberalta. Se trata de una ruta total de 3.600 kilómetros, impulsada a remo y vela, que rinde homenaje al Bicentenario de Bolivia y a la profunda conexión cultural e histórica del país con sus ríos.

Fabien Gallier, Erwan Rolland, Thomas Merzlic y Benjamin Vaysse son los cuatro expedicionarios que lideran esta misión, movidos por el respeto a la naturaleza y a las técnicas de navegación ancestrales. La Pipilintu fue construida en Huatajata, a orillas del lago Titicaca, con técnicas tradicionales y materiales nativos como la totora.

La Armada Boliviana ha acompañado esta travesía desde su inicio, brindando apoyo logístico, seguridad y asesoramiento técnico. Además de garantizar la protección de los navegantes, la institución participa en la recolección de datos ambientales y en el fortalecimiento de la identidad fluvial nacional.

“Este tipo de iniciativas permiten proyectar al país desde una perspectiva acuática, fortaleciendo el orgullo por nuestras rutas ancestrales y reafirmando la soberanía en cada kilómetro de río recorrido”, señalaron desde la Armada Boliviana.

Con el zarpe desde Rurrenabaque hacia Riberalta, la Pipilintu inicia la etapa final de su recorrido en suelo boliviano, cubriendo los últimos 845 kilómetros antes de continuar rumbo a Brasil y, finalmente, al Atlántico.

Más allá del desafío físico, esta travesía representa un mensaje profundo: Bolivia es una nación fluvial, con ríos que cuentan historias, conectan pueblos y fortalecen la identidad de un país que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

Con el objetivo de institucionalizar y fortalecer la lucha contra la violencia de género, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, socializó este lunes el Proyecto de Ley Departamental de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) ante el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental.

Durante su intervención en la audiencia pública, Zeballos explicó que la propuesta busca transformar la RAI en una herramienta legal con respaldo normativo, que permita una atención rápida y coordinada a víctimas de violencia, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

“Queremos que esta ruta, que ya aplicamos desde el Ministerio Público, se consolide como Ley Departamental para garantizar una protección estructural y efectiva. Es fundamental coordinar esfuerzos y unificar criterios entre todas las instituciones competentes”, señaló la autoridad.

La sesión contó con la presencia de representantes de la Comisión de Género y Generacionales, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía Boliviana, y otras entidades que participan activamente en la prevención, atención y sanción de hechos de violencia.

Con esta iniciativa, la Fiscalía busca no solo reforzar los canales de actuación interinstitucional, sino también asegurar que las autoridades departamentales asuman compromisos claros en la atención integral a víctimas, garantizando sus derechos a través de una respuesta articulada.

En el marco de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI), que promueve una atención rápida y coordinada a víctimas de violencia, se llevó a cabo con éxito la Primera Sesión de la Mesa Departamental Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia de Género. El encuentro, liderado por el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, reunió a diversas instituciones que acordaron fortalecer el apoyo psicológico inmediato a personas afectadas por violencia de género.

Torrez explicó que, siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado, se busca mejorar la coordinación entre entidades responsables de atención, protección e investigación de estos casos. “Uno de los acuerdos principales es garantizar atención psicológica a través de otras entidades, evitando la saturación de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y brindando una respuesta más efectiva a los sectores más vulnerables”, afirmó.

Este apoyo será articulado entre el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y otras instancias, complementando el trabajo que ya realizan las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), los SLIM y el Departamento de Psicología de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

En la sesión participaron representantes de instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto, el SEPDAVI, SEDEGES, el SEPDEP y el SIJPLU, entre otras.

El objetivo común de los asistentes fue fortalecer la prevención, atención, persecución y reparación de los hechos de violencia en razón de género, mediante una respuesta integral y coordinada.

Con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier hecho delictivo durante el proceso electoral, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que el Ministerio Público activará un despliegue nacional de 425 fiscales de materia, junto a peritos forenses y personal de apoyo, quienes operarán en turnos especiales desde días antes hasta después de las elecciones generales del 17 de agosto.

“La atención será ininterrumpida en todo el país. Más de 400 fiscales estarán presentes tanto en capitales como en provincias, atentos a cualquier situación con implicancia penal que pudiera surgir en el marco del proceso electoral”, afirmó Mariaca en declaraciones desde Sucre.

El operativo institucional fue coordinado previamente con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve Tribunales Electorales Departamentales. En esa línea, Mariaca detalló que sostuvo una reunión con la Sala Plena del TSE en Santa Cruz, mientras que los fiscales departamentales hicieron lo propio con los vocales de sus respectivas jurisdicciones.

Según los planes de trabajo establecidos, la distribución de fiscales por departamento será la siguiente: La Paz (123), Santa Cruz (83), Tarija (43), Chuquisaca (39), Cochabamba (38), Beni (36), Oruro (30), Potosí (21) y Pando (12). A este contingente se sumarán 251 especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y personal de apoyo técnico.

El Fiscal General reiteró que, si bien el Ministerio Público sigue atendiendo otras investigaciones en curso, el despliegue electoral es prioritario para asegurar que el proceso se desarrolle con legalidad, transparencia y sin contratiempos.

En el marco del acto conmemorativo por el Día del Juez Boliviano, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, expresó su respaldo a la labor judicial y ratificó su compromiso con una justicia imparcial y al servicio de la ciudadanía.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Honor del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Sucre, y contó con la participación de altas autoridades judiciales, policiales, militares, académicas, así como del Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales.

Durante su intervención, Mariaca destacó la necesidad de fortalecer la coordinación institucional entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial, en el marco de las competencias legales de cada entidad. “La consolidación de un sistema de justicia confiable e imparcial requiere del esfuerzo conjunto de todas las instituciones. Hoy, más que nunca, es fundamental reafirmar nuestro compromiso con una justicia transparente, pronta y equitativa”, señaló.

El Fiscal General también reconoció el trabajo de las y los jueces bolivianos, subrayando su rol clave en la defensa de los derechos fundamentales y en la construcción de un sistema judicial más accesible para los sectores vulnerables del país.

El evento fue una oportunidad para destacar el papel del Órgano Judicial en el fortalecimiento del Estado de derecho y reiterar la importancia de mantener una justicia libre de presiones y con pleno respeto a la Constitución.

La búsqueda en el río Desaguadero concluyó con el hallazgo del segundo cuerpo sin vida por parte de buzos experimentados de las Fuerzas Armadas. Se trata de Kevin Rudi Mamani Orosco, de 29 años, quien fue encontrado a unos 50 metros del lugar donde desapareció, a una profundidad de tres metros.

La operación de rescate fue ejecutada por el Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR FAB) y el Centro de Instrucción de Buceo de Altura, bajo la supervisión del Comandante CF. DEMN. Wiliam Freddy Aguilar Monrroy. Participaron en el operativo los tenientes de fragata Moisés Roly Cruz Ramírez y Saúl Montenegro Aguilar, ambos expertos en buceo en aguas profundas y de altura.

El día anterior, los rescatistas ya habían recuperado el cuerpo de Cristian Lapaca, también de 29 años, quien había desaparecido en circunstancias similares. Con la localización del segundo fallecido, se confirma la pérdida de ambas personas que fueron reportadas como desaparecidas en la zona.

La Armada Boliviana destacó la labor técnica y la dedicación de sus efectivos durante el operativo. Según el informe oficial, la búsqueda se realizó en condiciones complejas, debido a la profundidad y las características del terreno fluvial.

Las autoridades no han brindado aún mayores detalles sobre las causas del incidente, pero se prevé una investigación más detallada para esclarecer los hechos. Mientras tanto, familiares y vecinos expresaron su pesar por la tragedia que enluta a dos familias orureñas.

El Ministerio de Salud y Deportes emitió una serie de recomendaciones ante el aumento de mordeduras de perro, destacando que ocho de cada diez casos suceden dentro del hogar y la mayoría involucra a mascotas conocidas por la familia.

Grover Paredes, responsable del Programa Nacional de Enfermedades Zoonóticas, Ofidios y Ponzoñosos, indicó que cerca del 50% de las víctimas son niños y niñas, quienes suelen ser mordidos mientras juegan o molestan al animal. Las lesiones más frecuentes se presentan en brazos, hombros o rostro.

Según el reporte epidemiológico de Zoonosis correspondiente a la semana 28 de 2025, en lo que va del año se han registrado alrededor de 40.000 casos de mordeduras en el país, tanto dentro como fuera del domicilio.

Ante cualquier mordedura, el Ministerio recomienda tres acciones inmediatas: lavar la herida con abundante agua y jabón durante al menos 10 a 15 minutos, identificar al perro o gato que causó la agresión, y acudir a un establecimiento de salud. De ser necesario, se inicia un protocolo de profilaxis según la evaluación del médico y el estado del animal.

“La vacuna antirrábica humana se entrega de manera gratuita a los Servicios Departamentales de Salud y estos la distribuyen a los centros médicos de cada red de atención”, explicó Paredes. Esta inmunización es clave en casos leves, moderados o graves.

Simultáneamente, el animal agresor debe ser evaluado por el Centro Municipal de Zoonosis. Si muestra signos como pérdida de apetito, debilidad en extremidades, búsqueda de lugares oscuros o babeo excesivo, se procede con una cuarentena preventiva y análisis de laboratorio para descartar rabia.

Paredes subrayó que los casos de rabia han disminuido significativamente en comparación con los años 2023 y 2024, gracias a la labor conjunta entre autoridades de salud, centros de zoonosis y la población.

Finalmente, hizo un llamado a la tenencia responsable de mascotas. “Evite adquirir perros si no cuenta con el compromiso de cuidarlos adecuadamente. No los deje sueltos, ya que pueden generar accidentes, incluso dentro del hogar”, concluyó.

Aunque no se reportan incendios forestales activos este lunes, la situación en Santa Cruz continúa siendo preocupante. La Gobernación informó que actualmente hay 3.324 focos de calor activos en distintas regiones del departamento, lo que podría desencadenar nuevos siniestros en plena temporada de riesgo.

El reporte fue emitido por el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF), dependiente de la Dirección de Recursos Naturales (Direna). Su director, Paulo Viruez, señaló que los municipios más afectados son San Ignacio, Concepción, San Miguel, San Rafael, San José de Chiquitos, Roboré y Carmen Rivero Tórrez.

Ante este panorama, Viruez exhortó a los gobiernos municipales a activar sus respectivos Comités de Operaciones de Emergencia (COE) y coordinar esfuerzos con la Gobernación, movilizando recursos humanos, económicos y logísticos para responder de forma efectiva a posibles emergencias.

“El SATIF emite reportes diarios que son enviados a los municipios para su verificación en campo. Esto permite una acción más rápida y eficiente, conforme a la Ley 602 de Gestión de Riesgos”, explicó la autoridad.

Además, se hizo un llamado a las instancias nacionales para que intensifiquen la fiscalización en zonas donde la ciudadanía y organizaciones sociales han denunciado emergencias. Viruez remarcó la necesidad de iniciar procesos legales contra quienes provocan daño al medioambiente.

Actualmente, el departamento se encuentra bajo Alerta Amarilla por el riesgo elevado de incendios forestales. “Pedimos conciencia a la población para evitar acciones irresponsables que puedan provocar nuevos focos de calor”, agregó.

Durante 2025, ya se han atendido y liquidado 26 incendios, de los cuales 9 fueron forestales y 17 de interfase. La semana pasada se reportaron dos siniestros: uno en la zona La Casona del municipio cruceño, y otro cerca de la empresa Unagro, en el municipio de Saavedra. Ambos fueron controlados gracias al trabajo conjunto entre bomberos, autoridades locales y vecinos.