En el marco de la etapa final del calendario electoral rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), ha desplegado puntos fijos y brigadas móviles en todo el país con el objetivo de brindar información oportuna y precisa a la ciudadanía.

Estas brigadas están ubicadas en zonas de alta afluencia de personas, tanto en ciudades capitales como en municipios intermedios. En el departamento de Santa Cruz, los puntos de información se encuentran en Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Montero, Warnes, Yapacaní, Cuatro Cañadas y Pailón. En Cochabamba, las brigadas están presentes inicialmente en la capital, además de los municipios de Quillacollo y Sacaba.

Según informó la presidenta del TED Santa Cruz, María Cristina Claros, en estos espacios se brinda orientación directa sobre aspectos fundamentales del proceso electoral, incluyendo la normativa vigente, el rol de los actores electorales y los procedimientos de votación.

Cada punto cuenta con personal capacitado del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), que además distribuye material informativo impreso y utiliza recursos didácticos con el fin de promover una participación ciudadana informada.

Estos puntos también permiten a los electores consultar su registro en el Padrón Electoral, conocer la ubicación de su recinto y mesa de votación, informarse sobre las autoridades que serán elegidas, y recibir asistencia para el uso del sistema digital “Yo Participo”.

La instalación de estos espacios busca garantizar el acceso equitativo a la información electoral, incluso en comunidades rurales, como parte del compromiso del TSE con la transparencia y la participación ciudadana en el proceso democrático.

La dirigente del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, pasó la noche en celdas policiales de la laguna Alalay, en Cochabamba, mientras espera la audiencia de medidas cautelares por el proceso que enfrenta tras sus declaraciones durante el congreso evista del 12 de julio.

Su defensa alega que se está vulnerando su derecho a la libertad de expresión. Nina, actualmente aliada de Evo Morales, declaró en ese evento que “en vez de votos, el Gobierno y el TSE van a contar muertos”, lo que fue interpretado como una amenaza contra el proceso electoral.

La denuncia fue interpuesta por María Leonila Galindo, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), quien solicitó su encarcelamiento. En respuesta, la Fiscalía ordenó su aprehensión bajo los delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales.

La resolución fiscal está fundamentada en nueve elementos de convicción, incluyendo actas policiales, peritajes digitales, videos del congreso y certificaciones de empresas telefónicas.

El abogado de Nina, Manuel Mariscal, denunció un “abuso de autoridad” y sostuvo que las declaraciones de su defendida se enmarcan dentro de la libertad de expresión. “Existen sentencias constitucionales que reconocen que la libertad de expresión puede incluir opiniones provocadoras o incómodas”, afirmó.

La audiencia cautelar está prevista para esta tarde, y la defensa intentará demostrar que no existen riesgos procesales ni de fuga que justifiquen una detención preventiva.

El sector panificador de Bolivia se declaró en estado de emergencia ante los retrasos en la entrega de harina subvencionada, insumo fundamental para la producción del pan de batalla. Rubén Ríos, representante nacional del gremio, denunció un desfase de casi un mes en la distribución del producto estatal.

“Tenemos un desfase de 24 días de entrega de harina y por eso el sector está en emergencia. Los saldos de junio se están cumpliendo recién hasta este viernes. El compromiso es que desde el lunes 28 de julio se inicie la entrega correspondiente al mes de julio”, señaló Ríos.

La situación ya está afectando el abastecimiento del pan en distintos puntos de venta, y los panificadores advierten que, si no se regulariza la provisión de harina, la tradicional marraqueta podría dejar de llegar a las mesas bolivianas.

“El lunes presenté una nota al ministro. Se han comprometido a entregarnos 6.000 quintales para el departamento de La Paz. Si no se cumple, desaparecerá la marraqueta”, alertó el dirigente.

Ríos también reclamó una reunión directa con el ministro de Desarrollo Productivo, asegurando que las gestiones con la gerencia general no han dado resultados: “Nosotros ya no queremos reuniones con la gerencia, queremos hablar con el ministro para que nos diga qué está pasando con nuestro sector”.

Frente a la escasez de insumos, algunos panificadores se ven obligados a comprar harina del mercado, lo que podría repercutir en un incremento en el precio del pan.

Por otro lado, comerciantes de la calle Antonio Gallardo, en La Paz, confirmaron una baja en el precio de la harina en el mercado libre. “Ha rebajado, ahora está a 430 bolivianos el quintal. Antes estaba a 530. Si se estabiliza el dólar, puede seguir bajando”, explicó una vendedora.

Sin embargo, la reducción de precio no ha logrado compensar la falta de harina subvencionada. En varios puestos del centro paceño, los vendedores también reportan una disminución en la entrega del pan de batalla.

“Ya no traen pan en la tarde. Antes me llegaban 500 panes en la mañana, ahora solo llegan 300”, relató una comerciante.

El gremio espera una respuesta clara del Gobierno en los próximos días para evitar una paralización total de la producción.