El Ministerio de Hidrocarburos informó que, aunque la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Bolivia ha disminuido en algunos campos respecto a gestiones anteriores, actualmente el país cuenta con un excedente diario de 130 toneladas métricas que garantiza el abastecimiento normal del mercado interno.

La producción nacional de GLP proviene principalmente de tres fuentes administradas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): refinerías, plantas separadoras de líquidos y plantas de producción directa. En conjunto, generan un volumen aproximado de 158.000 garrafas diarias, equivalentes a más de 1.500 toneladas métricas.

La demanda interna se estima en alrededor de 130.000 garrafas diarias, con mayor consumo en departamentos como La Paz (40.000 garrafas), Santa Cruz (45.000) y Cochabamba (30.000), entre otros.

Germán Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), afirmó que no existe ningún problema de abastecimiento y descartó rumores de crisis o necesidad de importar GLP. Además, explicó que la demanda aumentó un 20% entre mayo y julio por la temporada de invierno, pero el sistema ha logrado cubrir con eficiencia esa necesidad, destacando que en Cochabamba se entregaron más garrafas que las programadas.

El GLP producido es distribuido a través de 34 plantas engarrafadoras y más de 700 camiones, cumpliendo con las normativas de calidad. La ANH cuenta además con un centro de llamadas para atender reportes y coordinar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad.

En cuanto a la lucha contra el contrabando, el Gobierno implementa el Plan Soberanía, que refuerza controles en zonas fronterizas, especialmente para evitar la salida ilegal de GLP a países vecinos donde los precios son mucho más altos. Este plan incluye la supervisión de estaciones de servicio y trabajo conjunto con la Aduana, la Policía y otras instituciones.

“Nuestro objetivo es que el combustible llegue a las familias bolivianas con el precio, volumen y calidad establecidos”, concluyó Jiménez.

La minería del oro en Bolivia sostiene un negocio multimillonario que ha potenciado el mercado negro del mercurio. Pese a que el país es signatario del Convenio de Minamata, el uso y comercialización de este metal tóxico continúa sin restricciones, tanto por vías legales como ilegales.

La reciente incautación en Perú de cuatro toneladas de mercurio destinadas a Bolivia pone en evidencia las redes de contrabando que operan en la región. Según la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), en los últimos seis años se traficaron 200 toneladas desde México hacia Bolivia, Colombia y Perú.

Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) muestran que, entre 2013 y octubre de 2023, Bolivia importó 1.480 toneladas de mercurio por un valor de 57,3 millones de dólares. Solo en 2022, las importaciones alcanzaron los 5,1 millones, ubicando al país como el segundo mayor comprador después de Emiratos Árabes Unidos. Los principales proveedores fueron Tayikistán, Rusia, China y Emiratos Árabes.

El mercurio es esencial en la extracción de oro, particularmente en la minería aluvial. Según un informe de Oxfam, en ese tipo de explotación se emplean 0,4 kg de mercurio por cada kilo de oro, mientras que en minería subterránea el uso asciende a cinco kilos por kilo de oro producido.

La producción de oro en Bolivia alcanzó las 53,3 toneladas en 2022, un 91% más que el promedio registrado entre 2014 y 2018. Este auge responde al alza del precio internacional y a políticas internas que han favorecido la expansión de cooperativas mineras, responsables del 99,6% de la producción legal del oro. Sin embargo, este crecimiento también ha ido acompañado del incremento de la actividad ilegal.

Se estima que al menos 40 toneladas de oro se producen anualmente de forma no registrada, generando un valor cercano a los 1.800 millones de dólares. Parte de esta producción ingresa al mercado formal mediante mecanismos de legalización, y frecuentemente se mezcla con oro de contrabando proveniente de países vecinos, especialmente Perú.

El impacto ambiental y social es significativo. Estudios señalan que la minería aurífera se ha expandido en ríos de la Amazonía boliviana, áreas protegidas y territorios indígenas, provocando contaminación, conflictos sociales y daños irreversibles a los ecosistemas. La exposición al mercurio representa una grave amenaza para la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera uno de los diez compuestos más peligrosos para la salud humana.

Una investigación reciente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz reveló que el 75% de las personas analizadas en 36 comunidades presentaban niveles de mercurio en el cabello por encima del límite establecido por la OMS (1,0 parte por millón), lo que evidencia una exposición crónica con riesgos neurológicos, respiratorios y renales, especialmente en niños.

A pesar de las alertas y el compromiso internacional asumido por el Estado boliviano, la minería del oro continúa sin mecanismos de regulación efectivos sobre el uso del mercurio, lo que agrava la situación ambiental y de salud en varias regiones del país.

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La Asociación de Productores de Banana del Trópico de Cochabamba anunció que se encuentra en proceso de ampliación de sus mercados de exportación. Actualmente, el sector comercializa sus productos con Uruguay, Argentina y Chile, y ahora apunta a consolidar su ingreso a Brasil, además de proyectar una expansión a Europa en el mediano plazo.

El presidente del gremio, Agustín Conde, informó que el acceso al mercado brasileño está próximo a concretarse gracias a mejoras en la infraestructura caminera y a la construcción del puente binacional en Guayaramerín. Esta obra es impulsada por el Gobierno de Brasil como parte de los esfuerzos de integración regional.

“La integración es un compromiso de los gobernadores que se reunieron recientemente en Cochabamba”, afirmó Conde, al referirse también a los avances en protocolos sanitarios y técnicos requeridos para acceder al mercado brasileño.

Con respecto a la exportación hacia Europa, el dirigente reconoció que se trata de un desafío considerable. “Es un sueño, pero para eso necesitamos mecanizar la producción en el Trópico y eso no será posible sin el apoyo del gobierno”, sostuvo.

Conde expresó su esperanza en que la próxima administración gubernamental contribuya a cumplir las exigencias fitosanitarias y tecnológicas que exige el mercado europeo, a fin de lograr ese objetivo a largo plazo.

El sector bananero del Trópico de Cochabamba constituye una de las principales actividades productivas de la región, generando miles de empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor.

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